Desde el regreso de la democracia, Bolivia está abocada a reestructurar sus relaciones con el resto mundo. El vicecanciller Freddy Mamani contó a Sputnik cómo encaran esta tarea a tiempo completo, que hasta ahora presenta resultados positivos.
Desde el retorno de la democracia, las relaciones internacionales son un pilar fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. Investigar los nexos internacionales con los crímenes del pasado Gobierno de facto, llevar las propuestas de pueblos indígenas a reuniones de las Naciones Unidas y conseguir vacunas anti-COVID-19 son tres líneas de trabajo que la Cancillería no puede descuidar ni un instante.
En diálogo con Sputnik, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, ofreció su mirada sobre el enfrentamiento público del Gobierno de Luis Arce con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), seriamente cuestionado por su rol durante el golpe de Estado de 2019, cuando avaló el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Para el vicecanciller, el golpe de 2019 no hubiera sido posible sin el fuerte apoyo internacional que recibió la ahora escuálida oposición local: "El origen del golpe está bien ligado a potencias y empresas trasnacionales que tienen sus ojos puestos en el litio".
Actualmente Bolivia es el país con mayores reservas de este metal, cada vez más utilizado en baterías de autos eléctricos y celulares. En varias entrevistas, Morales apuntó al mismo motivo como trasfondo de su derrocamiento.
"La justicia deberá llevar el proceso investigativo. Pero desde el ámbito político consideramos que el golpe se ha consolidado con la participación de los países con gobiernos conservadores, que no querían respetar nuestro proceso democrático", agregó.
En este sentido, indicó que se dedicarán a analizar el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019, así como parte de 2020.
"Fueron tiempos muy complicados, por la persecución de dirigentes, el silenciamiento de medios de comunicación y la llegada de la pandemia", dijo Mamani, quien nació en Calazaya, departamento de Potosí (suroeste). Es licenciado en Educación Primaria y experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional.
La responsabilidad de Almagro
Para el vicecanciller, el todavía secretario de la OEA debería responder ante algún nivel de la justicia por su participación en la ruptura del orden constitucional: "Es importante mencionar que el golpe se dio con la participación de Almagro".
Por este motivo, consideró que el secretario uruguayo "ha perdido toda credibilidad en el ámbito multilateral. Almagro se ha convertido en un ministro de colonización del Gobierno de Estados Unidos, entonces a cargo de Trump (2017-2021)".
"Muchos países han manifestado que Almagro se extralimita en sus competencias y atribuciones. Ha trabajado de manera política, sin respetar la carta de la OEA, especialmente al principio de no injerencia en asuntos internos de los países", afirmó Mamani.
Por este motivo, "muchos países estamos pensando en reconstruir la OEA, porque ya no tiene una voz válida para los países de América Latina y el Caribe". También, junto con otros Gobiernos se explora la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra Almagro.
La Justicia boliviana no pudo demostrar que Evo Morales o alguien del Movimiento Al Socialismo (MAS) haya cometido fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, las cuales dieron como ganador al entonces presidente. Pese a las evidencias, Almagro aún sostiene que en Bolivia hubo graves irregularidades en ese proceso, tal como lo sostiene el último comunicado de la OEA.
El organismo continental tuvo un rol destacado porque el mismo día del golpe, 10 de noviembre de 2019, difundió un informe sesgado, que alentaba la tesis del fraude, con lo cual propició el derrocamiento de Morales.
"El informe de la OEA fue catastrófico, negativo. Y, obviamente sirvió para acelerar el golpe de Estado en nuestro país", dijo Mamani.
La posición de Bolivia frente al cambio climático
La política internacional del Gobierno de Luis Arce también procura reconstruir un posicionamiento que Bolivia lleva desde hace más de una década a las sucesivas conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En este espacio, llamado COP por sus siglas en Inglés, los 193 países de la ONU debaten acciones para detener el calentamiento global, incentivado por la creciente deforestación y por la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
La propuesta boliviana fue elaborada a partir de la primera Cumbre Mundial de los Pueblos Frente al Cambio Climático, realizada en Cochabamba (centro) en 2010. Hubo una segunda reunión en 2015 y en noviembre próximo se prevé realizar el tercer encuentro, cuyo posicionamiento llevará el Estado Plurinacional a la COP 26, que será en Glasgow, Escocia, en el mismo mes.
Actualmente, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 ºC. Si las industrias siguen emitiendo dióxido de carbono al cielo al ritmo actual, para fin de siglo el planeta será 2,5 ºC más caliente, lo cual afectará irreversiblemente a gran parte de los ecosistemas terrestres y quienes los habitan.
Por ello, los países de la COP definieron una serie de restricciones y medidas para que la temperatura global no supere 1,5 ºC hasta llegar al año 2100.
"Mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC es de enorme importancia para el Estado Plurinacional, tomando en cuenta el impacto catastrófico que tiene la crisis climática sobre la humanidad y la Madre Tierra", dijo el vicecanciller.
"En la actualidad, muchos glaciares, manantiales y humedales se están reduciendo y desapareciendo", indicó.
Y agregó: "Como Bolivia, hacemos un llamado urgente a los países desarrollados para alcanzar reducciones reales de emisiones de carbono, para mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC".
El trabajo junto con organizaciones
Actualmente, autoridades gubernamentales preparan junto con organizaciones sociales el documento que el país llevará a la COP 26. Por su contacto directo con la naturaleza, "los pueblos indígenas son los más afectados por la crisis climática", expresó Mamani.
Años atrás, en el ámbito de la COP se validaron los mercados de carbono como mecanismo para reducir las emisiones de este gas. Pero actualmente están en entredicho, porque suponen hacer del cambio climático un negociado, sin comprometerse a hacer los cambios necesarios en los modelos productivos para proteger al planeta. La compra y venta de bonos de carbono representan la capitalización de la crisis ambiental.
Mamani se mostró esperanzado en que la COP 26 no seguirá ese rumbo: "Rechazamos los mercados de carbono. Con ellos, los países desarrollados quieren contabilizar la reducción de GEI comprando bonos de carbono a países en desarrollo. Pero así no se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera".
Por ello, "es importante que haya un gran esfuerzo de los países desarrollados para tener una reducción neta de emisiones de carbono", afirmó.
"Los países desarrollados, fundamentalmente capitalistas, mienten a la comunidad internacional queriendo hacer creer que el objetivo de lograr emisiones netas cero para el año 2050 es un compromiso ambicioso y significativo. Pero los estudios del IPCC [Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático] demuestran lo contrario", comentó Mamani.
Con los actuales compromisos de los países desarrollados para reducir sus GEI, se proyecta que para fin de siglo la temperatura del planeta aumentará 2,5 ºC, lo cual tendrá efectos catastróficos para varias regiones.
"Es importante avanzar en la construcción de un verdadero compromiso global para salvar a la Madre Tierra. Hay una enorme brecha entre las emisiones globales de GEI y los pobres esfuerzos de mitigación de los países desarrollados", señaló el vicecanciller.
Vacunas y más vacunas
Encarar negociaciones internacionales para conseguir vacunas anti-COVID-19 fue una de las tareas esenciales de la Cancillería desde la asunción de Arce, en noviembre de 2020.
Cuando llegó la pandemia al país, en marzo del año pasado, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) tomó decisiones arbitrarias e improvisadas para frenar los contagios. La población fue obligada a estar encerrada durante seis meses, lo cual afectó a las familias laboral y económicamente.
Funcionarios de Áñez realizaron compras de respiradores con sobreprecio, que finalmente tampoco sirvieron para mejorar la salud de los pacientes con COVID-19. Los test de coronavirus eran escasos, y costosos. Además, ese Gobierno nunca realizó negociaciones concretas para la llegada de vacunas.
"A 100 días de asumir nuestro Gobierno, hemos comprometido el arribo de 15,2 millones de vacunas", manifestó el vicecanciller.
Asimismo, con el Gobierno democrático el país logró incluirse en el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea democratizar la llegada de vacunas anti COVID-19 a los países empobrecidos.
"Pero el mecanismo COVAX no ha respondido a los requerimientos de la comunidad internacional y, fundamentalmente, de los países en desarrollo", sostuvo Mamani.
Por ello, aseguró que "el mecanismo COVAX ha sido un fracaso, no ha podido resolver los problemas" para los cuales fue creado.
Ante este panorama, el Estado Plurinacional tuvo que sacar a relucir sus "capacidades de negociación diplomática". De esta manera, "en la actualidad tenemos una diversa gama de vacunas, por lo menos para el 96% de la población vacunable".
Bolivia está también entre los países que reclaman la liberación de las patentes para fabricar vacunas anti-COVID-19: "Hemos desarrollado una campaña internacional para que las empresas farmacéuticas, sean públicas o privadas, puedan compartir conocimientos y, de esta manera, producir gran cantidad de vacunas", pero aún no lograron ablandar el corazón de los empresarios dueños de las medicinas.
