La primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, comprometió este martes que esa entidad analizará las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019 y dará asistencia técnica a Bolivia para su cumplimiento.

“La CIDH recibe el informe del GIEI y se compromete a analizar su contenido, y muy especialmente las recomendaciones formuladas a los efectos de evaluar los mecanismos más adecuados para asistir técnicamente al Estado en el cumplimiento de dichas recomendaciones”, aseveró, en un acto realizado en el Banco Central de Bolivia.

La representante internacional manifestó, además, que ese organismo internacional continuará con el monitoreo y el análisis de la situación de los derechos humanos en el país, más allá del marco temporal establecido en el acuerdo que permitió el trabajo del GIEI-Bolivia.

Por otro lado, Mantilla agradeció al Gobierno de Bolivia por su disposición para la realización de una visita de la CIDH durante este año al país, cuando las condiciones de la pandemia del COVID-19 lo permitan, con el objeto de examinar la situación general de los derechos humanos.

“Para finalizar, quiero reiterar el agradecimiento de la CIDH por el voto de confianza depositado por el Estado boliviano en el Foro Interamericano de Derechos Humanos para apoyar su proceso de reconciliación nacional”, complementó.

La primera vicepresidenta del CIDH relievó, finalmente, que la conformación del GIEI, así como la voluntad de recibir la visita de los miembros del organismo internacional este año, reflejan el “compromiso de Bolivia con la garantía y protección de los derechos humanos a tiempo de que envían una clara señal de la voluntad del Estado Plurinacional de alcanzar la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, expresó este martes que el informe final que presentará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), sobre las vulneraciones propiciadas durante el 2019, será una piedra fundamental para la lucha por los derechos humanos en el país.

“La voluntad del Gobierno boliviano y la perseverancia del grupo investigador hace que estemos en este momento en el que se va a hacer la entrega de ese trabajo de investigación, que sin lugar a dudas va a ser una piedra fundamental en el desarrollo de la lucha por los derechos humanos en el presente o en el futuro cercano”, expresó Mayta en el acto de presentación del informe del GIEI.

Asimismo, destacó que el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, demostró valor y compromiso por la búsqueda de la verdad y la justicia al viabilizar el trabajo del grupo de expertos independientes GIEI-Bolivia para que investiguen los hechos de violencia en 2019.

“Apenas en dos semanas (tras asumir el mando del Estado), corriendo contra el tiempo y superando todos los obstáculos de la burocracia, este Gobierno suscribió el 23 de noviembre del año 2020 el protocolo para permitir el trabajo de este grupo de expertos independientes”, aclaró.

El grupo interdisciplinario de expertos independientes investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó este martes que el informe final presentado hoy por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) no está alineado o no tiene estrecha relación con la gestión del presidente Luis Arce Catacora, y ratifica otros documentos que demuestran y respaldan la vulneración de derechos humanos suscitados en 2019.

A su ingreso al auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), donde se presentará el informe, la autoridad fue consultada sobre opiniones de algunos analistas que mencionan que el documento elaborado por el GIEI estaría alineado o tendría una estrecha relación con la gestión del presidente Luis Arce Catacora, aseveración que fue rechazada por la viceministra.

“No es necesario llegar a ese nivel, un GIEI que se ha tenido similar a éste, por el impacto de violación a los derechos humanos, es el GIEI de México (Ayotzinapa) con los 43 estudiantes desaparecidos, allí se ha creado y se ha conformado un GIEI por la vulneración de los derechos humanos. (…). Éste es otro, porque también hay violación a los derechos humanos, se ha evidenciado y este informe ratifica lo que muchos otros informes ya habían mostrado”, enfatizó Alcón a los periodistas.

Recalcó que el informe del GIEI es un documento que debe ser conocido, ya que ratifica otros documentos previos que constatan las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal en 2019, y que con base en sus recomendaciones, el Estado se enfocará en la reparación de daños y justicia por las víctimas.

“Vamos a empezar con las víctimas, con la justicia y la reparación de daños. Los pasos que siguen serán competencias de las instancias correspondientes”, concluyó Alcón.

Una de las expertas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Magdalena Correa, llegó este martes a la ciudad de El Alto y dijo que el informe que esa entidad internacional presentará esta jornada sobre los hechos de violencia de 2019 tiene el objetivo de rendir tributo a la verdad, procurar justicia, reparación de daños para las víctimas y la reconciliación en el país.

“Todo el informe y el trabajo tiene por objeto principal rendir tributo a la verdad y procurar por la justicia y la reparación para todas las víctimas y la reconciliación de toda la sociedad boliviana”, dijo, en una breve entrevista con Bolivia Tv, a su arribo al Aeropuerto Internacional de El Alto.

La experta recordó que el mandato del GIEI-Bolivia para la investigación de los hechos de violencia de 2019 comenzó el 23 de noviembre del año pasado y dijo que su reporte oficial dará cuenta de la indagación de todos los hechos que que hicieron sufrir tanto al país.

Correa es abogada, experta en derecho constitucional económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales para entidades del Estado y organizaciones de tercer sector. Habla tres idiomas: inglés, francés e italiano.