El ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, aseguró este martes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) establece de manera objetiva que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en noviembre de 2019, en el cual se vulneraron los derechos humanos de los bolivianos, que derivaron en las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.

“Hoy, se presentó ese informe que es bastante objetivo, el estudio que realizaron (los expertos del GIEI) es un estudio técnico, pero que muestra la realidad de lo que sucedió en el país, confirma que el 2019, en noviembre, se concretó un golpe de Estado”, manifestó el titular de Educación, luego de presenciar la presentación oficial del informe, en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Según un boletín institucional, la autoridad hizo notar que este golpe de Estado se trabajó con bastante anticipación y lamentó que las acciones de violencia ejecutadas por los integrantes del régimen golpista hayan dejado muertos, viudas y huérfanos que aún padecen las consecuencias de estos hechos.

En ese sentido, el Ministro de Educación se sumó a las voces que piden justicia para las víctimas de estos hechos, toda vez que “los responsables de estos actos de vulneración de los derechos humanos deben ser sancionados. Está en manos de la justicia y del Ministerio Público ejecutar las acciones que establece este informe de expertos internacionales que estudiaron lo acontecido en nuestro país en 2019”.

El GIEI presentó su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. El documento califica como masacres los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, además determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

Sobre los grupos irregulares que actuaron en 2019, Quelca aseguró que debe actuarse en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), en el sentido de que no pueden “existir grupos irregulares que se adjudiquen funciones que no establece la Constitución Política del Estado, ahí están como organizaciones delincuenciales la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista que en diversas circunstancias de nuestra historia agredieron a la gente del pueblo, entonces, deben dejar de existir esas organizaciones que se apropian de atribuciones que no le competen”.

El procurador federal adjunto de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público de Brasil, Marlon Alberto Weichert, indicó este martes que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) recomienda que las autoridades judiciales prioricen la investigación de los hechos de violencia sexual y de razón de género durante los sucesos de 2019.

“Se apunta la oportunidad de priorizar la investigación de los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género”, manifestó en la presentación del documento a la ciudadanía, en un acto realizado en la ciudad de La Paz.

El experto dijo que la pesquisa sugerida debe efectuarse como resultado de la revisión escrupulosa de todos los casos, en curso o cerrados, y el examen de las líneas de indagación en conformidad con los principios de la debida diligencia y proceso.

El análisis tendrá que determinar qué causas rechazadas, archivadas o sobreseídas serán reactivadas, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por su implicación con la vulneración de los derechos de las personas imputadas y procesadas, complementó.

“El GIEI también recomienda que el Órgano Judicial haga un control permanente de las investigaciones para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relación a las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía”, agregó.

El representante de la entidad internacional dijo que la última recomendación se hizo porque se observó que en la mayoría de los casos que investigó se determinó que los magistrados del sistema judicial no realizan una revisión cuidadosa de los requisitos alegados por la Fiscalía para aprehender a personas y solicitar su detención preventiva.

Diferentes organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) de Beni y la ministra de Trabajo, Verónica Navia, recibieron el informe de la GIEI sobre la violación de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“El informe de la GIEI es una expresión clara de la libertad de expresión y vigencia plena de la democracia en Bolivia. La investigación es el resultado de un trabajo de ocho meses por un grupo disciplinario de cinco expertos totalmente independiente”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, citada en un boletín institucional.

El informe ratifica los hechos de violencia ocurridos en Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba), el Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz), además de Potosí, Sucre y Oruro, ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Navia sostuvo que la violencia ejercida contra el pueblo “tuvo un alto contenido racista porque se apeló a la identidad étnica para identificar a supuestos terroristas y comunistas contrarios al régimen golpista".

El informe, contemplado en más de 750 páginas, recopila testimonios “desgarradores cuyas características evocan las dictaduras militares de los años 70 y 80 por el uso excesivo de fuerza por parte de policías y militares, apoyados por grupos civiles y paramilitares”, explico la autoridad laboral.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, adelantó este martes que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019, será dado a conocer en organismos internacionales.

“Nosotros compartiremos el informe y haremos que sea conocido en los organismos internacionales. Personalmente voy a entregar el informe al Secretario General de las Naciones Unidas (António Gutérres), a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Michelle Bachelet), para que puedan conocer estos hechos y también hagan seguimiento a la implementación de las recomendaciones”, dijo a los periodistas.

Indicó que el informe del GIEI-Bolivia permite proyectar el contenido a nivel internacional, porque muchos países hicieron seguimiento y acompañamiento a dicha investigación.

Pary dijo que el informe final de los especialistas es parte del acuerdo firmado por el Estado Boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ese documento identifica lo sucedido en el último cuatrimestre del 2019, para conocer la verdad que permitirá avanzar en los procesos de justicia. 

“Lo que se va a hacer es compartir con todos los países y los organismos internacionales. Porque las masacres que han sucedido en Bolivia, las ejecuciones extrajudiciales, las graves violaciones a los derechos humanos no pueden volver a suceder en el país, ni en ningún otro país de la región, ni en el mundo”, aseveró.

Explicó que, para todo proceso de reconstrucción de la unidad del pueblo boliviano, corresponde hacer justicia y que pueda haber una reparación para las víctimas “que es un proceso que puede sanar las heridas”.

“Yo creo que tanto los sectores de oposición, como el oficialismo, el Gobierno y todos estamos obligados a defender los derechos humanos, esto nos compromete a todos. En ese marco, los países están interesados en conocer este informe y saber su contenido”, complementó.