El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Adolfo Flores, informó este jueves que esa instancia legislativa tratará y el proyecto de ley para la devolución parcial o total de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) la próxima semana.

“Ya se aprobó en comisión de Senado y va a pasar a tratarse la próxima semana. Está prácticamente agendado, hoy (jueves) pasó prácticamente a la Presidencia y Directiva de Senado, el lunes lo va a agendar y seguramente en la semana vamos a tratar la normativa” adelantó.

Considero que, tras su aprobación en la Cámara de Senadores, al ser Diputados la Cámara de origen, sería promulgada el mismo fin de semana.

“Considero que el próximo fin de semana, jueves o viernes, puede ser promulgada está ley, que en realidad ha sido aprobada, entendemos, por consenso en Diputados y con seguridad, percibimos también que, en Senadores, oficialismo y oposición, aprobarán esta norma”, adelantó.

Básicamente el proyecto consiste en la devolución del 15%, hasta los Bs 100.000; y por encima de los Bs 100.000, se pueda devolver hasta Bs 15.000.

También establece que aquellas personas menores de 50 años que hayan acumulado un monto menor a los Bs 10.000, podrán recoger el 100% de sus aportes.

El diputado Renán Cabezas (MAS) señaló este jueves que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, cuenta con los cuidados médicos de privilegio y que se respetan sus derechos fundamentales, aquellos que durante su gestión negó a miles de bolivianas y bolivianos que fueron detenidos y torturados.

“Se han vulnerado derechos fundamentales, eso también señala el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y tiene razón la población, en este momento (Jeanine) Áñez tiene privilegios, tiene un médico y enfermera de cabecera que permanentemente controlan su salud, tiene los cuidados necesarios”, apuntó.

Negó que se hayan violentado los derechos de Áñez y solicitó a la oposición política no usar ese tema para sus intereses.  

“Nosotros no somos un Gobierno que vulnera los derechos fundamentales, vamos a respetar todos, pero también les pedimos a ellos que no mientan, que no engañen al pueblo boliviano, que no traten de victimizarse, ellos saben que han vulnerado derechos fundamentales”, manifestó.

Por su parte, el senador Adolfo Flores (MAS), dijo que corresponde a todas las instituciones del Estado, garantizar los derechos de las personas detenidas, aunque durante la gestión de Áñez no se lo haya hecho.

“Todos tenemos que velar por el derecho de todos los detenidos, no lo hicieron en el régimen de la propia (Jeanine) Áñez, persecución, detenciones ilegales, sin comida, botados en el piso, sin colcha (frazada), centenas y centenas de familias, pero no por eso le vamos a prohibir de sus derechos. Todas las instituciones tienen que velar por los derechos, incluida los de la señora Áñez”, manifestó.

El procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano de Brasil, Marlon Weichert, informó este jueves que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) recomienda la investigación, el juzgamiento y la aplicación de sanciones de los responsables de la violación de los derechos humanos registrada en 2019 en el departamento de Potosí.

“Investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de todos estos hechos que se han documentado en el informe”, señaló en la presentación del documento en las instalaciones del Obispado de la Diócesis del departamento de Potosí.

El experto internacional mencionó, además, que el informe sugiere que la investigación del caso se realice de manera efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto de los derechos de las víctimas y de los sindicados.

Asimismo, Weichert explicó que el texto propone también que los perjudicados tengan garantizada su participación en la pesquisa.

“Y también propone al Ministerio Público que se abra casos que se cerraron indebidamente”, acotó.
El representante de la GIEI detalló que entre las propuestas se incluye también un acápite para solicitar la investigación de casos de violencia sexual y de género.

Por su parte, la experta de la GIEI, Magdalena Correa, explicó que el informe final detalla que las violaciones registradas en el departamento de Potosí estuvieron relacionadas con los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad privada, la integridad personal, a la honra y la dignidad y la no discriminación, entre otros.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, señaló este jueves que el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, aprobado por esa instancia legislativa en la víspera, incluye la reprogramación del pago de deuda de Bs 25.000 millones contraída en el régimen de Jeanine Áñez y cuyo destino aún es desconocido.

“El año pasado sacó más de 25.000 millones de bolivianos del Banco Central y lo que se está haciendo ahora en el reformulado es, como cualquier tema financiero básico, se pueda reprogramar, para que las cuotas se hagan más fáciles de pagar, eso es lo que se está haciendo. Lo que se está viendo es que por lo menos se haga en los próximos 30 años para que pueda ser más viable para el Tesoro General”, explicó.

Dijo que hasta la fecha se desconoce cuál fue el destino de esos recursos, pero que esa irregularidad está siendo investigada por una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Es precisamente algo que ni la oposición ha podido responder, el año pasado ha sacado tanto dinero y no se sabe hasta ahora hacia dónde ha sido destinado. De todas maneras, hay una Comisión Mixta en la Asamblea que está solicitando información al respecto, para ver qué se ha hecho con esos recursos”, indicó.

Los créditos de liquidez contraídos en la gestión de facto de Jeanine Áñez tenían un plazo para un año y lo que se plantea en el proyecto de ley es que se amplíe para 20 o 30 años, aproximadamente.

“Lo que está establecido es que la señora (Jeanine) Áñez sacó 25.000 millones de bolivianos el año pasado, pero en el reformulado lo que se establece es que 15, de esos 25.000 millones, puedan ser reprogramados y se pueda dar un tiempo prudente para que el Tesoro General pueda asumir esa obligación”, ratificó.