Las 54 reclusas del Centro Penitenciario de Miraflores se declararon en emergencia este lunes en reclamo por los privilegios que recibe Jeanine Áñez durante su detención preventiva y perjuicios que causan grupos de personas que se situaron en la puerta del inmueble.

“La señora Áñez acá tiene privilegios. Se nos está vulnerando nuestros derechos. Somos 54 privadas de libertad acá”, manifestó una de sus dirigentes, en un contacto telefónico con el programa “Detrás de la verdad sin censura”.

La reclusa protestó porque Áñez quitó a las privadas de libertad el beneficio de uso de la sala para consultas médicas, porque lo ocupa hace varias semanas “pese a que no sufre de nada y está estable de salud” y tiene más de diez galenos a su entera disposición.

Sin embargo, hay reclusas que están enfermas y “sufren de todo”, como dolores de vesícula, entre otras dolencias y ni un médico se digna en atenderlas, agregó.

Además, denunció que la expresidenta de facto tiene a su disposición privilegios, como el uso de dos televisores, una plancha y una secadora de pelo.

“A nosotros nos hacen prohibiciones de todo realmente, pero para la señora hay todo”, manifestó.

Otra de las reclusas dijo que las protestas de los grupos de personas que piden la libertad de Áñez en las puertas del Centro Penitenciario de Miraflores vulneran los derechos de las privadas de libertad, porque las someten a una constante tortura psicológica.

“Las manifestaciones que vienen acá insultan, agreden, quieren derribar hasta la puerta. Quieren venir e ingresar, entrar a donde nosotras estamos,  vulnerándonos”, sostuvo.

Una más de las privadas de libertad añadió que los seguidores de Áñez perjudican también el ejercicio del derecho al trabajo de sus compañeras, puesto que las protestas ahuyentaron a los clientes que solían tener por la prestación de servicios de lavandería de ropa.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, informó este lunes que los familiares de las víctimas de la Masacre de Senkata presentarán una segunda proposición acusatoria a la Fiscalía contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, con el empleo como prueba del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019.

“Vamos a presentar una segunda proposición acusatoria contra la señora Áñez y éste, el informe de la GIEI nos sirve de prueba”, manifestó a los periodistas.

El activista explicó que el documento será elaborado en los próximos días y presentado la próxima semana al Ministerio Público, por la comisión de los delitos por asesinato, homicidio, lesionas graves y leves.

El recurso legal incorporará también los cargos por graves vulneraciones de los derechos humanos, masacres y torturas que están mencionados en el informe final de la GIEI, complementó.

“Esa es la novedad que vamos a incorporar en esta proposición acusatoria”, agregó.

De acuerdo con Inca, la proposición acusatoria basará su argumentación en la recomendación quinta del documento del organismo internacional.

Recordó que ese acápite menciona que las víctimas de los hechos de violencia de 2019 no necesitan presentar pruebas sobre las acciones en su contra, puesto que el informe final de la GIEI “basta para demostrar que ha habido vulneraciones de los derechos humanos”-

“Entonces, vamos a ejercer esta prerrogativa que nos han dado”, sentenció. 

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó el 6 de julio de 2021 que el Ministerio Público, en el marco de la Ley Nº 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, admitió una proposición acusatoria para el inicio de investigación en contra de la expresidenta Jeanine Añez Chávez, a denuncia de 20 proponentes, por los hechos luctuosos registrados en “Senkata y Sacaba”, por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, indicó este lunes que la propuesta planteada por la el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tiene carácter político y busca impunidad para los responsables de los hechos violentos de 2019.

“Hoy, el señor Carlos Mesa está buscando que se encubra y se busque impunidad por los hechos cometidos en 2019, está buscando que no se haga justicia de los 37 muertos y los más de 1.500 perseguidos, heridos, detenciones ilegales, vejámenes, torturas, hechos de violencia psicológica y sexual”, indicó.

Mesa propuso este lunes firmar un “acuerdo nacional por la paz y la reconciliación” que considere la reforma judicial para iniciar con los juicios de responsabilidades a quienes corresponda.

“Esta es una propuesta política que no coadyuva a mejorar la justicia. El señor Carlos Mesa está mostrando su miedo a las víctimas y al pueblo boliviano, ya se demostró quiénes han participado de manera activa en el golpe de Estado, ahí va su miedo para escapar de la justicia y no asumir sus responsabilidades”, resaltó.

Dijo que los cambios a la justicia requieren de la participación de todos los actores de la sociedad y no solo de políticos que ya tuvieron su oportunidad cuando cumplieron funciones en el Estado.

“La justicia no se puede politizar, la justicia necesita de la participación de todos, movimientos y organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. Llama la atención que con esta propuesta Carlos Mesa quiera imponer y condicionar”, manifestó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, un ciclo de capacitaciones para que las organizaciones políticas puedan realizar modificaciones en sus estatutos orgánicos en aspectos referidos al manejo económico, fiscalización y rendición pública de cuentas.

A requerimiento previo, los representantes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas podrán acceder a estas actividades de manera presencial y/o virtual, en las que el personal especializado del TSE explicará los ajustes que deben incorporar en sus Estatutos.

Los eventos se realizarán en el transcurso de los siguientes meses y estarán sujetos al interés que muestren los delegados de las organizaciones políticas para acceder a estas capacitaciones.

La disposición transitoria tercera de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece que, hasta el 31 de diciembre 2021, todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán adecuar sus estatutos a lo que dispone la norma.

De forma obligatoria, los estatutos y reglamentos internos deben incorporar disposiciones de prevención, atención y sanción a los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres.

Las adecuaciones se deben realizar en función a principios de paridad, interculturalidad, despatriarcalización y otros ejes prioritarios.