Las reclusas del Centro Penitenciario de Miraflores emitieron este martes un voto resolutivo que pide un trato igualitario y la eliminación de los privilegios que tiene la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, durante su detención preventiva por el caso golpe de Estado.

“No sólo se estén preocupando por la señora Áñez, que se recuerden que somos 52 señoras privadas de libertad con los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pedimos trato igualitario sin privilegios para nadie, porque todas somos iguales ante la Ley y merecemos el mismo trato y respeto, sea cual sea nuestra posición social, profesión. No merecemos este trato desigual que estamos recibiendo (sic)”, menciona el documento firmado por las reclusas.

El documento está dirigido al director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias; al director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura; a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; y a representantes de las instituciones de defensa de los derechos humanos.

El voto resolutivo solicita, además, que las autoridades penitenciarias vean la forma de que el centro de reclusión vuelva a la normalidad que tenía antes de la llegada de la exmandataria.

Entre los perjuicios que provocan los privilegios de Áñez, las privadas de libertad recuerdan que dejaron de contar con el acceso a su consultorio médico, porque fue destinado al cuidado de la exautoridad. 

“Todas tenemos problemas diferentes. Hace dos años pedimos auxilio al Gobierno, que por humanidad considere nuestra condición de mujeres, pero la señora no se tocó el corazón para ayudarnos en su gobierno”, agregan en su texto.

Las privadas de libertad recuerdan en el documento que ellas también son mujeres, madres e hijas que padecen depresión severa, diabetes, cáncer, hipertensión arterial y migraña, entre otras dolencias, pero que “no hacen tanto escándalo por ello” como sucede con el estado de salud de Áñez.

Además, mencionan sentirse indignadas por las mentiras que se dice mediante los medios de comunicación respecto a que la exmandataria no recibe visitas ni tiene privilegios, que vive en precarias condiciones y que recibe daño psicológico.

“Nosotras somos las que estamos sufriendo daño psicológico por parte de sus seguidores que gritan mentiras a las puertas del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores. Nosotras somos las que desde hace 18 meses no tenemos visita”, reclaman en el texto.

Además, las privadas de libertad detallan en el voto resolutivo que están molestas porque su diario vivir fue alterado por el escándalo que los seguidores de Áñez realizan en las puertas del penal para pedir su liberación, puesto que perjudica su convivencia pacífica y daña su estado de salud psicológico.

Simón Amaru, presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, exigió este martes 30 años de cárcel para la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, tras la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ratifica las masacres de Sacaba y Senkata. 

“Nosotros estamos exigiendo y pidiendo 30 años de cárcel para Jeanine Áñez ya que el informe del GIEI ha confirmado que hubo masacres en Sacaba, Senkata y El Pedregal. Ella no tuvo compasión y se está victimizando, haciendo un show mediático, queremos justicia”, indicó.

Resaltó que no se trata de una venganza política, sino justicia para los familiares de las víctimas de los fallecidos, heridos y torturados en el régimen de Áñez.

“Nosotros no estamos pidiendo venganza política, sino justicia. Respecto a la situación de la señora (Jeanine) Áñez, nosotros aclaramos que no es presa política, está encarcelada porque ha cometido actos criminales, se ha impuesto a la fuerza, ha robado nuestro dinero, ha humillado al pueblo”, recordó.

Solicitó al Ministerio Público iniciar también los procesos correspondientes en contra de Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, entre otros.

“Nosotros estamos en estado de emergencia, porque estamos exigiendo que se procese y encarcele al señor Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Waldo Albarracín y Luis Larrea”, mencionó.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores, informó este martes que envió una minuta de comunicación a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la cual solicita que se instruya a los fiscales departamentales iniciar los procesos investigativos sobre los hechos violentos de 2019.

“La minuta dice que tiene que instruir a todos los fiscales departamentales para que se pueda investigar todo lo que ha pasado el 2019. Hubo un total abuso de las Fuerzas Armadas, de la Policía, entonces esto no puede quedar en la impunidad”, indicó.

Recordó que antes de ser electo diputado cumplía las funciones de ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales, y que en esa condición fue perseguido y amenazado con la quema de su vivienda.

“Eso se tiene que investigar, nosotros no vamos a permitir que esto se pueda repetir en nuestro país, esta clase de abusos no deben volver a ocurrir”, mencionó.

Precisó que la minuta de comunicación tiene el fin de hacer que los fiscales departamentales actúen de acuerdo a sus competencias e investiguen esos hechos.

La Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica Bolivia –Chile (ACE N° 22) fue reactivada este martes después de 11 años.

“Luego de 11 años Bolivia y Chile vuelven a poner en marcha la Comisión Administradora del ACE 22 (sic)”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial en Facebook.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, asistió este martes a la XXII Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica.

“Rodrigo Yañez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y Benjamín Blanco, Viceministro de Comercio Exterior fueron los encargados de dar inicio de este gran paso para la integración regional (sic)”, informó la Cancillería.

El ACE N° 22 sienta las bases, desde el 6 de abril de 1993, para la integración de las economías de Chile y Bolivia.

El acuerdo de complementación económica tiene como objetivos la ampliación y diversificación del intercambio comercial de bienes y servicios; fomentar y estimular actividades productivas localizadas en sus territorios y facilitar las inversiones de cada país signatario en el territorio del otro.

Además, promueve la creación de condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral.

El restablecimiento de la comisión es parte de la nueva etapa de diálogo con Chile que fue anunciado por el presidente Luis Arce en marzo de este año. La política boliviana tiene como base una estrategia con enfoque integracionista de complementariedad y entendimiento para enfrentar un futuro común entre ambas naciones.