El Estado Plurinacional de Bolivia denunció este miércoles que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no está en sintonía con los intereses de los países miembros y ya no contribuye a la integración regional.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, y el canciller Rogelio Mayta participaron esta jornada de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

En la reunión, cuestionaron el comunicado del 9 de agosto que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA publicó y en el que cuestiona la integridad de datos de los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia.

“Por tal razón, hoy dejamos constancia de estos actos de intervencionismo y solicitamos a los pueblos libres del continente que levantemos nuestra voz ante este nuevo intento de colonialismo y atropello a un Estado miembro. Los Estados miembros debemos defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un Secretario General, que ha perdido toda objetividad y no le queda ni un mínimo de decencia en sus acciones, pueda continuar representando a los Estados miembros de esta organización, es un insulto a los pueblos dignos de América”, dijo el ministro Lima.

El canciller Mayta sostuvo que Almagro opta por acciones contrarias a las necesidades de la OEA como el discurso de odio, de descalificación sin argumento, de enemigo político.

“El problema es que funge como Secretario General de la OEA. Cuando Luis Almagro habla, en cierto sentido habla la OEA y nos preguntamos ¿Las palabras de Almagro son lo que piensan los 33 países que conformamos la OEA? Es que por lo menos, en el hecho que traemos aquí ¿este Consejo debatió algo sobre el peritaje que se realizó en el caso que les exponemos? Simplemente no”, aseguró.

Mayta dijo que el accionar de Almagro no solo es injerencia, sino desinstitucionalización de la OEA. Sostuvo que la Secretaría General debe ser una instancia de articulación entre los Estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes; sin embargo, no lo es para Bolivia y tampoco para muchos de los Estados.

“A los Estados miembros no nos sirve una Secretaría General que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue, juzgue y condene a discreción, que se crea un poder y una voz más allá de toda regla”, sostuvo.

El pleno de la Cámara de Senadores tratará este miércoles a partir de las 15.00, el proyecto de ley para la devolución parcial o total de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) y que se prevé su sanción.

La información la dio a conocer el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Flores.

“El proyecto de ley de devolución de aportes de las AFP’s no tuvo cuestionamientos de la oposición en Diputados; entonces, existe consenso y, también, se firmó un convenio de aceptación los líderes que estaban solicitando la devolución de aportes de varios departamentos”, indicó.

Recalcó que el documento no es el mismo que recibió la Asamblea Legislativa Plurinacional del Órgano Ejecutivo, ya que el mismo fue mejorado e incluye las sugerencias de las organizaciones que solicitaron esta devolución.

“Se les va a devolver a quienes tienen aportes mayores a 100.000 bolivianos, 15.000 bolivianos, eso no existía en el anterior proyecto; por lo tanto, con ese consenso debe aprobarse de la misma manera que en Diputados; prácticamente, por oficialismo y oposición”, subrayó.

Mencionó que se prevé que el proyecto sea sancionado esta tarde en Senado y remitido el jueves al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto consiste en la devolución del 15% hasta los Bs 100.000 y, por encima de los Bs 100.000, se pueda devolver hasta Bs 15.000. También, establece que aquellas personas menores de 50 años, que hayan acumulado un monto menor a los Bs 10.000, podrán recoger el 100% de sus aportes.

Se estima que la devolución de aportes alcance a 1.400.000 personas en todo el país, en los tres niveles dispuestos en el proyecto de ley.

En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Rogelio Mayta reafirmó este miércoles que en Bolivia no existió fraude electoral en 2019. Hizo énfasis en cinco ejes contra los intentos de injerencia del secretario general, Luis Almagro.

Dijo que el comunicado del 9 de agosto, emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA y que cuestiona la integridad de datos de los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia, es un exceso.

Los cinco ejes

En el primer eje, aseguró que al margen de los cuestionamientos que se tienen sobre los informes de la Secretaría General de la OEA respecto a las elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevos comicios en 2020, en los que resultó ganador el mismo partido que ganó un año antes: el Movimiento Al Socialismo y hasta por un porcentaje muchísimo mayor.

El 18 de octubre de 2020, Luis Arce logró el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podrían haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos, que los acusados asuman defensa pudiendo producir prueba de descargo”, dijo en referencia a un segundo punto.

Hizo énfasis en un tercer eje en referencia a la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama y dijo que eso es un acto de injerencia.

“El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Secretario General, Luis Almagro, en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos”, cuestionó.

“La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa”, añade.

Respecto al peritaje de la Universidad de Salamanca, dijo, como cuarto eje, que el comunicado de la OEA trata de descalificar esa investigación sobre los denominados “hallazgos” de los informes de 2019.

“En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos”, dijo.

Como quinto punto, aseguró que la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció.

“La Fiscalía decidió cerrar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio, algunos presentaron impugnación, esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo, y debe seguir su curso, como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman las autoridades competentes”, aseveró.

Almagro, detonante de la crisis

El canciller dijo que ante lo sucedido hasta fecha surge una pregunta ineludible: “¿Por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron?”

“Porque ese peritaje, esa investigación fiscal, ponen en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019. Que tienen responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones a derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. Que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, sino con dolo”, respondió.

En un informe final, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de 2019.

Demostró que las bases de datos de la transmisión de resultados electorales preliminares y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró este miércoles en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente Organización de Estados Americanos (OEA) que el secretario general, Luis Almagro, representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos por ser parte fundamental de la vulneración de derechos humanos y masacres durante 2019.

“Hoy, pedimos que la Secretaría General de la OEA se abstenga a seguir cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su trabajo. Bolivia rechaza con contundencia cualquier pronunciamiento del Secretario General de la OEA, porque Almagro representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos y bolivianas”, dijo Lima.

Así respondió el ministro al comunicado del 9 de agosto que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA publicó y en el que cuestiona la integridad de datos de los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia.

Remarcó que el Informe preliminar, el informe fiinal y el comunicado del 9 de agosto, emitidos por la Secretaría General de la OEA, son actos cometidos fuera de los alcances comprometidos en el acuerdo del 30 de octubre con el Estado Plurinacional de Bolivia. Dijo que son documentos sesgados que han causado inestabilidad democrática en el país, alejados totalmente de los principios y valores por los cuales se funda la Organización de los Estados Americanos.

Hizo mención al informe final elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). El documento concluye que en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, existió vulneración a los derechos, racismo, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.

“El informe de la GIEI, ha demostrado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un trabajo serio e imparcial que ha develado con mucha claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidos en Bolivia durante el gobierno de facto y el señor Almagro ha sido parte fundamental para su consumación y es responsable de estas graves violaciones al derecho internacional”, aseveró la autoridad gubernamental.