La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visitará el miércoles el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores para verificar condiciones de Áñez y escuchar demandas de privadas de libertad, confirmó el presidente de esa instancia legislativa, Juan José Jauregui.

“Hemos estado haciendo las gestiones ante la dirección de Régimen Penitenciario y se ha visto la pertinencia de que el día de mañana (miércoles), a las 15.00, la comisión integrada por representación del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Comunidad Ciudadana (CC), pueda hacerse presente en el Centro Penitenciario de Miraflores a objeto de entablar una reunión con el director de esa institución”, indicó.

Dijo que lo que se pretende es escuchar los reclamos de los familiares de Áñez si aceptan entrevistarse con los miembros de la Comisión.

“No solo quedará en una visita in situ, sino también en una reunión con Régimen Penitenciario, para ver administrativamente, documentalmente, qué actuados han desarrollado para garantizar la atención pertinente, pronta y oportuna a la señora Jeanine Áñez”, añadió.

Por su parte, la diputada Gladys Quispe, secretaria del Comité de Derechos Humanos, dijo que la visita no solo será para ver el caso de Áñez, sino también para escuchar las demandas de las demás privadas de libertad.

“Las reclusas han emitido un voto resolutivo que hemos hecho conocer a los medios de prensa, repudiando todos los privilegios que goza la señora Áñez. Desde el Comité, nosotros hemos estado gestionando también las diferentes peticiones, ese es el reclamo de las demás reclusas, merecen el mismo trato, no puede tener preferencia nadie porque todos merecemos el mismo trato”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló este martes que no se harán acuerdos que conlleven a la impunidad sin justicia, en respuesta a la propuesta planteada por el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.    

“Quiero responder de manera categórica al señor Carlos Mesa, con relación a esa carta que ha presentado en nuestro despacho, no vamos a hacer acuerdos para que haya impunidad ni retardación de justicia; reiteramos, no puede haber reconciliación sin la justicia. El golpe de Estado dejó profundas heridas y para sanar esas heridas los responsables deben ser sancionados como corresponde”, indicó.

Recalcó que la vida de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata no se negocia y tampoco la justicia. Denunció que políticos de la oposición buscan la impunidad.

“La vida de las víctimas no se negocia, la justicia tampoco se negocia, está claro que las personas y grupos involucrados en el golpe de Estado buscan impunidad y tratan de que por lo menos haya una retardación de justicia”, indicó.

Respecto a la reforma judicial, informó que el Órgano Legislativo trabaja en algunos proyectos de ley, pero que no por ello se puede paralizar el trabajo de la justicia, que debe continuar con los procesos para sancionar a los responsables del golpe de Estado.

“El tema de la reforma general de la justicia, por supuesto que va a tomar su tiempo, y eso saben ustedes, que necesitamos consensuar con las diferentes organizaciones sociales, con las diferentes regiones, por supuesto que lo vamos a trabajar, estamos prestos en eso”, complementó.

El presidente del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) sostuvo este martes que el jefe político de la alianza de oposición Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, busca impunidad por los hechos de violencia de 2019 al plantear una reconciliación mediante una reforma judicial y no colaborar con las investigaciones.

“Carlos Mesa, el historiador golpista, no tiene moral para condicionar el juicio de responsabilidades por las masacres del gobierno de facto porque es cómplice del golpe. Ofrece ‘reconciliación’, pero busca impunidad; no le interesa la justicia ni la reparación para las víctimas”, indicó mediante una publicación en la red social Facebook.

Mesa propuso el lunes firmar un “acuerdo nacional por la paz y la reconciliación” que considere la reforma judicial para iniciar con los juicios de responsabilidades a quienes corresponda por los hechos de violencia ocurridos en 2019.

“Mesa se negó a declarar contra su jefe Sánchez de Lozada en el juicio por la masacre de octubre de 2003 en El Alto. Ahora también se niega a dar curso al juicio de responsabilidades contra Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba. Habla de democracia pero es enemigo del pueblo”, añadió Morales.

Aseguró que el camino de la reconciliación nacional es dar justicia a las víctimas de los hechos violentos de 2019 sancionando a todos los responsables.

El vocero presidencial Jorge Richter informó este lunes que el Ministerio de Justicia prepara una hoja de ruta con medidas y disposiciones para la reforma judicial, como parte del compromiso de implementación de las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019.

“Se trabaja en una hoja de ruta de un conjunto de medidas y disposiciones de reforma a la justicia, al Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, que va a salir desde el criterio del Ministerio de Justicia”, manifestó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal explicó que el Gobierno nacional hará conocer la iniciativa en los próximos días al país y que la aplicación de las acciones será rápida.  

Recordó que la reforma a la justicia se efectuará en respuesta a las necesidades del país, en el marco del contexto y la coyuntura por los hechos de violencia de 2019.

“Se pondrán (las medidas) sobre la mesa para que se puedan discutir, se puedan considerar”, agregó.

El vocero presidencial mencionó que entre las medidas estará una referente a la abrogación del Decreto Supremo 4461, que otorgó amnistía para personas procesadas penalmente durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez porque fue observado por los miembros del GIEI.

El 18 de agosto, el ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó en la 49° Sesión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia (Ley 898), que se determinó llevar adelante un proceso de reforma judicial coordinado y planificado en torno a las recomendaciones emitidas por GIEI - Bolivia.  

“Analizamos el informe del GIEI, para definir la manera en la que vamos a dar cumplimiento a las recomendaciones”, anunció.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, confirmó que el informe del GIEI-Bolivia abrió la ruta hacia "un trabajo conjunto entre los órganos del Estado” para asumir todas las recomendaciones que emanaron del grupo de expertos.

“Tanto el Órgano Judicial, Ejecutivo y Legislativo vamos a trabajar de manera conjunta en un tema específico, que es la reforma de la administración de justicia. Esta reforma será encarada de forma planificada, participativa y bastante seria por parte de los tres órganos del Estado”, ratificó.

La autoridad judicial agregó que la reforma será encarada de manera “integral”, con la participación de diversos actores del país e incluirá temáticas diversas, entre ellas el asunto financiero, la independencia y la carrera judicial, modificaciones estructurales y otros.