Una comitiva del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz desarrolló la supervisión de la elección de autoridades de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable San Antonio R.L., en la comunidad San Antonio del municipio de Alto Beni.

La comisión que tuvo la participación de la vocal y vicepresidenta del ente electoral departamental, Zonia Yujra, supervisó el cumplimiento de las normativas electorales internas de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable San Antonio R.L. El acto eleccionario se realizó el 20 de agosto y contó con la participación de aproximadamente 70 socios, de los 103 inscritos.

La Constitución Política del Estado, la Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, la Ley General de Cooperativas Nº 356 y el Decreto Supremo Nº 1995 se constituyen en el marco legal para del Reglamento de Supervisión para la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Públicos.

En apego al reglamento electoral de la cooperativa supervisada, se ejerció la votación levantando las manos y acreditando su cualidad de socio mediante tarjeta de acreditación de la cooperativa.

Como resultado de la votación fue elegido como presidente del Consejo de Administración el señor Porfirio Cruz; Severo Condori, secretario de actas; Tito Bahoz, secretario tesorero; Julián Chambi, secretario vocal 1 y Benedicto Zepita, secretario vocal 2.

En el caso del Consejo de Vigilancia, se eligió como presidente a Isidro Fernández; como secretario de actas, a Luciano Lanchipa y como vocal a Alberto Quispe.

El Sifde departamental verificó el cumplimiento de los requisitos para la elección de miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, a través de su responsable, en gabinete.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno dio a conocer este sábado que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, recibe atención médica y facilidades constantes para garantizar sus derechos constitucionales y un debido proceso desde el día de su reclusión en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.

“La interna Jeanine Áñez Chávez recibe desde el día de su reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, toda la atención médica y facilidades constantes para garantizar sus derechos constitucionales a un debido proceso y al libre acceso a todos los mecanismos jurídicos de defensa, como es de conocimiento de la población y de los medios de comunicación. Asimismo, esto consta en las acciones de libertad, excepciones y recursos que han planteado sus abogados de manera irrestricta”, indica el pronunciamiento.  

"Las condiciones de reclusión de la señora Jeanine Áñez no representan ningún peligro para su salud. Cuenta con personal médico a disposición. De manera excepcional se ha instalado una infraestructura dispuesta para cuidar su salud que asegure las revisiones médicas constantes", agrega. 

Sobre las heridas que Áñez se provocó la madrugada de este sábado para afectar su salud, la cartera de Gobierno informó que los médicos del penal le prestaron atención médica inmediata. Además, los familiares de la reclusa la acompañan."La familia de la interna fue informada de los hechos. El hijo estuvo en el lugar desde horas de la mañana y la hija permanece en el interior junto a la señora Áñez". 

El documento indica que se facilitó una evaluación psiquiátrica, que está en curso, y será esta indagación forense que establezca los móviles y características psicológicas de la autoflagelación. 

El comunicado finaliza señalando que Jeanine Áñez, al igual que todas las personas privadas de libertad y acusadas de delitos, recibe el trato que establecen las normas vigentes.

El vocero presidencial, Jorge Richter, lamentó este sábado que las denuncias de ejecuciones sumarias ocurridas durante el golpe de Estado de 2019, visibilizadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia), no formen parte de la agenda mediática o política.

“No lo he visto circular ni en los discursos, ni en las declaraciones de los actores políticos, tampoco se ha rescatado por los medios de comunicación. No indigna o no ha indignado lo suficiente, por encima de los intereses políticos, las miradas ideológicas, las miradas radicalizadas, sobre todo; no indigna que en el país que hayan existido ejecuciones sumarias”, dijo en declaraciones a radio Kawsachun Coca.

Explicó que las ejecuciones sumarias, significa que las fuerzas represivas del Estado, han matado por la espalda a gente que estaba indefensa y que trataba en algunos casos de huir en medio de un conflicto con enorme participación de manifestantes en los hechos de 2019.

Esta semana, el GIEI realizó la presentación de su informe final al Gobierno nacional y también a los sectores afectados en diferentes puntos del país y recomendó principalmente encontrar justicia y reparación integral a las víctimas.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia) recomienda que los familiares de las víctimas y heridos de los hechos de violencia de 2019 sean beneficiados con un plan de reparación integral de daños, para que puedan rehacer sus vidas de la mejor manera posible, informó el viernes uno de sus miembros, Juan Méndez.

“Ante las graves violaciones de los derechos humanos, el Estado boliviano tiene la obligación de ofrecer un plan de reparación integral a las víctimas (…). Que implique una reparación tanto simbólica como monetaria y que incluya la posibilidad de rehacer sus vidas de la mejor manera posible”, señaló, en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv. 

El experto explicó que el resarcimiento de los daños tiene que efectuarse por medio de la atención a las consecuencias de la violación de los derechos humanos que vivieron los familiares de los fallecidos y los heridos sobrevivientes.

La reparación tiene una fundamental importancia porque es un mandato internacional en el campo de los derechos humanos, recordó.

“Esa reparación tiene que empezar con la investigación y el relato de la verdad de los hechos para las víctimas y la población en general, el procesamiento y castigo de quienes resulten responsables”, complementó.

El experto rememoró que entre los hechos de violencia se enfatizó en el informe final de la GIEI-Bolivia las masacres de Senkata y Sacaba, que fueron calificadas así porque “esa es la definición que en derecho internacional se usa cuando se dispara más o menos indiscriminadamente contra un grupo de personas políticas, ideológicas o de discriminación en general”.

“Y cuando se dispara a matar especialmente. Normalmente, llamamos masacres a episodios en los que mueren tres o más personas en ese tipo de circunstancias y aquí teníamos diez víctimas en Sacaba y creo que 10 u 11 en Senkata”, concluyó.