El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) es irrebatible en cuanto a la existencia de un golpe de Estado en 2019.

“Es irrebatible el informe en términos de golpe de Estado, es absolutamente irrebatible; más allá de que se ha pronunciado el GIEI, que no se iba a referir específicamente y puntualmente al golpe de Estado, al tema fraude, está claro que, en la lectura de sus hojas, de sus análisis, de sus conclusiones y de sus sugerencias es absolutamente contundente cuando dice que la señora (Jeanine Áñez) sin quórum se proclama, sin quórum se nombra presidenta transitoria. Esto está absolutamente claro. Esto ¿cómo se llama?, eso tiene un nombre claro, ya desde el concepto de la ciencia política se llama golpe de Estado (sic)”, dijo.

El informe indica que, en reunión del Senado del 12 de noviembre de 2019, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de esta instancia legislativa y luego, sin el quórum requerido, se declaró presidenta interina del Estado.

Respecto a la participación de las fuerzas de seguridad en el golpe de 2019, el GIEI evalúa en su informe que, para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en temas como la renuncia a funciones públicas

En el documento, se establece que “sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran”.

“Ese es uno de los elementos que se tienen que reparar, estudiar y considerar con mayor detenimiento. Señala y dice algo que hemos hablado mucho en el país a lo largo de todo este tiempo. La diferencia entre una sugerencia y un ultimátum es casi una cuestión semántica, dada la capacidad de fuerza y de fuego, y el potencial de armamento que tienen en estas instituciones. Está claro que cuando le sugirieron al presidente Evo Morales que renuncie estaban conminando, generando un ultimátum para consumar el golpe de Estado”, dijo Richter.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, leyó, en conferencia de prensa, el documento redactado en su versión final y aseguró: “sugerimos al Presidente de Estado que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

El golpe de Estado fue consumado a las 16.50 del 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dimitía al cargo desde el trópico cochabambino en una conferencia de prensa ante una escalada de violencia nacional que iba contra sectores afines al Gobierno.

La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó ese escenario para tomar el poder y aplicar en los días posteriores un régimen de violencia que tuvo como resultado las masacres de Senkata de la ciudad de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

El diputado Renán Cabezas (MAS) sostuvo este jueves que los jerarcas de la Iglesia Católica deberían pedir “perdón” al pueblo boliviano, luego de que en su “Informe-Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia”, presentado el 15 de junio, afirmaran que las masacres de Sacaba y Senkata fueron “enfrentamientos”.

“Le tienen que pedir perdón al pueblo boliviano, tienen que rectificar la mentira que ellos han realizado en ese momento, claro, por ser cómplices del golpe de Estado han tenido que mentir, pero bueno, los seres humanos podemos cometer errores, pero hay que ser modestos y reconocer los mismos”, indicó.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019, presentado el martes, calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

Cabezas lamentó que el clero de la Iglesia Católica en Bolivia no profese lo que manda la Biblia y se hayan convertido en cómplices de las violaciones a los derechos humanos en 2019.

“No tenemos confianza en los jerarcas, ellos no vienen a profesar lo que dice la Biblia, lo que ha hecho Jesucristo, ellos vienen a hacer política, ellos vienen por negocios, eso han hecho durante la historia”, ratificó.

Por su parte, su colega senador Adolfo Flores dijo que luego de que se difundiera públicamente el informe final del GIEI-Bolivia, no queda duda de que el documento de la Iglesia Católica fue completamente dirigido.

“Aquí se demuestra que estaba dirigido el informe de la Iglesia Católica, que mencionaba que efectivamente había existido enfrentamiento entre grupos; y aquí no existió enfrentamientos, aquí existió masacres, aquí existió ejecuciones sumarias”, indicó.

Resaltó que el informe del GIEI es completamente contrario a lo que sostiene el documento de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019.

“Lo que sucedió en Sacaba, después de gasificar, después de correr, las personas han sido prácticamente interceptadas por proyectiles de larga distancia, de 9 milímetros, esos son asesinatos, eso dice el informe del GIEI, que contradice totalmente con el informe de la Iglesia Católica, espero que tengan la valentía de decir: ‘nos hemos equivocado’”, resaltó.

El exministro de Minería, César Navarro, señaló este jueves que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que el racismo y la religión fueron los ejes de las movilizaciones y justificativo de la violencia ejercida por los grupos políticos que impulsaron el golpe de Estado en 2019.

“Se utilizó el racismo y la religión como una forma de exacerbar los actos de violencia, cuando uno escucha eso, inmediatamente se viene a la cabeza la imagen del 2 y 4 de noviembre cuando (Fernando) Camacho está hablando y está al lado izquierdo la virgen María, y al lado derecho está la Biblia”, recordó.

Rememoró que previo al desarrollo del cabildo del 4 de noviembre de 2019, un cura de la Iglesia Católica y un pastor de la Iglesia Evangélica, procedieron a rezar el padre nuestro y orar por lo que iba a acontecer en días posteriores.

“Es decir, se utilizó los sentimientos religiosos para bendecir los actos de violencia, y uno revisa el discurso de (Fernando) Camacho y es un cruce de religión y racismo. Entonces, prácticamente lo que hoy dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, es que se ha confirmado, que tanto el racismo y la religión, fueron los ejes grandes de movilización y de justificativo de la violencia”, sostuvo.  

Reafirmó que el informe del GIEI demuestra que el gobierno de facto de Jeanine Áñez, para mantenerse en el poder, desplazó a las fuerzas militares y policiales con el fin de reprimir a la población.

“Lo que demuestra básicamente, que el gobierno de facto, para consolidarse como tal, tuvo que desplazar a militares y policías fuertemente armados y ellos hicieron uso excesivo de la violencia, de armamento de fuego, asesinaron, masacraron, hubo asesinatos extrajudiciales, es altamente dramático y muy fuerte”, resaltó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, que establece los procedimientos para vigilar la elección de dirigencias y la aprobación de estatutos orgánicos de los partidos y agrupaciones políticas.

La norma, puesta en vigor el 3 de agosto por resolución de Sala Plena, consta de 17 artículos, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. El documento está publicado en la página web del OEP: www.oep.org.bo/inc/uploads/2021/08/Reglamento_Supervision_OOPP_2021.pdf

En su primera parte, el reglamento aborda la ejecución de estos procedimientos, en el marco de las atribuciones y competencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en función a la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, detalla un reporte de la institución.

Las disposiciones del reglamento se aplican a todas las organizaciones políticas legalmente reconocidas en todo el país, sean de alcance nacional, departamental o municipal.

En cuanto al procedimiento para la solicitud de supervisión de modificación de estatuto orgánico, los representantes de la organización política deberán presentar una nota formal dirigida a la Presidencia del Tribunal Electoral Departamental competente, con siete días calendario de anticipación.

Además, deberán adjuntar tres requisitos: la convocatoria y orden del día, el reglamento o normativa específica y la nómina de representantes que conducirán el proceso, según establece el artículo 7 del reglamento.

En cuanto a la supervisión de elección de dirigencias, los representantes de la organización política deberán presentar la solicitud mediante nota formal dirigida al Presidente del TSE y/o al Presidente del respectivo TED, con 15 días de anticipación a la elección de sus dirigencias.

Para ese fin, se debe adjuntar los siguientes requisitos: el reglamento o normativa específica y la nómina de representantes que conducirán el proceso, además de la convocatoria, orden del día y calendario electoral, publicado en medios de comunicación que garanticen la participación de la militancia, con al menos 15 días de anticipación, según dispone el artículo 8 de la norma.

Así, el reglamento detalla otros procedimientos y mecanismos para la supervisión, en función a informes técnicos y consideraciones que asuma la Sala Plena del Tribunal Electoral correspondiente.