El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, recordó este martes a la oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), su compromiso de viabilizar los juicios de responsabilidades en contra de los responsables de las masacres ejecutadas en 2019.

“La propia oposición ha empeñado su palabra, tanto de Creemos y Comunidad Ciudadana, de que si es por golpe no iban respaldar, pero si es por daño económico, corrupción o por las masacres, ahí están ellos para respaldar todo juicio de responsabilidades que se venga a través de la Asamblea y esperemos que lo cumplan”, subrayó, tras la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre las violaciones de los derechos humanos en 2019.

Mencionó que tras las recomendaciones del GIEI-Bolivia, la ALP viabilizará los juicios de responsabilidades que correspondan.

“Vamos nosotros, como Asamblea Legislativa, a proceder con el juicio de responsabilidades a quienes corresponde, como indica o manda la norma. Vamos a verlo en estos días, de acuerdo a la prioridad, este tema es muy importante y esperemos agilizarlo, por supuesto”, indicó.

Precisó que la celeridad del tratamiento de los juicios de responsabilidades depende de la comisión legislativa que a la fecha considera más de 20 procesos.

“Mucho depende de la Comisión Mixta que está tratando los más de 20 juicios de responsabilidades y posteriormente será tratado por el caso de la señora (Jeanine) Áñez, esperemos por lo menos en un par de semanas pueda resolverse esto y entre octubre esperemos estar tratando en el pleno de la Asamblea”, adelantó.

El presidente Luis Arce aseguró este martes, durante la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que hechos y argumentos demuestran que en 2019 se dio un golpe de Estado.

“Hermanas y hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los Derechos Humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, aseguró.

El GIEI-Bolivia investigó los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El documento con las conclusiones fue presentado hoy por la mañana en La Paz, con la presencia de autoridades nacionales, internacionales y víctimas de los hechos de violencia de 2019.

“En sus más de 750 páginas de testimonios y narración de las torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, el informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchas bolivianas, bolivianos, y sobre la base de evidencias fácticas y científicas, podemos identificar con claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que lamentablemente sucedieron en nuestro país en el Golpe de Estado, coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales, como es el caso de algunos dirigentes políticos y cívicos”, sostuvo el mandatario.

Acotó que, respecto a la ruptura constitucional, después de 37 años de democracia, el informe indica de manera textual que en la reunión del 11 de noviembre de 2019 del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como Presidenta de la Cámara de Senadores, y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró Presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia.

El vocero presidencial, Jorge Richter, mencionó que lo vivido en el último trimestre de 2019 fue el momento más cruento de la historia democrática de Bolivia, porque se produjeron “ejecuciones sumarias” y los hechos pueden ser descritos como una masacre.

“Fue el momento más cruento en la historia democrática, se produjo ejecuciones sumarias, (…) las ejecuciones sumarias son el grado más despiadado del accionar político en un Estado, esas ejecuciones sumarias era lo que en su momento nosotros conocimos como que entre hermanos se mataban en las manifestaciones. Hoy hemos conocido algo que no lo hemos vivido en 37 años de democracia”, dijo la autoridad tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Detalló que las ejecuciones sumarias se vivieron en épocas nefastas de la historia boliviana, y que la crueldad con la que se ha reprimido a los bolivianos en 2019 derivó en la muerte de 38 bolivianos y cientos de personas torturadas, que vieron sus derechos cancelados.

“Lo importante es que hoy conocimos un informe absolutamente detallado y objetivo de todo lo que ha sucedido en aquellos días, y en la línea que ha señalado el Presidente (Luis Arce Catacora) podemos ya caminar a encontrar a quienes han sido los responsables de generar todo esto”, apuntó Richter.

En esa línea, mencionó que es importante recoger las recomendaciones del GIEI-Bolivia, en el sentido de que se debe hacer una enorme cantidad de reformas y restructuraciones institucionales en el país, tanto en la Justicia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y en otras instancias que tengan compromiso con la democracia.

“El informe nos dice que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen que ejercer un rol de neutralidad política obligada y tienen que ser protectores de la sociedad, labor que no han cumplido en noviembre de 2019”, aseveró Richter.

La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan, resaltó la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia y recomendó proteger los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral a las víctimas de 2019.

“Hoy, celebramos y recibimos el informe final del GIEI con la más profunda convicción de que sus relevantes recomendaciones contribuirán al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos en 2019 y, sobre todo, de la protección de los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral a las víctimas y sus familiares”, dijo la experta en su intervención en el acto de presentación del informe final del GIEI, desarrollado hoy en el Banco Central de Bolivia.

Detalló que, al conocer los hechos suscitados en el último trimestre de 2019, la CIDH recomendó al Estado Plurinacional de Bolivia instalar mecanismos de investigación internacional con autonomía e independencia que pudiera contribuir a los esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad y la justica sobre los graves hechos que vivió el país.

“En ese marco, el 12 de diciembre de 2019, la comisión y el Estado Plurinacional de Bolivia suscribieron un acuerdo para la creación del GIEI, con el propósito de identificar debidamente a los responsables por las violaciones de los derechos humanos, sucedidas en determinado marco temporal, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, explicó Piovesan.

A la conformación de GIEI, mencionó que la CIDH designó cinco expertos y expertas de alto nivel técnico y con reconocida trayectoria para la protección de los derechos humanos (Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, y Marlon Weichert), mientras que el Estado Plurinacional de Bolivia brindó a los expertos todas las condiciones y garantías para desarrollar sus funciones.

“En esta etapa de conclusión del trabajo del GIEI, quisiera reiterar la plena confianza de la comisión y el extraordinario desempeño de los expertos, así como el más sincero y profundo reconocimiento por el compromiso pleno demostrado por el Gobierno boliviano”, subrayó la segunda vicepresidenta de la CIDH.