El analista político Franklin Pareja sostuvo este domingo que el régimen de Jeanine Añez fue ilegítimo porque no fue resultado del respaldo boliviano en las urnas y que tampoco cumplió con el rol de ser un Gobierno de transición.

“Fue absolutamente ilegítimo el Gobierno de Áñez, por una razón elemental: nadie la ha elegido, no es producto de las urnas; ella es producto de una contingencia y una crisis política”, aseguró en el programa A todas luces de Bolivia TV.

Desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2019, sectores críticos al Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsaron movilizaciones en diferentes lugares del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado.

Áñez aprovechó el escenario desde su cargo de senadora para declararse presidenta y aplicar un régimen de violencia como en el caso de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

“Obviamente, era un Gobierno absolutamente espurio, porque no viene de las urnas y porque, además, no cumplió el mandato único que tenía, que era convocar a elecciones, no; decidió competir y ahí fue donde terminó de sepultar lo que podía ser una transición, que además podía haber llamado a la pacificación. No sucedió nada de eso”, dijo Pareja.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, se refirió este domingo a los alcances, hallazgos y respuestas a las recomendaciones del informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre las masacres, torturas, persecuciones y actos de racismo del gobierno de facto de Jeanine Añez.

Según un boletín institucional, la autoridad indicó que es prioridad de Estado conseguir justicia para las 38 víctimas mortales y reparar el daño.

 “Que en un informe se diga que bolivianos han muerto en ejecuciones sumarias, es algo muy grave”, subrayó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Manifestó que el juicio de responsabilidades contra Añez por las masacres de Sacaba y Senkata, tras la firma del Decreto Supremo 4078 que dio impunidad a las Fuerzas Armadas, no debe estar condicionado por los políticos de oposición a la culminación de una reforma judicial, ya que ésta será realizada en un mediano plazo.

Lima destacó el compromiso de las entidades de la justicia para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, pero remarcó que será el propio Órgano Judicial el que lleve adelante la reforma, con apoyo financiero del Ejecutivo y la aprobación de normas en el Legislativo.  

“El Legislativo por 2/3 de votos debe aprobar el juicio, Carlos Mesa y Fernando Camacho, quieren evadir esa responsabilidad con el pretexto de la reforma, que en todos los países es de mediano plazo. Dicen que cuando esté la justicia completamente reformada, recién tendrán justicia las 38 familias, eso es anticonstitucional y no la vamos a permitir”, advirtió el ministro.  

Dijo que el grupo reflejó de manera contundente, que “los bolivianos fueron sometidos a un régimen de terror, a un régimen que violó los derechos humanos”.

Agregó que el documento refleja autorías. “Si no se firmaba el decreto de la muerte, las Fuerzas Armadas y policiales no salían a masacrar al pueblo boliviano, las responsabilidades son claras”, acotó.

La exministra y exlegisladora Gabriela Montaño cuestionó que algunos actores políticos que respaldaron el golpe de Estado de 2019 ahora se olviden de las víctimas de las masacres de 2019, de manera similar a la actitud de la jerarquía de la iglesia católica que poco o nada hizo cuando ocurrieron las graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Aunque @SDoriaMedina publique fotos desde Nueva York, @carlosdmesag use el silencio para no ‘autoincriminarse’, @tutoquiroga se pasee con boletos pagados por el continente y @LuisFerCamachoV mande a su padre de negocios a EEUU. Sabemos lo que hicieron en 2019 (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Ellos usaron y desecharon, como están acostumbrados a hacer. Para ellos la política son negocios, son un ‘toma y daca’. Para ellos 37 vidas, más de 800 herid@s, más de 1500 detenid@s ilegalmente son un daño colateral. NO SEÑORES...¡No todo es válido en politica! (sic)”, agregó en su cuenta en la red social digital.

Sus afirmaciones surgieron luego de que Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, pidieron liberar a Áñez, quien está detenida y acusada por la Fiscalía por los delitos de genocidio y lesiones graves cometidas en 2019, durante las masacres de Sacaba y Senkata. En ese periodo ocurrieron, además, ejecuciones sumarias, torturas, así como violencia sexual y en razón de género.

Al respecto, la exministra Montaño cuestionó que la jerarquía católica no actuó para defender a las víctimas de las masacres de 2019.

“¿Dónde estaba la jerarquía de la Iglesia Católica cuando imputaron a 5 trabajadores de salud por intentar salvarle la vida a una persona? Pág. 51 informe GIEI. ¿O cuando en El Alto el 18.11.21 detuvieron a un menor discapacitado? Pág. 129 informe GIEI”, escribió.

El expresidente y jefe nacional del Movimiento al Socialismo- Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, anunció la presentación de los estatutos de su partido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cumplimiento a la normativa jurídica vigente.

“Este lunes presentaremos al Tribunal Supremo Electoral el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, surgido de un congreso exitoso pese a intentos de la derecha de hacerlo fracasar. Dirigentes nacionales, departamentales y Pacto de Unidad trabajamos el viernes para que el documento esté en orden”, indicó en su cuenta de Facebook.

El dirigente expresó su saludo a la movilización de dirigentes, Pacto de Unidad, trabajadores campesinos, mineros, petroleros, fabriles, del transporte y profesionales, que debatieron los estatutos del MAS-IPSP que es la “organización política más grande en la historia, que más ganó elecciones y la única en cumplir la ley”.

Morales recordó, en su cuenta de Twitter, que el TSE “tiene un mes para aprobar o rechazar nuestros estatutos, mientras trabajamos para profundizar y garantizar la democracia partidaria, proponer modificaciones a (la) Ley de Partidos y elaborar, con apoyo de un equipo técnico, reglamento interno para el MAS-IPSP”.

Por otro lado, dijo que hay un interés de EEUU, mediante Luis Almagro y el Comité Cívico pro Santa Cruz, dirigido por Rómulo Calvo, para destrozarlo con procesos judiciales para así lograr fraccionar y dividir al MAS- IPSP.  

“Calvo revela a Los Tiempos que intentos de enjuiciarnos penalmente se basan en compromisos acordados entre Comité Pro Santa Cruz y Almagro cuando viajó a Washington, antes del informe GIEI. Allí decidieron, una vez más, estrategia para destrozar a Evo y fraccionar al MAS-IPSP”, escribió en Twitter.