El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Adán Palacios, inspeccionó este viernes varios centros hospitalarios del departamento de Chuquisaca, con el fin de evidenciar las acciones que se llevan adelante para prevenir y afrontar el COVID-19.

En la ciudad de Sucre visitó el hospital “Santa Barbara”, donde se reunió con funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), quienes informaron sobre el desarrollo de actividades al servicio de la comunidad.

“En las diferentes unidades del hospital de tercer nivel se evidenció y verificó las necesidades que se tienen para brindar una mejor atención a la población chuquisaqueña, así como también establecer el adecuado y oportuno proceso de atención a los pacientes afectados por el COVID-19”, indicó.

El legislador, también desarrolló la visita al centro integrado de salud de primer nivel “Luis Espinal”, infraestructura gestionada y concluida en el gobierno del expresidente, Evo Morales. Este centro atiende con regularidad a los pacientes que acuden a consultas de medicina general.

La inspección concluyó con la visita al centro integrado de salud “Alegría”, donde se evidenció que se brinda una adecuada atención a los pacientes que contrajeron el COVID-19 y que se cuenta con un adecuado plan de contingencia para afrontar la crisis sanitaria.

Las visitas se desarrollaron en el marco del trabajo de la semana regional.

El diputado Juan José Jauregui (MAS) lamentó que Carlos Mesa y los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) no cumplan con su palabra de viabilizar los juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, cuando públicamente se comprometieron a hacerlo.

“La prensa fue testigo del compromiso realizado en esta misma Asamblea Legislativa, con presencia de Carlos Mesa y muchos de sus legisladores, en esa oportunidad señaló, con mucha precisión, que Comunidad Ciudadana tendría la posibilidad de respaldar la autorización de juicios de responsabilidades, entre tanto, no se use la narrativa de golpe de Estado”, recordó.

Precisó que de las tres proposiciones acusatorias planteadas en contra de Áñez, en ninguna se menciona golpe de Estado, por lo que CC, por un principio de honestidad, debe respaldar un eventual juicio de responsabilidades contra la exmandataria de facto. 

“Si hacemos revisión de los tres requerimientos acusatorios que ya están en la Asamblea, los créditos del Fondo Monetario, con relación a la autorización de la prolongación de funciones en Fundempresa, en el caso de la vulneración del derecho a la libre expresión, en estos tres escenarios, si hacemos una revisión de los requerimientos acusatorios, en ninguna parte se va a entrar a la narrativa de golpe de Estado, como solicitaba la bancada de CC”, precisó.

Lamentó que Mesa y sus legisladores no cumplan con su palabra y constantemente cambien sus condiciones, para evadir su responsabilidad ante el pueblo boliviano.

“Por un principio de honestidad, tendrían que honrar esa palabra empeñada con los bolivianos y las bolivianas, pero hoy en día nos incorporan otro tipo de componentes. El componente de la semana pasada era que tendría que modificarse la justicia, tendría que hacerse ajustes estructurales en la administración de justicia y esta semana nos vienen con otra sorpresa”, indicó.

Guillaume Long, analista del Centro de Investigación Económica y Política, recordó este viernes que las irregularidades mencionadas en el informe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las elecciones de octubre de 2019, no demuestran que hubo un fraude electoral.

“Las irregularidades no son pruebas de fraude, esto es muy importante, porque todos los procesos electorales tenían irregularidades que no son necesariamente fraude, con esta misma vara de la auditoría de la OEA, no vale ninguna elección en América Latina”, apuntó en contacto con Bolivia TV.

Lamentó que, hasta la fecha, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se haya cerrado a una revisión e investigación interna del informe y se mantenga el mismo discurso.   

“Vemos una OEA que todavía está en el negacionismo, no quiere reabrir el tema, no quiere abrir una investigación interna y lastimosamente algunas fuerzas políticas de la región, incluyendo en Bolivia, también siguen repitiendo las mismas mentiras, sin conocer bien los temas técnicos, científicos de las elecciones en Bolivia el 2019”, indicó.

Explicó que el informe de esta instancia internacional sobre las elecciones de 2019, no tiene sustento metodológico y técnico, al punto de que la manipulación de los datos mencionada en el documento de la OEA, fue traducida por Luis Almagro como fraude electoral.

“Llevamos ya dos años investigando el proceso electoral del año 2019, tenemos un informe que en realidad son más de 100 páginas, analizando en detalle a las actuaciones de la OEA y a las reafirmaciones de la OEA, que hemos encontrado que son realmente falsas y carentes de rigor, de metodología, de verdad científica”, subrayó.

Recordó que el informe de la OEA se sostuvo sobre una mentira estadística, sobre un cambio de tendencia que supuestamente no se podía explicar.

“El argumento era muy extraño, porque la OEA hablaba de un cambio de tendencia que no se podía explicar y nosotros podíamos explicar muy bien, revisando de forma aún preliminar los datos electorales, veíamos que sí se podía explicar fácilmente un incremento de la votación a favor de Evo Morales hacia el final del conteo, como siempre ha sucedido en las elecciones bolivianas”, indicó.

El diputado Juanito Angulo (MAS) señaló este viernes que la oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca impunidad, al condicionar su respaldo a la aprobación del juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitiera la proposición acusatoria a esta instancia legislativa.

“Es una estrategia política sin fundamento jurídico en el fondo, sin la motivación pertinente conforme a procedimiento, claro, están buscando victimizar como lo han hecho en los últimos días, para lograr impunidad y (que) no se aplique la recomendación del GIEI, que establece el procesamiento de los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata”, manifestó.

Recordó que el juicio de responsabilidades es por las masacres, ejecuciones sumarias y graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante la gestión de facto de Áñez, y que están establecidas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“En este momento existen pruebas materiales y el GIE recomienda el procesamiento de los responsables de las ejecuciones sumarias, de las graves violaciones a los derechos humanos y de las masacres, y en ese marco el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia está cumpliendo su función, cumpliendo su tarea que le corresponde”, apuntó.   

Sobre la solicitud de la defensa de Áñez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una medida cautelar, dijo que la misma no será procedente debido a que la expresidenta de facto tiene garantizados sus derechos, al extremo de gozar de privilegios con relación a la demás población penitenciaria. 

“Tiene todas las garantías constitucionales, por tanto, esta acción que están presentando no procederá, porque fueron los mismos parlamentarios de la oposición que evidenciaron que su condición es estable y tiene las condiciones, ventajas y privilegios en el centro penitenciario”, aclaró.