El director del Centro de Relaciones Internacionales, Luciano Neri, reafirmó este domingo que se hará una denuncia formal ante el Parlamento de la Unión Europea (UE) por la participación del embajador en Bolivia, León de la Torre, por su asistencia a la reunión irregular en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en 2019.

“Estamos preparando esta demanda (…). No es normal que un embajador participe en una reunión con actores privados involucrados con sectores de la derecha del país (quienes) deciden, de forma ilegal, nombrar a una señora que no tenía, en nuestra opinión, ninguna posibilidad conforme a las leyes y a la Constitución”, explicó Neri en contacto con Bolivia Tv.

El activista italiano indicó que será el Estado boliviano quien realice sus investigaciones y determiné las responsabilidades individuales y colectivas; sin embargo, añadió que desde Italia los activistas siguen de cerca lo que acontece y pedirán explicaciones al Parlamento sobre el accionar del embajador de ese entonces, porque tras esa reunión Bolivia vivió momentos difíciles con muertes.

“Lo que pasó en la Universidad Católica en noviembre para nosotros fue un acto antiético al Derecho Internacional, no solo a la ley boliviana, sino con las diferentes leyes europeas (…). Tenemos la obligación de preguntar a la Unión Europea (…). Por eso nosotros demandamos de manera formal investigar ¿cuál fue el papel de León de la Torre? en participar en actos de ese tipo”, aseveró.

Por su parte, el canciller del Estado, Rogelio Mayta, aseguró que esa denuncia será manejada “con mucho cuidado”; sin embargo, añadió que es difícil considerar que la UE haya tenido alguna directriz.

“Lo cierto es que se lo tiene ubicado (al embajador de la UE) en ciertos escenarios donde se tomaron ciertas decisiones que no eran nada constitucionales. Hay que tomarlo con cuidado, especialmente tratándose de temas con nuestras relaciones internacionales. Es muy difícil de pensar que hubiese una directriz desde la Unión Europea en sentido de que se rompa una orden constitucional”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la autoridad subrayó que lo sucedido durante 2019 demostró que en Bolivia se articuló un plan similar al “Plan Cóndor”, con injerencia internacional, que provocó un golpe de Estado y ayudó al régimen de facto de Jeanine Áñez a reprimir al pueblo que demandaba la restitución de la democracia.

“Lo que sucedió en 2019 tiene muchas aristas (…), se jugaron muchos intereses, hubo muchos actores que ahora todavía no los vemos (…). Es una articulación que no sabemos hasta dónde va, ese escenario nos permite ver que probablemente algunos actuaron con negligencia, pero hay otros que actuaron directamente para hacerse del poder con todo el cálculo y la medida, operando desde la oscuridad, en algunos casos, para llegar al Gobierno”, recalcó.

El Canciller hizo énfasis en que Bolivia acudirá a los escenarios necesarios para conocer la realidad y cómo se desarrolló el golpe de Estado de 2019 y afirmó que están conscientes que será un proceso largo; sin embargo, se hará lo necesario para conocer la verdad de los hechos.

“Hay que explorar no hay que tener miedo a la verdad, vamos a explorar en cuanto escenario nacional o internacional se deba acudir para que se vaya echando luces sobre lo que realmente ocurrió el 2019 (…) hubo un golpe de Estado con articulación internacional, que se desplegó terrorismo de Estado en el gobierno de Áñez para vencer la resistencia popular que había por resguardar el orden constitucional”, concluyó.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este domingo que el Estado boliviano enviará a la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que realizó la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el documento que presentó Luis Almagro, secretario general de ese organismo internacional, sobre las elecciones generales de 2019, para dar a conocer de manera oficial el incumplimiento de los acuerdos y que no se realizó ninguna auditoría al proceso.

“Vamos a remitir, por conducto regular, este informe a la Cancillería, voy a pasar el informe (de la Contraloría) para que sea remitido; asimismo, a la OEA y esperemos la respuesta de estos señores, que nos digan ¿qué auditoría? ¿Qué normas han usado? Nada de nada, no han usado ninguna, han engañado al pueblo”, denunció Chávez.

El sábado, el Procurador presentó un pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) que determinó que la OEA no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019.

Además, el reporte identificó que el organismo incumplió todos los acuerdos que se realizó con el Gobierno boliviano para realizar una auditoría al cómputo de votos de 2019; sin embargo, no se revisó las 35.000 actas y su informe se basó en la revisión de los resultados de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Asimismo, Chávez desafió a los actores políticos que sostienen y defienden la teoría del fraude a revisar las actas del cómputo una a una.

Afirmó que se establecería una fecha para hacer esa revisión, como debería haberlo hecho la OEA y así desmentir la teoría de un supuesto fraude electoral.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, reiteró este domingo que el informe de análisis presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el 10 de noviembre de 2019 sobre las elecciones generales de ese año, no menciona en ninguno de sus apartados el supuesto fraude electoral, el que muchos actores políticos sostienen y que habría desencadenado el golpe de Estado.

“El informe de la OEA no menciona fraude a lo largo de las digresiones que realiza, no menciona fraude, habla de situaciones que le llevarían a no dar valor a la consistencia del proceso electoral en su momento 2019, pero como tal, como fraude no se habla”, señaló el canciller en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv. 

La autoridad indicó que el Estado boliviano, mediante su Cancillería acordó con la OEA que se haga una auditoría del cómputo electoral de 2019; sin embargo, los funcionarios incumplieron con el acuerdo y realizaron solo un informe de análisis, presentado antes del plazo establecido y de manera irregular durante la madrugada del 10 de noviembre.

Según Mayta, ese accionar demostró “negligencia” y evidenció que fue un accionar doloso; agregó que el mandato que la OEA tenía era el de realizar una auditoría, pero no se cumplió bajo ningún parámetro y que los integrantes de la OEA en sus intervenciones “dejaron solo” a Almagro.

Cuestionó además que el pronunciamiento que tuvo Luis Almagro al referirse al informe final del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), sobre las violaciones de derechos humanos de 2019, cometiendo nuevamente injerencia política, por lo que dijo que se denunció ante la OEA ese accionar.

“No podíamos dejar de decirlo en la OEA, en el Consejo Permanente, lo hemos denunciado y hemos visto cómo Almagro se quedó sin discurso tratando de refugiarse en argumentos repetitivos que no le van a llevar a ningún lado”, expresó la autoridad.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este sábado que entró en vigencia la Ley N° 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción en Bolivia, que permitirá habilitar los juicios en rebeldía para casos de corrupción y delitos de lesa humanidad.

“La reforma judicial avanza con hechos. Rige la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción. El prevaricato y retardo de jueces y fiscales que incumplen lo que manda la CPE, el Bloque de Constitucionalidad y la Ley será penalizado con privación de libertad”, señaló el Ministerio mediante su cuenta de Twitter.

La ALP sancionó la Ley el pasado 25 de agosto de 2021 y promulgada por el presidente del Estado, Luis Arce, para su posterior publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. La norma tiene como objetivo fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley N° 004 del 31 de marzo de 2010, "Marcelo Quiroga Santa Cruz".

“La presente Ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, destinados a investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y exservidoras y exservidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas(…)”, señala la norma.

El Ministerio destacó que, con esa medida, la reforma judicial avanzará.

Con la vigencia de la norma el prevaricato y la retardación de la justicia, por parte de los jueces y fiscales serán, penalizados con la privación de libertad.

De acuerdo con esa Cartera de Estado, se sancionará a los funcionarios que incumplan lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE).