El ministro de Educación, Adrián Quelca Tarqui, aseguró este martes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) establece de manera objetiva que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en noviembre de 2019, en el cual se vulneraron los derechos humanos de los bolivianos, que derivaron en las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.
“Hoy, se presentó ese informe que es bastante objetivo, el estudio que realizaron (los expertos del GIEI) es un estudio técnico, pero que muestra la realidad de lo que sucedió en el país, confirma que el 2019, en noviembre, se concretó un golpe de Estado”, manifestó el titular de Educación, luego de presenciar la presentación oficial del informe, en el Banco Central de Bolivia (BCB).
Según un boletín institucional, la autoridad hizo notar que este golpe de Estado se trabajó con bastante anticipación y lamentó que las acciones de violencia ejecutadas por los integrantes del régimen golpista hayan dejado muertos, viudas y huérfanos que aún padecen las consecuencias de estos hechos.
En ese sentido, el Ministro de Educación se sumó a las voces que piden justicia para las víctimas de estos hechos, toda vez que “los responsables de estos actos de vulneración de los derechos humanos deben ser sancionados. Está en manos de la justicia y del Ministerio Público ejecutar las acciones que establece este informe de expertos internacionales que estudiaron lo acontecido en nuestro país en 2019”.
El GIEI presentó su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. El documento califica como masacres los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, además determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).
Sobre los grupos irregulares que actuaron en 2019, Quelca aseguró que debe actuarse en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), en el sentido de que no pueden “existir grupos irregulares que se adjudiquen funciones que no establece la Constitución Política del Estado, ahí están como organizaciones delincuenciales la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista que en diversas circunstancias de nuestra historia agredieron a la gente del pueblo, entonces, deben dejar de existir esas organizaciones que se apropian de atribuciones que no le competen”.
