La Iglesia Católica rompe su silencio. Mediante un informe dirigido al Papa y a la Fiscalía, confirma que dos días antes de que Jeanine Áñez asuma la Presidencia, una reunión reservada de cívicos, políticos y delegados de embajadas, pidió a Ricardo Paz, entonces jefe de campaña y asesor de Carlos Mesa, llamarla para consultarle si podía asumir la presidencia de Bolivia.  

La Jerarquía Católica también se refirió a los “acuerdos verbales” con varios actores políticos durante al menos cinco reuniones que sostuvieron en noviembre de 2019 y a los asistentes a dichos encuentros sostenidos en distintos días.

También hicieron pública la propuesta de Luis Fernando Camacho, en sentido de conformar un gobierno cívico-militar que suceda a Evo Morales y las gestiones de los obispos ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) para que ayuden en la “contención” de las protestas de 2019.

La cúpula del clero también aseguró que Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado” y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) propuso entonces que sea un legislador de ese partido el que asuma la presidencia del país o, en último caso, el senador de oposición Víctor Hugo Zamora, según el reporte de la Iglesia.  

Estos datos están contenidos en el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado este martes por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

El documento fue enviado al Papa Francisco y al Ministerio Público “detallando el papel de la Iglesia en el proceso de pacificación en el país”, indica el reporte.  

En el documento se menciona también que el 12 de noviembre de 2019, es decir el mismo día que asumió la presidencia Áñez, se propuso que Adriana Salvatierra o Susana Rivero asuman la Presidencia pero ambas lo rechazaron. Sin embargo, tanto Salvatierra como Rivero desmintieron este martes esos ofrecimientos.

Respecto a la propuesta que se hizo el 10 de noviembre de 2019 para que Jeanine Áñez asuma la presidencia, el documento indica que se dio una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB): “(…) entre los facilitadores al diálogo estuvieron presentes por la  Conferencia  Episcopal  Boliviana:  el  Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano, y Juan Carlos Nuñez; por el cuerpo diplomático: el embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda; y el exembajador de España, Carmelo Angulo; por los comités cívicos estuvo presente Jerjes Justiniano, por el CONADE, Waldo Albarracín y, por parte de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz”.

“Todos coincidieron en que cualquier solución debía plantearse cumpliendo la Constitución Política del Estado. Bajo esta premisa, la primera propuesta analizada, para ser elevada a la Asamblea Legislativa, relativa a la instalación de una junta cívico militar, propuesta por Luis Fernando Camacho, en medios de comunicación, fue rechazada inmediatamente. Después se analizó la posibilidad de que la presidenta de la Cámara de Senadores asumiera la presidencia del Estado mientras se llamaba a nuevas elecciones y en  el  cargo  se encontraba  la  senadora  Jeanine Áñez”, indica el documento.

“Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y no había presentado su renuncia. En mérito al Reglamento Interno del Senado y la configuración de su directiva, le correspondía reemplazar a la presidente saliente y al primer vicepresidente que también había renunciado. En conclusión, Áñez se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidente del Senado”.

“Desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y, a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Jeanine Áñez, vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado. Ella respondió: ‘si es para servir al país, aquí estoy’", añade el informe.

En este punto, el reporte añade que se trató de “una consulta sobre una posibilidad. En ningún momento se tomó decisión alguna”.

De esta manera, el informe de la Iglesia Católica confirma las declaraciones de Áñez ante la Fiscalía en sentido de que Ricardo Paz fue quien gestionó que ella llegue a la Presidencia “(…) entre 18:00 a 19:00 (era ya de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en reunión buscando una reunión pacífica y me sorprendo de la llamada, me dicen que estaban buscando la mejor forma constitucional, de cómo hacer una transición, y como en el Senado todos habían renunciado, yo era la segunda vicepresidenta del Senado, me preguntaron si estaba dispuesta a asumir la presidencia para hacer el proceso de transición y llamar a nuevas elecciones constitucionales, a lo que yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”.

Por otro lado, el informe de la Conferencia Episcopal añade que el 12 de noviembre de 2019, se realizó otra reunión  a la que asistieron “el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto,  P. José Fuentes Cano y Juan Carlos Nuñez,  por el cuerpo diplomático, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; Embajador de España,  Emilio Pérez de Ágreda; y el Exembajador de España Carmelo Angulo, acompañante del proceso de auditoría de la OEA; por los partidos políticos representando al MAS la senadora Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y la Sra. Ana Teresa Morales; por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, Ricardo Paz y Carlos Alarcón: por Unidad Nacional Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso; por Unidad Demócrata Óscar Ortiz; así como el expresidente Jorge Quiroga y  Luis Vásquez;  por los Comités Cívicos: Jerjes Justiniano;  por el CONADE:  Rolando Villena, exdefensor del pueblo (sic)”.

“La reunión comenzó con la afirmación, por parte de las representantes del MAS, de que no iban a aceptar en la Asamblea Legislativa la renuncia del expresidente Evo Morales (asilado ya en México) ni iban a apoyar a la senadora Jeanine Áñez”, agrega el informe de la Iglesia Católica.

“Las opciones que plantearon los participantes de la reunión fueron: 1. Que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”, añade el informe de la jerarquía católica.

Al respecto, Rivero dijo este martes a través de su cuenta de Twitter que “3) En reunión del 12 a la que me llamaron a incorporarme JAMÁS se me consultó nada, menos se habló de mi. Tratamos procedimientos. La prueba de su plan b) está en redactor de la sesión 200 Cámara de Diputados, en él Giovana Jordan (PDC) lo cuenta”.

Por su parte, Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, también desmintió la versión de que ella rechazó asumir la presidencia del país, según el reporte de Bolivia Tv.

Al respecto, en su declaración ante la Fiscalía, Áñez dijo que Carlos Mesa fue quien se opuso a la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra. “(…) el señor (Antonio) Quiroga llama al señor Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, las protestas continuarían”.

Tras las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera y ministros, dijo Áñez “el señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, informó este martes que Bolivia tiene a más de 1.000 personas acogidas en calidad de refugiadas o asiladas porque fueron obligadas a dejar sus países por diversos motivos.

“En la actualidad hay algo más de 1.000 personas a las que Bolivia ha acogido, que se han visto obligadas a dejar sus países de origen por diversas situaciones”, aseveró, en la presentación del documental “No soy de aquí… Historias de refugio en Bolivia”.

Explicó que el país ofrece a esas personas resguardo para que desarrollen actividades de diversa índole en la sociedad.

La presencia de los acogidos en el territorio nacional, precisó, se debe a que Bolivia suscribió varios convenios internacionales relativos a asilos y refugios y es un país “muy cumplidor de sus acuerdos”.

La autoridad estatal explicó que el refugio o el asilo se proporcionan a una persona cuando existen casos de persecución política o circunstancias que les obliguen a salir de sus naciones por múltiples causas.

“En Latinoamérica, fundamentalmente, esto ha sido por motivaciones políticas”, sostuvo.

El titular de Relaciones Exteriores recordó que Bolivia tuvo que recurrir a esos beneficios durante los gobiernos de facto, porque varias personas buscaron asilo o refugio en otras regiones, en especial miembros o activistas de partidos políticos afines al movimiento popular.

“En el último tiempo de nuestra historia reciente varios de nuestros compatriotas han tenido que huir también del gobierno de facto instaurado en noviembre de 2019, con la señora (Jeanine) Áñez a la cabeza”, concluyó.

Este miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en sesión ordinaria tratará la ampliación del trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, además de considerar el informe preliminar de esa instancia legislativa.

La Comisión Mixta, que fue conformada el 17 de diciembre de 2020 en una sesión similar, detectó en su recorrido nacional al menos 87 casos que solicitaron auditoría jurídica, informó su presidenta, la diputada Estefanía Morales (MAS).

“Hemos llevado a cabo una reunión interinstitucional con el Órgano Judicial, Defensoría del Pueblo, Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, para realizar un seguimiento a los casos de feminicidio y violencia contra la mujer. A nivel nacional tenemos 87 casos que solicitaron auditoría jurídica, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Tarija”, informó.

Asimismo, indicó que, desde la promulgación de la Ley 348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia”, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 938 casos de feminicidios.

En ese contexto, dijo que la Comisión trabaja en el fortalecimiento de las instituciones que atienden la problemática, como, por ejemplo, a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se le dotará combustible, equipamiento, movilidades, computadoras, oficinas amplias, para que aquellas mujeres y niños víctimas puedan ser atendidos.

Por otro lado, la Comisión recomendó también que, habiendo niños en situación de orfandad, se necesita gestionar un apoyo del Estado en el ámbito social, económico, educativo y cultural, además de la creación de un bono mensual, estrategia que es analizada con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Estos y otros datos del trabajo de la Comisión Mixta serán presentados en la sesión convocada para este 16 de junio.

El diputado Juanito Angulo (MAS) manifestó este martes que existen suficientes elementos de convicción que atribuyen al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, como cómplice de la expresidenta de facto Jeanine Añez, por lo que le exhortó a declarar ante el Ministerio Público por el caso golpe de Estado.

“Existen suficientes elementos de convicción que le atribuyen a Mesa como cómplice (del golpe de Estado de 2019) y que no se victimice más, y responda ante la justicia. Él siempre cambia de discurso y le pedimos que ahora lo asuma. Debe aclarar aspectos como su oposición al artículo 169 de la Constitución que establece la sucesión constitucional”, expresó.

Asimismo, remarcó que la decisión de Mesa, según lo expuesto por Añez, era fundamental para definir la consolidación del régimen de facto y que durante su gestión se produjo las masacres de Sacaba y Senkata dejando un saldo de 36 personas fallecidas, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos.

“¡Qué potestad tenía el señor Carlos Mesa para definir y que se instale un gobierno de facto?, por todos estos hechos tiene que responder ante el Ministerio Público”, enfatizó.

Finalmente, señaló que es necesario que el Ministerio Público amplíe las investigaciones a los autores materiales, intelectuales, directos e indirectos del golpe de Estado, como Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Ricardo Paz, Jorge Quiroga, entre otros.