Carlos Huallpa, exministro de Minería del gobierno de facto de Jeanine Áñez, informó que existía un “minigabinete” conformado por Arturo Murillo, Luis Fernando López y Yerko Núñez, que tomaban las decisiones clave en ese régimen.

“Había, más antes, un minigabinete que ellos armaban a la cabeza de Murillo, la Presidenta, estaba Defensa, el Ministro de la Presidencia. Había un minigabinete que se reunía”, indicó a Bolivia Tv, antes de prestar sus declaraciones en la Fiscalía.

Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos (EEUU) procesado por soborno y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones. Varios de sus cómplices también son procesados.

López, otro de los involucrados en la adquisición ilegal de gases lacrimógenos, se encontraría en Brasil.

Según el reporte televisivo, Yerko Núñez, exministro de la Presidencia, no se presentó a declarar este lunes pese a la convocatoria de la Fiscalía y se desconoce su paradero.

Al respecto, Huallpa deslindó responsabilidades sobre la aprobación de varios decretos supremos que dieron viabilidad a la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, informó este lunes que el Ministerio Público diseña la estrategia para citar a las personas que fueron aludidas por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, durante su declaración ampliatoria prestada el pasado 7 de junio por el caso golpe de Estado.

“De manera responsable, nuestro fiscal de materia se encuentra diseñando la estrategia correspondiente para citar a estas personas para que, como han sido aludidas, puedan prestar su declaración informativa en calidad evidentemente de testigos y su declaración nos dará pie a realizar cualquier otro tipo de acción futura”, manifestó en contacto con radio Cepra.

Sin embargo, Quispe aclaró que también se está analizando la pertinencia de la convocatoria de las 32 personas que fueron citadas por Áñez.

“Algunas personas, un poco desinformadas, señalan que estas 32 personas serían citadas para ser luego imputadas, aquello no es correcto, lo correcto es que se va a acotejar estos nombres con los elementos materiales que se tiene a la fecha y, con sustento en aquello, vamos a disponer su convocatoria a prestar declaraciones o caso contrario quedarán en la mera referencia”, subrayó.

Del mismo modo, resaltó que el Ministerio Público siempre respetará los principios establecidos en la Ley 270 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, en cuanto al principio de objetividad.

“Nosotros realizamos investigaciones en torno a un determinado hecho que es contrario a la norma y una vez que la investigación nos da elementos para poder atribuir una responsabilidad a una determinada persona, nosotros actuamos en ese sentido”, complementó.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, recordó que Carlos Mesa en noviembre de 2019, fecha en la que se negoció quién iba a asumir de facto la presidencia de Bolivia, no tenía ninguna representatividad porque era simplemente un candidato perdedor de las elecciones.

“¿Quién era el señor Mesa?, ¿a quiénes representaba?, era un perdedor de un proceso electoral anterior, ¿a quién representaba el señor Camacho?, el señor Pumari ¿a quién representaba? o los comités cívicos aglutinados en sectores fascistas que estaban ahí ¿a quién representaban los que se han reunido en la Universidad Católica Boliviana?”, cuestionó.

En este sentido, dijo que ninguno de los personajes que se reunió en esa oportunidad, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, tenía representatividad y que la única instancia con potestad constitucional de elegir a un nuevo presidente era la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Si hubo un vacío de poder ¿quiénes tenían la potestad constitucional para definir al nuevo gobierno, era la Asamblea Legislativa, no era el señor Mesa ¿él qué representatividad tenía?, ¿a quién representaba?, ratificó.

La expresidenta de facto Jeanine Añez reveló en su declaración ante la Fiscalía de La Paz que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no estaba dispuesto a que se dé curso a una sucesión constitucional.

En este sentido, Borda dijo que no fue solo el criterio de Mesa, sino también de todas las personas que acudieron a esa reunión, Fernando Camacho, entre ellos.

“Recuerdo que el 10 de noviembre, a las 16h00 sale el señor Camacho y dice ‘ahora hay que detenerlos a todos los parlamentarios del MAS y hay que exigir la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional’, el plan inicial era descabezar a todo el sistema político”, recordó.

El exasambleísta paceño, Gustavo Torrico, manifestó este lunes que para ejecutar el préstamo de gases lacrimógenos y material letal por parte del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno al gobierno de facto de Jeanine Áñez actuó gente de mucho peso político y que la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, no tenía el poder necesario para realizar ese tipo de solicitudes.

“Para hacer este tema, necesitas operadores de primer nivel, de primer mundo, o sea, a gente conocidísima en este tema político y con el aval del ‘Tío Sam’, porque sin ese aval nada funciona. Roxana (Lizárraga) es pues un ‘piojo tuerto’ en el mundo político, tiene que haber gente de mucho más peso político de relacionamiento internacional”, manifestó.

Según Torrico la cercanía de Lizárraga con Carlos Sánchez Berzaín hizo que el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, y prófugo de la justicia boliviana, participara de ese proceso irregular.

“No es tampoco que don Carlos Sánchez Berzaín haya llamado a Lenín Moreno y le haya dicho ‘prestales pues unas cuantas granadas de gas a los bolivianos’, ha tenido que haber otra orden, por eso es que el agregado militar en Ecuador hace todos estos enganches”, manifestó.

Sobre el préstamo específico de munición de guerra, Torrico recuerda que, casi a la par, el gobierno de facto aprobó el 14 de noviembre el denominado “decreto de la muerte” 4078 que otorgó inmunidad penal a los militares.

“Ese armamento que llega de Ecuador te muestra la intención de matar. Recuerdo que Kaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas, en pleno conflicto le pidió al presidente (Evo) Morales que dicte Estado de Sitio y después que firme el ‘decreto de la muerte’, ese decreto que luego le dio Áñez, y el presidente Morales le dijo que nosotros no íbamos a reprimir al pueblo”, señaló.

Agregó que “había la intención manifiesta de salir a matar, por eso pidieron un decreto y por eso pidieron munición extra”.