Parlamentarios de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y cívicos cruceños, optaron por politizar el tema de la salud con el fin de perjudicar el plan sanitario del gobierno, dijo este domingo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

“Esta Acción Popular es una acción política, estrictamente de la oposición de nuestro país, que quiere hacer politiquería con la salud”, dijo.

“La población sabe y conoce que se están realizando todos los esfuerzos por parte del gobierno, por parte de los gobiernos municipales y departamentales a fin de precautelar la salud de la población”, añadió.

Silva explicó que el recurso de Acción Popular que presentaron “Creemos (la agrupación de Camacho), comité cívico y políticos de la oposición, está en el marco de un acto y de un hecho político simplemente para perjudicar las políticas de gobierno”.

El 10 de junio, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, informó que, su tienda política, Creemos y el Comité Cívico de Santa Cruz, presentaron una acción popular que alcanza a cinco autoridades de gobierno.

Ante el manuscrito de Jeanine Áñez donde indica que está secuestrada y que le inventan cargos, el diputado del MAS, Juanito Angulo, dijo este domingo que hay suficientes elementos de convicción para los tres juicios de responsabilidades y que los legisladores que se opongan a esos procesos se convertirán en cómplices de la exmandataria de facto.

El legislador, en declaraciones en un salón de Radio Patria Nueva, indicó que el Legislativo se apresta a considerar los juicios contra Áñez en los casos denominados Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional y violaciones a la libertad de expresión durante el régimen de facto.

“La Asamblea Legislativa tiene que aprobar para que se enjuicie, se dé el procesamiento ante estos hechos que tienen muchos elementos de convicción para llevar adelante el procesamiento”, indicó el legislador quien anticipó que quienes se opongan a dichos procesos de responsabilidades se convertirán en cómplices de Áñez.

Los primeros días de junio, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra Jeanine Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.

Uno de estos casos se refiere a que el Gobierno de facto, a través de un decreto supremo, concedió de manera irregular un Registro de Comercio por 15 años a Fundempresa.

Otro proceso tiene que ver con Añez y sus colaboradores quienes fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica el reporte de prensa del Ministerio de Justicia.

El vocero presidencial, Jorge Richter, calificó de “hecho crítico” el “préstamo” de municiones del gobierno de Ecuador en 2019 a Bolivia, en la administración de facto de Jeanine Áñez, para reprimir a los bolivianos. 

“Eso ya es un hecho crítico que seguramente vamos a tener ocasión de conocer en profundidad en los siguientes días, en las siguientes semanas”, dijo Richter este domingo en entrevista con el programa “Las 7 en el 7” del canal Bolivia Tv.

El portavoz presidencial señaló que es un hecho que en Bolivia se generó la posibilidad de que en forma coordinada con otro gobierno de corte “absolutamente” neoliberal se haya establecido una donación, préstamo o venta de armamento letal y de grueso calibre. 

“Ellos (el gobierno de facto) siempre decían que nunca se había disparado un solo proyectil en el país para reprimir a los bolivianos; (sin embargo, hubo muertes) en noviembre de 2019 en Sacaba, en Senkata”, lamentó. 

Asimismo, recordó que el 16 de noviembre de 2019 partió un avión de Bolivia rumbo a Ecuador para transportar proyectiles y granadas, material letal, lo que nunca fue de conocimiento del pueblo boliviano, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. 

“Cada día es algo todavía más crítico, más angustiante, pero mucho más debelador de lo que ha significado el comportamiento antidemocrático (…) con material bélico que han logrado conseguir de otro país, esto es verdaderamente crítico”, manifestó el Vocero Presidencial.

Según datos oficiales, el 16 de diciembre de 2019, el Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador solicitó al Director General de Logística de la Policía de ese país explicar el proceso que debe seguir Bolivia para devolver las granadas y proyectiles utilizados en el marco de la cooperación regional para reprimir a los pueblos.

El 18 de diciembre, el mismo Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador envió un informe al exministro de facto, Luis Fernando López, detallando todo lo que se debe devolver a ese país.

El 27 de mayo de 2020, el Comandante de la Policía de Ecuador solicitó una vez más que se le devuelvan los proyectiles y las granadas que se entregó en noviembre de 2019 para reprimir al pueblo boliviano.  

Al respecto, el Ministro de Gobierno dijo el sábado que espera que el “gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en esos días oscuros para Bolivia” y de esa manera dar con la verdad histórica del golpe de Estado.

Carlos Mesa no solo bloqueó la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra en 2019 sino que impidió que cualquier legislador del MAS asuma la presidencia del país, según un testimonio y sus declaraciones a la prensa. Ante ello, el vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), con su conducta, no acredita respeto a la Constitución.

El 10 de noviembre de 2019, luego de que se supo la renuncia de Evo Morales, ocurrida para evitar más hechos de violencia, Carlos Mesa recorrió las calles con un megáfono en su mano y allí fue claro al asegurar que ninguna persona del MAS- IPSP debe asumir la presidencia del país, según publicó el periódico El Deber.

“Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, fue uno de los primeros en oponerse este domingo a la posibilidad de que asuma la presidencia del país, hasta que se llamen a nuevas elecciones, un integrante de la Asamblea Legislativa, que sea partidario del MAS”, indica el reporte de prensa.

La publicación cita las palabras textuales de Mesa ese entonces: "’Nadie del MAS debe seguir el proceso (post Evo Morales)’, dijo Mesa, que se encontraba en el centro paceño celebrando la renuncia del Primer Mandatario”, indica la publicación que está disponible en el sitio web  https://eldeber.com.bo/el-deber/para-mesa-nadie-del-mas-debe-seguir-en-el-proceso-post-evo-morales_156217

“Luego recalcó que es posible que se pueda elegir presidente (transitorio) ‘a alguien de la Asamblea Legislativa, que no sea del MAS’. Hasta este domingo, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, era la principal opción para asumir el mando de Bolivia”, indica el reporte de prensa de aquel 10 de noviembre de 2019.

Además de cerrar el paso para que legisladores del MAS asuman la presidencia, Mesa también bloqueó la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado, y participó en reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) donde actores extraparlamentarios, como Ricardo Paz, Samuel Doria Medina o la jerarquía católica, definieron e invitaron a Jeanine Áñez para que asuma la Presidencia de Bolivia.

“(…) yo no sé cuántas reuniones tuvieron, pero entre 18:00 a 19:00 (era ya de noche)  yo recibo una llamada de Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa) que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en reunión buscando una reunión pacífica y me sorprendo de la llamada, me dicen que estaban buscando la mejor forma constitucional, de cómo hacer una transición, y como en el Senado todos habían renunciado, yo era la segunda vicepresidenta del Senado, me preguntaron si estaba dispuesta a asumir la presidencia para hacer el proceso de transición y llamar a nuevas elecciones”, según testimonió Jeanine Áñez ante la Fiscalía.

Respecto a la conducta de Mesa, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó este domingo que “el estar en contra de que Salvatierra asuma la Presidencia, el manifestar, como sale en el periódico El Deber del 10 de noviembre de 2019, de que ninguna persona del MAS puede ser la extensión de ese proceso político, y acelerar la designación, por una vía no constitucional de la señora Áñez, significa una conducta que no acredita respeto a la institucionalidad democrática y menos a la Constitución Política del Estado. Seguramente la justicia va a encontrar los caminos que correspondan para el tratamiento de aquello”.