La exvicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, se presentó este viernes a declarar, de manera voluntaria, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por el caso golpe de Estado y aseguró que en noviembre de 2019 nunca hubo vacío de poder.

“He venido con pruebas que voy a aportar al proceso, lo hago como boliviana, como política porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas y que aporten con las investigaciones, no los que tiran la piedra y esconden la mano. He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder”, manifestó.

Aseguró que cuenta con pruebas de que el 11 de noviembre de 2019 no presentó ninguna renuncia a la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados ni tampoco como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados.   

“He traído mis pruebas, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio, el día 11 de noviembre, ¡no he renunciado!, muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas que les voy a entregar en CD y son las mismas que voy a entregar, ahora, al Ministerio Público”, mencionó.

Rivero cuestionó a quienes promovieron la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez, si dieron cumplimiento al Artículo 161 de la Constitución Política del Estado, sobre las funciones que debe cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Qué parte de este artículo cumplieron los que el día domingo le ofrecieron la presidencia a Jeanine Áñez y qué parte de este artículo cumplió la señora Jeanine Áñez, eso es lo que el país se debe preguntar”, subrayó.

Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, afirmó este viernes que Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC) y excandidato presidencial, se abstuvo a prestar sus declaraciones ante la Fiscalía porque fue parte del golpe de Estado de 2019.

“Entendemos por qué no declaró, porque él es parte del golpe de Estado. Él ha convocado, ha incitado a que se genere convulsión, violencia en Bolivia en octubre y noviembre de 2019. En octubre, después que se ha ganado y el triunfo demostrado del MAS-IPSP en las urnas, la derecha encabezada por Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Fernando Camacho, Waldo Albarracín y Marco Pumari no aceptaron y, por eso, incitaron a la violencia”, rememoró.

La dirigente sostuvo que, desde las organizaciones sociales, que vivieron en carne propia la violencia, vieron cómo estos personajes convocaron e incitaron a la gente a las movilizaciones y que ahí estaba Carlos Mesa como parte principal de la ejecución de la ruptura institucional.

“Carlos Mesa es el que falsea la verdad histórica de lo que pasó, eso decimos las organizaciones sociales, porque aquí el señor Mesa no es la primera vez que se abstiene a declarar la verdad, lo mismo pasó después de la masacre de 2003. Como Vicepresidente de Goni, fue cómplice de esa masacre y hoy también lo hace”, refirió.

Manifestó que las organizaciones sociales fueron testigos de lo acontecido en los días previos y posteriores al golpe de Estado, porque sus principales dirigentes fueron golpeados y perseguidos.

“Hoy, no hay persecución; simplemente, pedimos justicia. En el régimen de Jeanine Áñez, nos detenían simplemente por andar en la calle, nos sembraban pruebas y nos metían a la cárcel sin citación y nada, no respetaban el estado de derecho”, mencionó.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, ratificó este viernes que Arturo Murillo permanece recluido en el Centro de Detención Federal FDC (por su sigla en inglés) de Miami, Estados Unidos, ya que su supuesta liberación no consta en los documentos judiciales del caso.

"Murillo sigue detenido, no ha dejado por tanto esa situación, no consta en el expediente judicial alguna actuación del distrito respectivo con relación a que él estaría siendo beneficiado, bajo la noticia que se dio que sería un testigo protegido, esta información no se puede corroborar por nosotros porque no nos corresponde”, puntualizó.

La aclaración surge por la difusión de una información que afirmaba que Murillo, procesado por lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, habría salido del centro penitenciario tras pagar una fianza $us 500.000.

“No hay nada que conste en el expediente”, dijo la autoridad, a tiempo de mostrar el informe escrito que le remitió el bufete contratado por Bolivia para seguir el caso. “Esto no es ineptitud, esto es sobriedad, esto es seriedad con lo que se tiene que hacer”, manifestó.

Por otro lado, recordó que el sistema norteamericano prevé que la Fiscalía del Estado de Florida aplique procedimientos para beneficiar a un inculpado con la reducción de pena a cambio de información.

“El sistema norteamericano prevé que la Fiscalía del Estado de la Florida, donde se aplica precisamente estos procedimientos, donde una persona inculpada puede acceder a beneficios de reducción de pena y otros dando información, lo hemos dicho en cuanto hemos llegado de los Estados Unidos y está bastante claro que es un mecanismo posible de acuerdo a las normas de los Estados Unidos, pero no está registrado en el sistema”, ratificó.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este viernes que el Gobierno iniciará una investigación sobre el plan de conspiración del exministro de Defensa, Fernando López, para plantear un proceso penal.

Una investigación de la revista The Intercept, de EEUU, revela que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce en octubre de 2020. El producto periodístico incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que atribuyen a López.

“Lo que ocurrió con el señor Fernando López, exministro de Defensa, es muy grave para la democracia del país, que cuando se tenía conocimiento de los resultados de las elecciones y la victoria del presidente Arce, se hubiera dado una situación como la que se está revelando, muestra que existe un plan estructural”, aseguró el ministro Lima.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó esta mañana que los audios que involucran al exministro de Defensa en un plan de conspiración son reales, debido a que una comparación permite establecer un 99,9% de correspondencia en los caracteres.

“Los indicios que representan estas grabaciones nos obligan a investigar. Por eso, se sostuvo que debemos llevar adelante un proceso penal”, aseveró el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

Sostuvo que en el país los audios como tal no representan una prueba; pero, debido al caso, amerita una investigación y presentar las acusaciones que correspondan cuando se tengan todos los elementos necesarios.

“El pensar que nuestras Fuerzas Armadas puedan estar involucradas en una segunda actitud de golpe de Estado sería muy grave. No necesitamos presentar ninguna acusación formal en este momento. Hay que hacer una investigación seria y esto va a estar a cargo de nuestro Ministro de Defensa (Edmundo Novillo) que tiene que brindarle al país las explicaciones necesarias a partir de este indicio”, dijo Lima.