Largas filas se registraron en centros de salud públicos y del seguro social en la ciudad de La Paz, donde la población se encontró con un aviso de suspensión de actividades debido al paro médico dictado en plena pandemia del COVID-19.

“Estoy haciendo fila desde las 05.30, no sabía nada del paro”, dijo un adulto mayor entrevistado por la Red Uno en la puerta del Policlínico Central de la Caja Nacional de Salud (CNS).

“Hay un letrero que dice que están en paro, voy a esperar a ver si me atienden”, señaló otro afiliado quien aseguró que desconocía de la medida de presión.

En la víspera, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) decretó el inicio de un paro médico nacional hasta el 28 de febrero en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria relacionadas a la regulación de precios del servicio que prestan las clínicas privadas y de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros aspectos.

“Mientras otros están atendiendo en clínicas privadas, nosotros tenemos que estar aquí madrugando en busca de atención y eso no está bien”, dijo una persona entrevistada por el canal Bolivia Tv en puertas del Hospital de Clínicas.

“Pido a los médicos que respeten el juramento hipocrático que hicieron y reconsideren su paro, por favor”, instó otro entrevistado.

En la víspera, el ministro de Salud, Jeyson Auza, invitó a los médicos a iniciar mesas de diálogo sobre sus nuevas observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, las cuales podrán ser incorporadas en la reglamentación a dicha norma jurídica.

El Ministerio de Salud reportó este jueves 1.029 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que el número de pacientes recuperados durante la jornada asciende a 1.196.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 340, Santa Cruz volvió a encabezar la lista de los departamentos más afectados con 446 casos. Le siguen Cochabamba, con 146 y La Paz, con 134.

Chuquisaca presenta 58 nuevos contagios; Potosí, 27; Oruro, 96; Beni, 29; Pando, 11; y Tarija, 82.

Ese reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 239.524 casos positivos, de los cuales 45.637 están activos.

Además, se descartaron 417.406 casos, se tienen 2.566 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa del virus asciende a 11.353. El total de pacientes recuperados suma 182.534.

El presidente Luis Arce participó este jueves en el acto de homenaje al 50 aniversario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y allí destacó los avances registrados en los tres últimos meses respecto a la recuperación de la democracia, la salud, la educación y la economía.

El Mandatario lamentó que durante el gobierno de facto se persiguieron y enjuiciaron a quienes pensaban distinto con el fin de aniquilar a las organizaciones sociales y estigmatizarlas como subversivas.

Sin embargo, la movilización social del pueblo boliviano logró la recuperación de la democracia, manifestó.   

“Cuando entramos al Gobierno, encontramos un Estado saqueado, sin recursos y además endeudado. Nos dejaron sin salud, nos dejaron sin educación, y poco a poco, hermanos, nos hemos estado parando”, indicó Arce en referencia a la clausura del año escolar determinada por el régimen de Jeanine Áñez.

El Presidente también destacó los avances en la lucha contra el coronavirus ya que se priorizó “la salud y hoy tenemos pruebas, tenemos vacunas, y ahora acabamos de recibir un hospital móvil inclusive, tenemos medicamentos, ayer ha llegado un lote de medicamentos, ahora estamos preparados”.

Respecto a la educación, el Mandatario destacó la implementación de clases a distancia, semipresenciales y, en algunas regiones, presenciales.

Sobre la economía, Arce dijo que se avanza poco a poco. “Hemos reactivado la inversión pública, queremos seguir apoyando a los productores” interculturales, afirmó. 

“Y poco a poco nos vamos recuperando, poco a poco ya vamos saliendo otra vez, y entendemos que hay muchas necesidades que tenemos”, indicó el presidente, quien entregó cinco vehículos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales.

Tras una audiencia con el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio determinó cuatro ejes para viabilizar el proyecto de ley de modificación a la Ley 348.

Como primer elemento, la Comisión convocará a una reunión en la que participarán las instituciones e instancias correspondientes para articular la coordinación entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones.

Según un boletín informativo institucional de la Cámara Baja, como segundo aspecto se estableció que, en la próxima reunión entre la Comisión y el Presidente Nato de la Asamblea, se revisarán las propuestas de modificación a las leyes: 348 - Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y 1168 - De Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La tercera determinación consiste en que la Comisión elaborará un paquete de proyectos de ley que será presentado el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El cuarto punto está relacionado a la socialización de información referente a la lucha contra la violencia de género, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre esa temática. A su vez, en coordinación con el Ministerio de Educación, se realizarán acciones para fortalecer la prevención social en niños, niñas y adolescentes.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, suscribieron este jueves un convenio con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para el desarrollo conjunto de cursos de capacitación y actualización en temas y terminología correspondientes al ámbito penal, en favor de los jefes de redacción y los periodistas de los medios de comunicación del país.

“Lo que se pretende es promover cursos de capacitación y actualización a favor de los periodistas, jefes de redacción y de prensa de medios de comunicación de radio, prensa, televisión y páginas digitales de información en temáticas relacionados a las funciones del Ministerio Público. Asimismo, facilitar material jurídico para apoyar las capacitaciones”, señaló Lanchipa, citado en un boletín institucional.

El convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación y cooperación a través del desarrollo de cursos de capacitación y actualización, en beneficio de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, para así apoyar en el entendimiento de las funciones propias de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, los periodistas participarán en los eventos organizados por el Ministerio Público e intercambiarán criterios en temas de interés social como la trata y el tráfico de personas y la violencia contra niños, niñas adolescentes y mujeres, entre otros.

La directora de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud, María Bolivia Rothe, calificó de político y defensor de intereses particulares al paro anunciado por sectores de médicos, mientras el Gobierno alista la vacunación masiva contra el COVID-19 con la habilitación de 4.123 centros de salud y brigadas móviles.

La autoridad, en el programa 180, de Radio Patria Nueva, lamentó que algunos sectores de médicos prioricen sus intereses políticos y defiendan beneficios personales en momentos en que el país lucha contra una pandemia.

Cuestionó que “un grupo de médicos, siguiendo solamente intereses personales, político-partidarios y de conveniencia, sin pensar en la población, haya decidido un paro que además es totalmente injustificado”.

De esa manera, Rothe hizo alusión a la candidatura de Luis Larrea, actual presidente del Colegio Médico de La Paz, quien es a la vez postulante a la Alcaldía de La Paz por la agrupación política Unidos por La Paz.

La Directora cuestionó que los galenos lograron incluir sus observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, tras firmar un acuerdo con el Gobierno, pero luego “borraron con el codo lo que escribieron con la mano”.

Añadió que el paro de los médicos no afectará al Gobierno, pero sí a la población en general.

Por otro lado, Rothe dijo que el Ejecutivo prevé la llegada de 500.000 vacunas contra el coronavirus, entre el 22 y el 25 de febrero. Para la aplicación masiva de esos inmunizantes se habilitarán 4.123 centros de salud y se pondrá en vigencia brigadas de salud que recorrerán el área rural, manifestó.

En el caso de las brigadas, cada una de ellas estará conformada por tres personas: un vacunador, un facilitador y una persona dedicada al registro de la inmunización.

Rothe dijo que la vacunación se regirá en base a varios principios, entre ellos los de equidad, igualdad, gratuidad y no discriminación.