El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este martes que en Ecuador se abre un proceso contra el expresidente Lenín Moreno por el préstamo de municiones al régimen de Jeanine Áñez en 2019.

“La investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de Añez y Lenin Moreno no puede quedar impune”, publicó en su cuenta de la red social Twitter.

El asambleísta de Unión por la Esperanza y afín al expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, presentó el lunes a la Fiscalía General del Estado de Ecuador una demanda penal contra el expresidente Moreno por el presunto delito de peculado en relación con la entrega de armas a Bolivia.

El jueves 10 de junio, la Agencia Boliviana de Información (ABI) tuvo acceso a un documento oficial del Ministerio de Gobierno del Ecuador en el que se revela que el Gobierno de Lenín Moreno prestó al régimen de Áñez 5.500 granadas y 2.949 proyectiles en noviembre de 2019 para reprimir a protestas en el Estado Plurinacional.

Según el detalle, el material entregado consiste en 5.000 granadas de mano GL-302, 500 grandas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

El Ministerio de Gobierno y autoridades subnacionales se reunieron este lunes para coordinar la implementación de la segunda fase del sistema de seguridad ciudadana Bol-110, que en una primera etapa se instaló en la ciudad de La Paz y que dio buenos resultados para la atención de emergencias.

“Esta es una clara muestra de la importancia y relevancia que le damos como autoridades, tanto del nivel central como del nivel subnacional, a lo que es la seguridad ciudadana. Esta es una clara evidencia que, como Gobierno nacional, nuestra intención y lineamiento es trabajar con las nueve gobernaciones y con los 340 municipios del país”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. 

El “Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Subnacional BOL-110” en su segunda fase pretende la incorporación de tecnología preventiva para mejorar la cobertura, la oportunidad y la agilidad en la atención de servicios policiales, mediante dispositivos de alta tecnología que permiten la reducción del delito.

“La implementación de este proyecto ha traído beneficios significativos a la ciudad de La Paz, atendiendo emergencias, luchando contra la delincuencia, vigilando barrios con altos índices delictivos, erradicando la violencia hacia la mujer y coadyuvando con acciones sanitarias entorno a la pandemia del COVID-19, es por ello que se pretende replicarlo en otras zonas del país”, aseveró el Viceministro, según una nota de prensa.

La autoridad destacó que la inversión que se destinará a la implementación del proyecto BOL-100 es de Bs 350 millones, gracias a un crédito concesional.

El capital será destinado a dotar de tecnología de alta gama para las Unidades de Vigilancia para la Ciudad (UCV) en los municipios de Cobija, El Alto, Santa Cruz, Trinidad y Warnes; Oruro ya cuenta con la implementación y viene demostrando efectos positivos.

La Fiscalía de Oruro confirmó el sobreseimiento de los exvocales al no existir pruebas sobre la denuncia de fraude en las elecciones de 2019. De esa manera, las fiscalías de todo el país determinaron que no existen elementos probatorios del “fraude monumental” denunciado por Carlos Mesa y otros actores políticos.

El informe fue brindado este lunes por el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, mediante su cuenta de Twitter en la que se adjunta fotografías de la Resolución Jerárquica F.D.O. /F.G.A.C. N° 201/2021 de fecha 14 de junio de 2021 de la Fiscalía Departamental de Oruro.

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas.  De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y si existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos (sic)”, escribió el Ministro.

La Resolución de la Fiscalía de Oruro indica que “(…), la impugnación, no será consistente en sus argumentos, tal cual acontece en el caso en cuestión, pues ni el propio impugnante ha señalado en su impugnación, cuál o cuáles son los elementos probatorios que demuestran objetivamente la existencia de hechos presuntamente ilícitos y en su caso cuáles fueran los elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”.

Por ello “se ratifica la resolución de sobreseimiento presentado en fecha 4 de marzo de 2021 emitido por los fiscales de materia”, agrega el documento.

Los denunciantes en este caso fueron Saúl Fuentes Gutiérrez y Rando Luciano Chambi Mamani en contra de Ruddy Nelson Huayllas Huarachi, William Richard Montaño Campos, Ana María Gonzáles Cerrogrande, María Eugenia Arce Arias y Judith Ramos Flores por la presunta comisión de delitos electorales.

La Resolución de la Fiscalía de Oruro dispuso la conclusión del proceso penal con relación a los imputados y la cesación de las medidas cautelares, así como la cancelación de los antecedentes penales.

Las fiscalías departamentales, en distintas fechas, emitieron resoluciones de sobreseimiento respecto a las denuncias de fraude electoral. Por ejemplo, la Fiscalía Departamental de Beni alegó que “los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación por los delitos imputados”, instruyendo que se archiven obrados.

Agregó que, “no se cuenta con elemento de convicción alguno que denote la participación en la supuesta alteración de actas electorales”.

Desde 2019, Carlos Mesa, entonces candidato presidencial, denunció públicamente la existencia de un “fraude monumental” en las elecciones generales, se declaró víctima del mismo y llamó a la convulsión social contra ese supuesto ilícito electoral.

Tras su llamado, grupos de choque asaltaron instituciones públicas, saquearon domicilios de autoridades de entonces, secuestraron y torturaron a familiares de los gobernantes bajo la consigna de “fraude”. Esos hechos delictivos derivaron en el golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, Arturo Murillo y otros actores políticos en noviembre de ese año.

La Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Régimen Penitenciario realizaron este lunes el lanzamiento de la campaña “Libros Por Rejas”, que consiste en la donación de textos para los recintos penitenciarios del país. El proyecto se realiza desde 2019 como una alternativa a los programas de reinserción social.

“La Defensoría del pueblo ha ideado este programa ‘Libros Por Rejas’, porque considera que los procesos de readaptación y reinserción social son una tarea fundamental del Estado, pero que actualmente no cuentan con el apoyo del sistema de justicia ni existen las condiciones carcelarias debido al hacinamiento para que sean efectivos”, dijo Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en un boletín institucional.

Recordó que, hasta la fecha, 177 personas privadas de libertad recibieron una certificación con carga horaria, documento que es validado por los jueces de ejecución en los procesos judiciales. Además, apuntó que el programa es valioso porque permite a los internos encontrar procesos de liberación y expiación consigo mismos y con las víctimas que están fuera de las cárceles.

“Este programa nace en 2019. En un inicio, con mucho apoyo del Estado, pero que en 2020 siguió funcionando casi solitariamente con la demanda de los privados de libertad y con algún apoyo aislado. Hoy, nos place que este programa, que representa un costo casi cero para el Estado, se institucionalice en todos los centros penitenciarios del país, e incluso en algunas carceletas de provincia”, destacó.

Informó que la campaña se extenderá hasta el 31 de julio, tiempo en el cual las instituciones públicas y privadas, las organizaciones que trabajan en materia de Derechos Humanos y la población en general podrán hacer llegar sus donaciones a las 18 oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como a las ubicadas en la calle Colombia N° 440 en la zona de San Pedro.

La ceremonia contó con la participación de los ministerios de Gobierno y de Educación, como Juan Carlos Limpias, director General de Régimen Penitenciario; Bernardino Baldivieso, director Nacional de Seguridad Penitenciaria, y Róger Quillo Calisaya, director General de Educación Alternativa, entre otras autoridades.