El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pierre Chain inició acciones para investigar las causas de la millonaria deuda que dejó la gestión de Luis Revilla con la empresa de aseo urbano La Paz Limpia, la cual asciende a más de Bs 42 millones, pese a que la Alcaldía cobra mensualmente la tasa de aseo urbano en cada factura de luz.

“Esa información es importante para los 11 concejales y para el millón de habitantes paceños. No sé cómo la dividen, si hay recojo, si hay limpieza, si ponen detergente, si desinfectan las calles, no lo sabemos, pero es un derecho porque es plata y dinero de un millón de bolivianos”, sostuvo.

En ese propósito, el pasado jueves presentó una petición de informe escrito ante el pleno del Concejo, donde logró el respaldo de todos los concejales para que el alcalde Iván Arias informe sobre el destino que da el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a esos recursos, según indica un reporte de prensa institucional.

Advirtió que, si el Alcalde no toma acciones para investigar o denunciar, estaría incurriendo en complicidad, manteniendo el mismo esquema de manejo de recursos, sin descartar un posible desvío de fondos que constituiría un delito.

El presidente del Concejo, Jorge Dulon, a tiempo de dar por aprobado el acto de fiscalización, acordó que la petición de informe siga el procedimiento interno para que la próxima semana se canalice al Ejecutivo municipal.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió este domingo que los audios que involucran al exministro de Jeanine Añez, Luis Fernando López, para perpetrar un segundo golpe de Estado en 2020, "no es un hecho aislado".

"Sobre los audios filtrados de Fernando López, es un tema estructural, un tema ocurrido de manera grave en el país", manifestó Lima, citado en un boletín de prensa institucional.

El titular de Justicia remarcó una serie de sucesos, relacionados a un segundo intento de golpe de Estado.

Recordó que tras la victoria del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca con el 55,1% el 18 de octubre de 2020, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista desconoció resultados y pidió la intervención a la OEA.

También remarcó que algunos exparlamentarios de oposición, solicitaron ante la Sala Cuarta de la justicia constitucional de Santa Cruz, que declare una medida cautelar para impedir la posesión del presidente Arce.

De igual manera, se registraron solicitudes en las puertas de los cuarteles para que  militares impulsen un segundo golpe de Estado.

"Este audio no es un hecho aislado, está en el contexto de estas declaraciones", sostuvo el titular de Justicia.

En ese sentido la autoridad advirtió que hace unos días el cívico cruceño Rómulo Calvo, que calificó de "bestias humanas" a quienes se movilizaron en agosto de 2020 por la realización de elecciones, pidió a la OEA la aplicación de la Carta Democrática lo que perjudicaría al país, incluso en la adquisición de vacunas Covid-19.

"Un presidente que es elegido con el 55,1% del apoyo de la población, tiene que terminar su mandato. Definitivamente si hay un acto de sedición o que configure un delito, tiene que ser investigado, pero no es un hecho aislado, es un acto que involucra una serie de acciones", acotó.

Lima agregó que algunas de estas acciones tienen responsabilidad penal y otras no pasan de ser comentarios o actitudes de odio.

"Estamos en un proceso de evaluación e investigación y recolección de información y si encontramos responsabilidades penales presentaremos acción penal", dijo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció hoy que “existe un movimiento sedicioso” en contra del gobierno del presidente Luis Arce que se manifiesta a través de acciones concurrentes de excandidatos perdedores de la elección nacional y actores de la oposición involucrados en el golpe de Estado.

“Esta situación no va a quedar en la impunidad”, advirtió la autoridad a tiempo de confirmar una investigación que derive en un proceso penal, según un boletín de prensa institucional.

Lima recapituló varias acciones de desestabilización que pretenden desconocer la voluntad popular de la elección de octubre del año pasado que culminó con la elección del Presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca con el 55, 11% de votos.

Advirtió además que esta campaña política de la oposición se apoya en un discurso de odio que busca politizar las acciones de contención de la pandemia mundial por el Covid 19.

“Ese es un tema muy grave y me parece a mí que es un tema estructural y que no es casual”, dijo el ministro.

“Desde el primer momento de la elección de los primeros días en los que sabíamos ya que el pueblo boliviano había optado por el Presidente Arce con un 55% de apoyo se empieza a generar una serie de movilizaciones que son estructurales, no son casuales”, dijo la autoridad.

“La vocal (del Tribunal Supremo Electoral) Rosario Baptista desconoció resultados y solicitó una nueva intervención por parte de la OEA, sin pruebas. A eso se suman los pedidos de cívicos y otros para pedir de rodillas una intervención de las Fuerzas Armadas entre otros hechos”, recordó.

El Ministro Lima recordó además que el principal promotor del paro de 21 días en Santa Cruz que derivó en las acciones violentas previas al golpe de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho advirtió al Presidente Arce con que seguiría la misma surte del expresidente Evo Morales.

“Camacho diciendo que el Presidente Arce no siga la suerte del Presidente Morales y toda la estructura que se está dando en este momento de generar una situación de convulsión en el país es una muestra evidente de que existe un movimiento sedicioso y esta situación no va a quedar en la impunidad”, dijo Lima.

Mencionó que la revelación de las “grabaciones de Fernando López (exministro de Defensa del gobierno de facto) contratando a 10.000 mercenarios en los EE.UU, la visita que se hace de parte del señor (Rómulo) Calvo, a (Luis) Almagro (secretario general de la OEA), pidiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, reflejan un esquema de conspiración política de la oposición.

La autoridad de Estado, dijo que a esas acciones antidemocráticas se suman las arengas de un excandidato perdedor del MNR que inició una campaña para forzar la renuncia del Presidente Arce.

“Esto es parte de un proceso sedicioso, es un proceso que no puede quedar sin investigación y, adicionalmente a todo lo que está haciendo tiene que aclararse”.

“Tendrán que ser convocados quienes están participando en este movimiento sedicioso que de ninguna manera puede ser tolerado”, dijo.

Aclaró que el discurso de odio y sedición promovidos por algunos opositores no puede ser confundido con la libertad de expresión, derecho garantizado por la Constitución Política del Estado.

Autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) informaron el sobreseimiento de su secretaria de Justicia, Susana Larrea, quien en octubre de 2020 fue aprehendida y enviada a Palmasola. Denunciaron que hubo móviles políticos en la investigación y violación de derechos por parte del gobierno de Facto.

“El 31 de agosto de 2020, se abrió un proceso penal contra el entonces director general de Justicia Indígena del Ministerio de Justicia, Zenón Rodríguez, quien fue aprehendido en base a un CD de audio con relación a una convocatoria para notarios y supuesto cohecho activo para la designación de notarios en Santa Cruz, el cual fue difundido por redes sociales. Esa investigación fue ampliada a la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, sin elementos en su contra. Al presente, el caso se encuentra con sobreseimiento ejecutoriado”, manifestó el Tata Jiliri Departamental Santa Cruz, Iver Valenzuela, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, expresó: “He demostrado mi inocencia en la investigación que me hicieron, la resolución fiscal ha reconocido que no existió prueba en mi contra y nunca probó mi participación en el hecho, por lo que he sido sobreseída. Es lo que debo hacer conocer a la población, fui perseguida durante el gobierno de Áñez, se violaron mis derechos como mujer por ser indígena, está limpio el nombre del Conamaq”.

Las autoridades de Conamaq identificaron móviles políticos en la ampliación de la investigación y la forma en que se llevó a cabo, no habiendo podido recolectar elementos lícitos en contra de los sindicados.