El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que se envía información precisa al equipo de abogados en Estados Unidos (EEUU) para fundamentar el juicio civil contra el exministro Arturo Murillo.

Explicó que el proceso civil busca la recuperación de al menos $us 2,3 millones del sobreprecio apropiado por el clan de Murillo y sus cómplices en la adquisición de gases lacrimógenos durante el golpe de Estado.

“Se va a iniciar un juicio civil con la información que estamos enviando a los Estados Unidos, a nuestros abogados, es un procedimiento que felizmente se puede hacer de manera paralela al juicio penal”, indicó en declaraciones a los medios.

Dijo que el daño económico causado por Murillo puede ser mayor, tomando en cuenta los daños y perjuicios al pueblo boliviano cuyos recursos fueron destinados a la adquisición de los gases.

El Estado boliviano contrató los servicios del bufete de abogados estadounidense Greenberg Traurig para hacer seguimiento a tres procesos del caso denominado gases lacrimógenos.

El consorcio de abogados cuenta con una experiencia de 54 años. Fue fundado en Miami en 1967. Desde entonces, abrió 30 oficinas en EEUU, sobre todo, en los principales centros financieros, donde brinda sus servicios legales.

Por otra parte, Chávez, quien estuvo recientemente en EEUU para hacer un seguimiento al caso, dijo que se prevé que Murillo no sea liberado por la justicia de ese país mientras dure su proceso judicial.

La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, muy cercana a Carlos Sánchez Berzaín, fue el contacto clave para gestionar la entrega de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de Ecuador al régimen de Jeanine Áñez, denunció este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien dijo que esta cooperación para la represión del pueblo es similar a lo ocurrido en los ’70 con el Plan Cóndor.

El Ministro brindó detalles de todo el plan, de los integrantes, entre los cuales tuvo un papel protagónico el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, y del operativo que permitió la llegada de suministros usados para la represión del pueblo durante el golpe de Estado de 2019.

Explicó que la planificación se evidenció dos días después de que Áñez, el 12 de noviembre, se autoproclame Presidenta del país ya que se produjo el relevo del Alto Mando Militar.

El 14 de noviembre, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto 4078 que instruía la intervención de las FFAA para reprimir las protestas contra el golpe, así como evitar cualquier sanción contra los militares que participaran en la represión.

En ese gabinete, relató Del Castillo, Áñez preguntó a los jefes de la policía y las FFAA si tenían suficiente equipamiento para intervenir las protestas. Ante la respuesta negativa, la entonces ministra Lizárraga dijo que haría algunas llamadas y se comunicó con alguien durante 15 minutos y luego dijo que se consiguió que Ecuador, que entonces estaba gobernado por el conservador Lenin Moreno, accedió a prestar a Bolivia insumos para la represión.

“En ese gabinete de la muerte estaba la señora Áñez, el comandante de la Policía y el comandante de las FFAA; y la señora Áñez pregunta a ambos comandantes si existían los suficientes elementos para reprimir al pueblo boliviano. De manera constante, ambos comandantes dicen que no tiene los elementos necesarios para seguir combatiendo a estas hordas”, parafraseó Del Castillo.

“No obstante, la señora Lizárraga abandona durante 15 minutos este gabinete, vuelve después de 15 minutos y dice ‘he conseguido todo lo que estamos buscando’ , le hace una pregunta al señor Arturo Murillo y al señor López Julio y les dice ‘¿cuánto es la cantidad que necesitan y precisamente qué es lo que están buscando?’”, dijo el Ministro de Gobierno.

“Abandonan el gabinete el comandante general de la Policía Boliviana, el comandante de las FFAA, el señor Arturo Murillo, el señor López Julio y la señora Lizárraga. Van a un cuarto aledaño y ahí empiezan a determinar las cifras que necesitaban”, relató Del Castillo.

Ante esa situación, el Ministro dijo que las preguntas que ahora surgen son: ¿con quién habló Roxana Lizárraga? y ¿qué habló durante esos 15 minutos para lograr la llegada de equipos de represión de Ecuador?

Lizárraga fue una periodista de varios años en la red televisiva Unitel. Ella fue vinculada varias veces a Carlos Sánchez Berzaín, exministro que se encuentra prófugo en Estados Unidos (EEUU) acusado por la masacre de 2003.

En ese contexto, el Ministro de Gobierno dijo que la gestión para la entrega de materiales destinados a reprimir al pueblo que se oponía al golpe de Estado, recuerda al Plan Cóndor, el sistema de represión política y terrorismo de Estado respaldado por Estados Unidos en los ’70 contra sectores de izquierda.

Respecto al traslado de las granadas y proyectiles desde Ecuador a Bolivia, Del Castillo dijo que “el 16 de noviembre partió el avión de Bolivia rumbo a Ecuador para traer los proyectiles y granadas y nunca esto fue de conocimiento del pueblo boliviano y por eso manifestamos que se ha manejado todo en perfil bajo para traer estas municiones a nuestro país y poder reprimir al pueblo boliviano”.

“Mientras Ecuador nos estaba enviando granadas para reprimir al pueblo boliviano, de manera paralela ya estaban elaborando el clan mafioso de Áñez y ejecutando un plan para saquear y robar al país. Utilizaron la empresa Bravo Tactical Solution para comprar de la misma empresa de origen, la empresa Cóndor, que proveía gases a Bolivia y Ecuador con un sobreprecio de $us 2,3 millones", indicó.

El 16 de diciembre el Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador solicitó al Director General de Logística de la Policía de Ecuador explicar el proceso que debe seguir Bolivia para devolver las granadas y proyectiles utilizados en el marco de la cooperación regional para reprimir a los pueblos.

El 18 de diciembre, el mismo Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador envió un informe a Luis Fernando López detallando todo lo que se debe devolver a Ecuador.

El 27 de mayo del año 2020, el Comandante de la Policía de Ecuador solicitó una vez más que se le devuelvan los proyectiles y las granadas que se entregó en noviembre del año 2019 para reprimir al pueblo boliviano.

Al respecto, el Ministro de Gobierno dijo que espera que el “gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en esos días oscuros para Bolivia y de esta manera dar con la verdad histórica del golpe de Estado que sufrimos los bolivianos y bolivianas el año 2019”.

La Fiscalía citó para este lunes en calidad de testigo al exprocurador General del Estado, Alberto Morales Vargas, para que preste su declaración respecto a la compra irregular de equipos antimotines que realizó el exministro Arturo Murillo.

“A objeto de que se presente en la Fiscalía Anticorrupción, portando su cédula de identidad para que preste su declaración informativa policial en calidad de testigo”, señala el documento fechado este viernes 10 de junio y firmado por los tres fiscales que llevan adelante la investigación, informó el periódico El Deber.

La citación fiscal advierte que si Morales no se presenta a declarar emitirán una orden de aprehensión en aplicación al artículo 198 del Código de Procedimiento Penal. La exautoridad asumió el cargo el 21 de septiembre de 2019.

El mismo día de su posesión, Morales descartó que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deba presentar un informe sobre la compra de gases. Sería “absurdo”, indicó en esa oportunidad.

“Es uno de los primeros informes que recibí (sobre la compra de esos materiales), además de que puede estar vinculado a la seguridad interior del Estado, los documentos informan que la solicitud, adquisición, los procesos de contratación, la recepción y el contrato están en esfera del Ministerio de Defensa y entiendo que el ministro de Defensa (Luis Fernando López) entregó el informe requerido por la Procuraduría”, indicó el entonces Procurador.

Murillo tiene una orden de aprehensión por este caso, el exministro de Defensa, Fernando López, se encuentra en Brasil y las autoridades están buscando el mecanismo legal que les permita extraditarlo.

El Ministerio de Defensa denunció ante la Fiscalía a los responsables de la emboscada contra integrantes del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando, hecho ocurrido el 8 de junio de este año en la localidad Esteban Arce del departamento de La Paz.

Según un comunicado público, el Ministerio de Defensa hizo saber que “se ha podido recabar suficientes elementos de convicción que evidencian que se apedreó y se quemó un vehículo militar, se atentó contra la vida e integridad física de los efectivos militares y además se sustrajo armamento militar y celulares”.

Ante esos hechos, el Ministerio de Defensa informó que se actuará de “acuerdo a la normativa vigente para dar con los autores materiales e intelectuales que participaron en estos hechos delincuenciales que no pueden quedar en la impunidad”.

El 8 de junio, el vehículo en el que se transportaban los efectivos militares fue interceptado de manera violenta por contrabandistas de vehículos.

El automotor fue apedreado e intencionalmente volcado además de que se sustrajo armamento militar y celulares.

Autoridades del lugar intervinieron y coadyuvaron al Comando Estratégico Operacional. Luego, dos patrullas de apoyo lograron rescatar a cuatro efectivos militares que fueron evacuados a la ciudad de La Paz y se recuperó todo el armamento.

Al respecto, el Ministerio de Defensa recordó que el contrabando es un acto ilegal que atenta contra los intereses del Estado por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos.