Cumpliendo con la solicitud de representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, compareció este martes ante una sesión plenaria de interpelación acerca de la detención de la exsenadora Jeanine Áñez. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por acciones violentas de la bancada de Creemos. 

Al inicio de su intervención, Del Castillo destacó la presencia de familiares y víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.  En pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados pidió un minuto de silencio por todos los caídos durante el Gobierno de Facto, a lo que los miembros de la bancada de Creemos abandonaron las instalaciones, mostrando una total falta de humanidad con los fallecidos.

La sesión retumbó con los pedidos de justicia por parte de asambleístas oficialistas a lo que un parlamentario de Creemos interrumpió violentamente afirmando que no existieron muertes en Sacaba, Senkata ni el Pedregal, otra afrenta contra las victimas presentes, indica un reporte de prensa del Ministerio de Gobierno.  

Luego, tras presentar un video que recopilaba una amplia violación a los Derechos Humanos por parte del gobierno de facto, el senador por Creemos, Henry Montero, se abalanzó a los puños sobre un diputado de la tercera edad, el diputado Colque, representante de los pueblos indígenas, quien se encuentra con golpes en su integridad, agrega el informe.  

La bochornosa actuación, violenta y caótica, de la bancada de Creemos hizo que se dicte un cuarto intermedio para apaciguar los ánimos de los parlamentarios opositores, añade el reporte de prensa.

Luis Fernando López, exministro de Defensa de Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores, dejaron deudas impagas por unos Bs 49 millones por la compra de bienes, alquileres, transporte y otras adquisiciones que se efectuaron sin contrato legal, denunció este martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad indicó que varias empresas resultan perjudicadas por esas adquisiciones que carecen de respaldo legal, es decir no tienen un contrato firmado que les permita exigir el pago por el suministro de bienes y servicios otorgados durante el régimen de facto.

“Como Viceministerio hemos determinado que no siguieron el procedimiento establecido, por ejemplo, la firma de un contrato que es fundamental, por más que se haya efectuado una contratación directa se tiene que firmar un contrato y en estos casos no existen los mismos, por lo tanto, no se puede cancelar las deudas que quedaron pendientes”, manifestó Calvimontes, según un reporte de prensa del Ministerio de Defensa.  

Se trata de alrededor de Bs 49 millones de deuda que se evidenció al inicio de su gestión, señaló el Viceministro, añade el reporte.  

La autoridad manifestó que entre los involucrados se encuentran el exministro de Defensa y varios de sus colaboradores.

Las acusaciones que pesan contra ellos son las de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Afectación a los Intereses del Estado.

Las adquisiciones irregulares son de bienes, insumos, vituallas, alimentos, algunas construcciones, alquiler de servicios a empresas por compra de alimentos, transporte aéreo y compra de combustible, indica el reporte del Ministerio de Defensa difundido en su página de Facebook.

“A partir de ahora dejo que sea la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”, sostuvo Calvimontes al referirse a las investigaciones de las deudas pendientes.

El fiscal de Materia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, Alexis Videla, informó este martes que la expresidenta Jeanine Áñez; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; el exministro de Energía, Álvaro Guzmán; y el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, declararon sobre el caso denominado gases lacrimógenos. Para la próxima semana, se convocó a otros 10 exministros.

“Ayer (lunes) evidentemente hemos tomado la declaración informativa de la señora Jeanine Áñez en calidad de testigo dentro del proceso investigativo del caso gases; sin embargo, no vamos a dar detalle de la declaración por una estrategia del Ministerio Público a efectos de garantizar la averiguación de la verdad”, indicó en entrevista con la red Unitel.

Desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto para sobornos y sobreprecio.

Ese proceso concluyó en un caso de corrupción en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, y fueron detenidos entre el 21 y el 22 de mayo de este año en Estados Unidos.

Son procesados por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según información dada a conocer por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, existe una lista de 17 exministros del régimen de Jeanine Áñez que deben declarar ante el Ministerio Público. 

“Tenemos un cronograma mediante el cual se va a tomar la declaración a 10 exministros que formaron parte de este gabinete ministerial, quienes vivirían en el interior, motivo por el que el Ministerio Público, a través de cooperación, vía Fiscalía de los diferentes departamentos, solicitó que se notifique a estas personas y se puedan presentar el martes, miércoles y jueves de la siguiente semana para prestar su declaración en calidad de testigos”, informó.

“Hasta el momento, tenemos la declaración del señor (Álvaro) Coimbra, el señor (Álvaro) Guzmán, que ayer también prestaron su declaración informativa en el centro penitenciario donde se encuentran. La semana pasada, presentó su declaración informativa (Iván) Arias, quien manifestó lo que conoció durante el periodo como ministro”, acotó el fiscal.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este martes el comiso de tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas y fardos de ropa nueva y usada de contrabando, con operativos realizados en los últimos días en las localidades de Pisiga, Charaña y Huachacalla, entre otras, de los departamentos de Oruro y La Paz.

“Se logró comisar tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas, bultos con ropa nueva y fardos de ropa usada”, menciona un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que los motorizados y las mercancías serán entregadas a la Aduana Nacional en el marco de los procedimientos actuales vigentes.

Además, Vargas mencionó que se realiza una inspección y reconocimiento de las zonas fronterizas, donde se reforzará la organización y los operativos anticontrabando del Comando Estratégico Operacional, dependiente de las Fuerzas Armadas, porque dan buenos resultados.

En ese contexto, indicó que también se reactivaron los operativos de control de ingreso de mercadería y artículos de consumo en los puntos fijos de Desaguadero, Huachacalla y otros cercanos al lago Titicaca, lugares susceptibles para el flujo de contrabando hormiga.

Según el boletín institucional, tras asumir el cargo de Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, el 23 de abril, Vargas reactivó los controles, las estrategias y la organización del trabajo efectuado en los pasos de frontera junto al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Las operaciones se trasladaron a los sectores colindantes con los países vecinos de Chile y Perú, para inspeccionar los puntos de acceso y mantener reuniones con los pobladores con el fin de motivar el trabajo de la lucha contra el contrabando con la cooperación de los comunarios y explicar el daño que esa actividad ilícita provoca a la economía del Estado.