Ante la Fiscalía, Jeanine Áñez contó detalles del gigantesco operativo político, cívico, militar y policial que, en noviembre de 2019, le permitió llegar a Palacio de Gobierno. Contó sus reuniones secretas con Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y otros políticos antes de asumir de facto el poder. Relató el apoyo de las FFAA que destinaron helicópteros para su traslado y el de su familia al Colegio Militar, y cómo los policías le ayudaron a caminar disfrazada y a ocultarse en La Paz.

Ella dijo que luego de que Ricardo Paz, jefe de campaña de Carlos Mesa, la llamó para preguntarle -a nombre de una reunión de políticos, jerarquía católica, cívicos y diplomáticos reunidos en la Universidad Católica Boliviana (UCB)- si estaba dispuesta a asumir la Presidencia de Bolivia, llegó hasta la ciudad de La Paz, gracias al apoyo de un operativo militar.

Esa reunión en la UCB se sumó a otros encuentros similares de actores políticos, abogados y la cúpula católica donde se decidió, por fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que Jeanine Áñez asuma la presidencia del país ya que “era lo más apegado a la Constitución”, un artificio jurídico impulsado por Luis Vásquez Villamor, abogado cercano a Tuto Quiroga.

Fue en una de las reuniones de la UCB, previas al golpe de Estado, en la que Carlos Mesa planteó a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, qué le parecía Jeanine Áñez como presidenta. Fue también en esos encuentros en la Universidad en los que Tuto Quiroga instruyó a las FFAA que permitan el vuelo de la aeronave que trasladaba a Evo Morales.

Tras esas decisiones y lineamientos en la UCB, llegó a la ciudad de La Paz, Jeanine Áñez. El siguiente es su testimonio ante los fiscales:

“El día 11 de noviembre como yo llego más o menos al medio día previamente en el vuelo de Amaszonas coincidentemente el señor Óscar Ortiz sube en la escala de Santa Cruz, allí nos vimos y nos vinimos juntos a La Paz, teníamos que reunirnos con los colegas parlamentarios en la Asamblea Legislativa, era responsabilidad nuestra como contribuir también a una salida constitucional”, indicó.

“Precisar que antes de ir a la Asamblea para reunirme con los colegas, fue la primera vez que yo vi a Fernando Camacho. A él lo conocía por los medios de comunicación. Ese día llegué al aeropuerto, no había como llegar a la ciudad, ya que estaba bloqueado, en el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea, allí estaba personal militar, me subí al helicóptero junto con el senador Órtiz, el que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar, como yo estaba con mis hijos, a ellos también los trasladaron, pero fue en diferentes vuelos (sic)”, dijo Áñez en la Fiscalía.  

“Una vez que llegamos al Colegio Militar, esperamos a que el vuelo de mis hijos llegue, entonces teníamos que ir a la Asamblea, pero previo a ellos me fui a reunir con Luis Fernando Camacho al Hotel Casa Grande el cual queda por la zona sur, ya que Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la Asamblea era preciso que nos encontremos”, indicó.

“Llegando al hotel subí yo sola, allí estaban como 8 personas, estaba Marco Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, al resto no los conocía, eran 8 a 10 personas, puro varones”.

“Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no eran de ningún partido político, dijeron que buscaban una solución constitucional para pacificar el país, me dijeron que si yo estaba allí es porque mi cargo era lo mas apegado a la Constitución, que es la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, debido a que  mi cargo era lo más apegado a la Constitución”, agregó.

El término usado por Camacho para referirse a Áñez, es decir que su llegada a la Presidencia “era lo más apegado a la Constitución” era el mismo concepto perfilado en la reunión de actores políticos, cívicos, abogados y la jerarquía católica, en la UCB.   

En su declaración en la Fiscalía, Áñez prosiguió: “La reunión (con Camacho) fue corta, les manifesté que yo no me iba a imponer a nada, les hice conocer que mi persona no tenía ningún protagonismo, también les manifesté, si tenía apoyo de la población para asumir el cargo, lo asumo. Pero si no, tampoco me voy a molestar ni a imponer. Ese día fue la primera vez que tuve un encuentro personal con él. Le dije que todos los políticos habíamos contribuido con nuestra presencia, la reunión fue corta, luego me fui a la Asamblea que fue mas o menos horas 14:00”, manifestó.

“Cuando salí del hotel había salido con los vehículos oficiales que eran del Senado. Ya cuando salí del Hotel Casa Grande (…) al llegar a la Plaza Murillo no conocía como es que llegaron a escoltarme otros vehículos y motocicletas”, declaró.

Luego, Áñez relató que al llegar a la Asamblea Legislativa se reunió con algunos legisladores y tuvo que disfrazarse para salir de ese recinto. “Me pusieron una chaqueta y una capucha”, dijo.

Indicó que fue llevada a la Academia de Policías, no sin antes cambiar varias veces de vehículo.

“Allá en la Academia estaba Marco Pumari, Fernando Camacho y llegaron también Óscar Ortiz, Arturo Murillo. Allí estuvimos más o menos a eso de las 17:00”, declaró.

Tras ello, fue trasladada a una casa de seguridad habitada por una  mujer policía. “Yo continuaba con unos 4 policías de seguridad aproximadamente, pero estaban siempre junto a mi 2 policías (sic)”, relató ante la Fiscalía.

El exministro de Minería, Carlos Fernando Huallpa, admitió este viernes que el gabinete de facto de Jeanine Áñez, en pleno, aprobó los decretos supremos que autorizaban la compra de gases lacrimógenos, que tuvieron un sobreprecio de $us 2,3 millones y por lo cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra preso en Estados Unidos (EEUU).

“Nosotros de buena fe, como gabinete en pleno, se ha firmado los decretos, se ha autorizado para la compra de los gases lacrimógenos, pero lamentablemente de mala fe ha actuado el exministro de Gobierno Arturo Murillo donde ha puesto sobreprecios, ha hecho actos de corrupción, ha hecho daño económico al Estado y tiene que asumir su responsabilidad por ese daño que ha hecho al Estado”, declaró en una entrevista para el periódico El Potosí.

Huallpa explicó que el gabinete de Áñez analizó el requerimiento del Ministerio de Gobierno para la compra de los gases.

Por ello, dijo que fue citado por la Fiscalía Departamental de La Paz para que brinde su declaración como testigo en el caso, para lo cual aseguró su presencia.

“Ayer (jueves) ha llegado a mi casa una citación de la Fiscalía de La Paz, nos vamos a hacer presentes (…). Evidentemente, nosotros como Ministerio (de Minería) hemos participado, es por eso que mi persona está citada el lunes a las 10h00 en la Fiscalía de La Paz y yo me voy a hacer presente para dar mi testimonio con la situación que se me ha citado”, aseveró.

Durante los primeros días del gobierno de facto, se aprobaron tres decretos supremos para la compra de los gases lacrimógenos: el Decreto Supremo N° 4090 de 03/12/19, que autorizaba al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de ese armamento no letal; el Decreto Supremo N° 4146 de 12/12/19 que autorizaba la contratación directa en el extranjero; y el Decreto Supremo N° 4168 de 28/02/20 que autorizaba la transferencia de ese armamento a la Policía Boliviana.

El Gobierno de Lenín Moreno prestó al régimen de Jeanine Áñez 5.500 granadas y 2.949 proyectiles en noviembre de 2019. Así lo confirma un documento oficial del Ministerio de Gobierno del Ecuador al que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Según el detalle, el material entregado consiste en 5.000 granadas de mano GL-302, 500 grandas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

El 27 de mayo de 2020, el comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, envió una carta al entonces agregado de Defensa de la Embajada de Bolivia en ese país, José Luis Frías.

“A través del presente, me permito hacerle llegar el saludo cordial de la institución a la que represento, a fin que por su digno intermedio, se realicen las coordinaciones necesarias frente al Ministerio de Defensa del hermano país de Bolivia, a efecto de que podamos recibir el material CM que en calidad de préstamo fuera entregado en el mes de noviembre de 2019”, se lee en la misiva.

En la carta, se añade que, para las tareas de coordinación, el gobierno de Moreno designó a Fernando Correa Correa Gordillo, que en ese entonces tenía el cargo de Director Nacional de Logística.

La mañana de este jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que comenzó una investigación sobre un caso de dotación de municiones que el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno hizo al régimen de Jeanine Áñez.

El Ministerio de Gobierno se querelló contra el extitular de esa cartera de Estado, Arturo Murillo, por estar involucrado en seis casos de hechos irregulares. La exautoridad enfrenta, además, 30 procesos administrativos.

“En el caso del exministro Murillo, como Ministerio de Gobierno, nos hemos querellado en seis procesos penales actualmente, lo que no quiere decir que se inicien otros procesos más por otros casos en el que se lo involucra”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Indicó que los seis procesos están relacionados al caso gases lacrimógenos, un caso de alimentación de las fuerzas de tarea conjunta y a las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Administrativamente, hay una afectación de 150 millones de bolivianos y estos se traducen en 30 procesos que se identificaron inherentes al caso gases lacrimógenos, compra de talco para pies para tropa, compra de ropa interior, compra de equipamiento, armamento, materiales y herramientas también, y todo esto suma 30 procesos administrativos”, aseveró.

El Departamento de Justicia de EEUU informó el 26 de mayo que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido junto a Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld por estar involucrado en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo está en el Centro de Detención Federal de Miami y tiene un número de identificación, es el preso N° 02358-506. Es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar en 2019 la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.