El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, entregaron ocho motocicletas para los policías de la ciudad de El Alto y proporcionaron herramientas de trabajo a familias de escasos recursos.

“Hoy, nos encontramos presentes por dos motivos: el primero, realizar la entrega de herramientas de trabajo para cuatro familias que viven en el municipio de El Alto; el segundo, entregar a nuestra Policía Boliviana ocho motocicletas y una serie de insumos que serán de utilidad para su vestimenta y puedan cumplir las labores que les son otorgadas por la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”, afirmó la autoridad en su discurso en instalaciones de la Dirección Regional de Tránsito de la urbe.

El Ministerio de Gobierno, a través de la institución verde olivo, se caracteriza por brindar un servicio social a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, se entregó un horno panificador con capacidad industrial, carros de venta de productos, kioscos, utensilios, además de otros enseres.

La autoridad destacó la implementación del plan Mi Barrio Seguro en El Alto, estrategia diseñada para mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia a partir de consensos entre juntas vecinales y la institución del orden. La entrega de estas ocho motocicletas se realiza en el marco del mes aniversario de la Policía Boliviana para reforzar los patrullajes en los diferentes distritos de la ciudad más joven de Bolivia.  

“Sabemos que estas motocicletas (…) van a ayudar de sobremanera a la Policía Boliviana, sabemos que no solucionamos un problema estructural; pero, sabemos que estamos ayudando de alguna manera en el desempeño de sus funciones”, indicó el Ministro de Gobierno, quien entregó los motorizados junto con un lote de gorras y guantes.

Un camión que transportaba 53 turriles de precursores químicos fue interceptado este martes por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a 40 kilómetros del municipio de Charagua, en el departamento de Santa Cruz, que estarían valuados en $us 500.000.

Realizada la requisa y posterior constatación de esas sustancias, los uniformados arrestaron con fines investigativos a siete personas que se transportaban en tres motorizados. 

“Estos precursores presuntamente estaban siendo desplazados hasta una factoría de droga en el municipio de Charagua”, informó el director de la Felcn, Cnel. Álex Bedoya, según un reporte de Red Uno.

Según el informe preliminar, el motorizado se desplazaba sobre la calzada, pero en el trayecto se volcó juntamente con los precursores por una mala maniobra del conductor. Los habitantes del lugar, al notar el movimiento sospechoso, llamaron al Ejército y estos a la Felcn.

Las siete personas arrestadas serán puestas ante el Ministerio Público quienes definirán su situación jurídica.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, informó este martes que, del 01 de enero al 15 de junio de 2021, el Ministerio Público registró 56 casos de feminicidio a nivel nacional.

“Lamentablemente hasta la fecha el Ministerio Público registra 56 casos de feminicidio a nivel nacional, el último caso se suscitó en la ciudad de Rurrenabaque (Beni), en el que se pudo evidenciar la muerte violenta de una mujer. Llamamos a la reflexión a nuestra población para erradicar la violencia de género, parece que el resultado de este encierro por la situación sanitaria en la que nos encontramos desemboca en episodios de violencia”, dijo Quispe.

Según un boletín de prensa, los datos oficiales del Ministerio Público dan cuenta que La Paz es el departamento con mayor incidencia de hechos de feminicidio con 18 casos, Cochabamba 10, Santa Cruz 9, Oruro 6, Potosí 4, Chuquisaca 4, Beni 3, Tarija 1 y Pando 1.

Ante estos hechos, Quispe informó que el lunes el equipo técnico del Ministerio Público, sostuvo una reunión con la Comisión Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la finalidad de coordinar acciones que fortalezcan la lucha contra el feminicidio y la violencia de género.

“Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se desplegará un apoyo para las instituciones judiciales a efectos de fortalecer tres ejes fundamentales para la lucha contra el feminicidio y la violencia”, indicó Quispe.

Explicó que el primer eje tiene que ver con un carácter estrictamente de asignación de responsabilidades para las entidades, donde el Ministerio Público recibió un informe favorable por el cumplimiento de sus funciones; el segundo eje tiene que ver con la posibilidad de ajustes a la Ley Nº 348 para fortalecer actividades de prevención y sanción a los delitos de feminicidio y violencia contra la mujer; y el tercer eje tiene que ver con solicitar al Ministerio de Económica y Finanzas Públicas apoyo económico para hacer efectiva esa tarea.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este martes que existe la posibilidad de que las municiones que fueron prestadas por el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, a la expresidenta de facto Jeanine Áñez en noviembre de 2019, hayan sido utilizadas en la masacre de Huayllani, Sacaba - Cochabamba.

“Hemos empezado a recibir información y estamos preocupados, porque parece ser, y lo estamos investigando, que esas municiones han sido utilizadas en la masacre de Huayllani, esto sería muy grave porque implicaría un crimen de lesa humanidad y un crimen transnacional”, mencionó.

Lima manifestó que lo que se está haciendo entre Bolivia y Ecuador es coordinar la investigación, porque no se trata de solo un tema de corrupción, sino de un crimen de lesa humanidad.

“El país necesita protocolos, necesita cumplir con una serie de disposiciones de la ley 400 y la Constitución para que militares ecuatorianos o armamento ecuatoriano venga al país, no se ha cumplido ninguno de esos protocolos y, por lo tanto, este va a ser un caso que a partir de la investigación en Ecuador también tengamos que llevar en el país”, adelantó.

Sobre el inicio de un proceso en ese tema, la autoridad manifestó que al estar involucrado se requiere acudir a una entidad internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Acá ha habido una coordinación entre dos países, el ámbito en los que se llevaría el juicio tendría que ser un ámbito internacional, la Corte Interamericana es una probabilidad, pero también la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se está analizando los caminos para llevar adelante esta acción en la medida que vaya encontrándose documentación en Ecuador y en Bolivia”, subrayó.

Finalmente, Lima dijo que se trata de una situación muy grave debido a que un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) salió del país sin las autorizaciones debidas para transportar material bélico y el uso que se le dio lo convierte en un crimen de lesa humanidad.