Con el objetivo de fortalecer la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de género en el interior de la Policía Boliviana, y contra los acosos laborales, el Ministerio de Gobierno lanzó los programas Mujer Policía y Felcv Digna, posesionando a jefas y oficiales encargadas de la Unidad de Género en cada uno de los comandos departamentales del país.

“Estas nuevas encargadas de la Unidad de Género en cada departamento tienen como objetivo principal reforzar los cursos de masculinidades en sus respectivos lugares, así también realizar evaluaciones de género con apoyo de ONU-Mujeres, transversalizando los temas de género en el interior de la institución policial, como también transversalizar la aplicación de la Ley 348 en la normativa de la Policía, estableciendo protocolos en casos de acosos sexuales, labores institucionales o de cualquier naturaleza”, afirmó el ministro, citado en un boletín de prensa institucional.

Del Castillo manifestó su deseo de éxito a las Unidades de Género de cada una de las regiones del territorio nacional, por lo que también anunció la creación del programa Felcv Digna, que tiene como objetivos: dar condiciones dignas de trabajo a los efectivos de esta Unidad y brindar una atención digna a las víctimas de violencia.

“Estos dos programas que lanzamos el día de hoy son la prueba evidente del compromiso que tiene el Ministerio de Gobierno y nuestra Policía Boliviana en la lucha contra la violencia hacia la mujer, y también en la necesidad de dar condiciones de trabajo y de vida digna a cada efectivo policial de nuestro país”, señaló.

Los programas Mujer Policía y Felcv Digna tienen tres objetivos: La dotación de infraestructura para la FELCV en cada región del país; un plan de especialización en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; y atención digna a las víctimas de violencia.

Para tal efecto, se firmó un convenio interinstitucional con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para gestionar cursos de actualización; otro convenio interinstitucional con el Colegio de Psicólogos de Bolivia, y un acta de entendimiento con ONU-Mujeres.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este miércoles las aplicaciones para teléfonos celulares denominadas “Bolivia denuncia”, “Objetos recuperados” y “Mi vehículo”, que fueron creadas para la denuncia de delitos y la recuperación de propiedades y motorizados robados como parte de las tareas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

“Estas aplicaciones que estamos presentando el día de hoy ya se suman a otras siete aplicaciones que se habían desarrollado al interior del Ministerio de Gobierno. Con la aplicación Mi vehículo son diez aplicaciones que estamos desarrollando de manera gratuita sin erogar un solo centavo del pueblo boliviano”, manifestó en una conferencia de prensa.

Las tres opciones pueden ser descargadas del Play Store y sirven para teléfonos celulares con el sistema Android.

El titular de Gobierno explicó que la aplicación “Bolivia denuncia” permitirá efectuar la denuncia en tiempo real de la comisión de delitos u hechos de tránsito, entre otras opciones, para la asistencia de policías al lugar de los hechos a cualquier hora del día.

“Su línea telefónica es el 720-69787 por si hubiera algún reclamo de la aplicación que no estuviera funcionando o los efectivos policiales no se estuvieran trasladando a los lugares”, añadió.

Además, Del Castillo detalló que la aplicación “Objetos recuperados” contará con una actualización permanente y tiene registrados más de 20.000 objetos rescatados de delincuentes para que las víctimas de robos y hurtos puedan reconocerlos y reclamar su devolución.

“Esta aplicación nos va a ayudar de sobre manera siempre y cuando guardemos algún documento que nos permita corroborar la propiedad de los objetos que han sido robados o sustraídos de los verdaderos propietarios”, acotó.

Asimismo, explicó que la aplicación “Mi vehículo” conseguirá que los propietarios de motorizados y autopartes realicen la búsqueda de sus pertenencias y sepan si fueron recuperados y las regiones en que se encuentran para solicitar su devolución.

La autoridad estatal manifestó, finalmente, que las aplicaciones ayudarán a reducir los índices delictivos, puesto que permitirá la ejecución más rápida de las acciones policiales en el marco de las tareas de seguridad ciudadana.

“Vamos a poder trasladarnos de manera pronta, oportuna, con precisión a aquellos lugares donde se estuviera cometiendo un delito, pero sobre todo vamos a poder devolverle herramientas de trabajo a aquellas personas que fueron víctimas de un robo o un hurto ya sean vehículos, celulares, computadoras o cualquier otro mueble”, concluyó.

Este jueves 24 de junio se recuerdan 54 años de la Masacre de San Juan, ocurrida en los centros mineros de Siglo XX y Catavi por órdenes de René Barrientos Ortuño, que estaba asesorado por la CIA de Estados Unidos (EEUU), para asesinar a mineros que decidieron apoyar la guerrilla del Che Guevara. Más de 27 personas fueron asesinadas, unas 70 resultaron heridas y una cantidad similar se consideró como desaparecida.

Al respecto, el historiador Raúl Reyes, entrevistado en el programa 180 de radio Patria Nueva, dijo que esa masacre debe ser entendida en el contexto de la Guerra Fría, los ecos del triunfo de la Revolución Cubana, la aplicación, por parte de EEUU, del llamado plan para el progreso y la presencia de la guerrilla del Che Guevara en el país.

Indicó que el gobierno de René Barrientos Ortuño consideraba a los centros mineros como focos de insurgencia por lo que, con el apoyo de la CIA de EEUU, se ordenó a las FFAA el asalto militar a los campamentos mineros de Siglo XX, en Catavi, durante la Noche de San Juan, el 24 de junio de 1967.

Según los testimonios, luego de haber festejado el solsticio de invierno alrededor de las fogatas, donde se bailó y cantó al ritmo de cuecas y wayños, cientos de familias mineras de Catavi se retiraron a dormir a sus campamentos la noche del 23 de junio de 1967.

Fue entonces cuando, entrada la madrugada del 24 de junio, un gran contingente de militares de las fracciones del regimiento Rangers y Camacho de Oruro, ordenado por el dictador René Barrientos Ortuño, atacó las viviendas, disparando desde varios puntos contra las casas y contra algunas personas que permanecían aún en las calles por el festejo. La matanza duró varias horas.

Para esas fechas, Ernesto "Che" Guevara se encontraba en plena guerrilla en la selva boliviana. Los mineros, al tanto del paso del médico argentino-cubano, pensaban apoyar su causa prestándose para sumarse a sus hombres dos veces por semana, tema que tratarían durante un ampliado nacional de los mineros en el que, además, exigirían un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas, informados de los preparativos del ampliado, se apresuraron en ocupar los centros mineros.

Barrientos justificó la masacre diciendo que el ejército disparó en defensa propia, y que era necesario "combatir el proceso subversivo" de los mineros en Siglo XX, dispuestos a organizar un foco guerrillero para plegarse a la gesta armada del Che Guevara.

El número de muertos, desaparecidos y heridos es incierto, pero superaría las 200 personas, indica un reporte de Telesur.

Sobre la Masacre de San Juan, el periodista y escritor Eduardo Galeano, escribió: “En esta noche de San Juan, mientras ocurre la mejor de las fiestas, el ejército se agazapa en las montañas. Casi nada se sabe aquí de los guerrilleros del lejano río Ñancaguazú, aunque dicen que pelean por una revolución bella y jamás vista, como la mar, pero el general Barrientos cree que en cada minero anida un taimado terrorista. Antes del amanecer, al final de la fiesta de San Juan, un huracán de balas arrasa el pueblo de Llallagua. Parece fulgor de huesos la luz del nuevo día. Después el sol se esconde tras las nubes, mientras los parias de la tierra cuentan sus muertos y en carretillas los llevan. Los mineros marchan por un callejón de barro de Llallagua. La procesión atraviesa el río, cauce de sucia saliva entre piedras de cenizas, y por la vasta pampa llega el camposanto de Catavi (...). Hay que cavar muchos pozos. Cuerpos de todos los tamaños yacen en hilera, tendidos, esperando”.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este miércoles que el Ministerio Público investiga un nuevo hecho de feminicidio perpetrado en contra de una mujer de entre 25 a 30 años de edad, quien habría sido estrangulada en un alojamiento de la ciudad de El Alto.

Los presuntos autores del hecho serían Ángel J.CH.S. y Ronald CH.S., quienes fueron aprehendidos con fines investigativos.

“Una vez que se tomó conocimiento del hecho desplazamos al equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, para iniciar de oficio con los actos investigativos y se emitió la resolución de aprehensión en contra de dos sospechosos, además se realizó la autopsia médico legal para determinar la causa de la muerte de la joven”, explicó, citado en un boletín institucional.

Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, informó que el 22 de junio de 2021 por la mañana el dueño de un alojamiento de la zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto llamó a la Policía para reportar el hallazgo de un cuerpo de sexo femenino al interior de una de las habitaciones del negocio.

Cuando policías asignados y el equipo multidisciplinario del Ministerio Público llegaron al lugar encontraron el cuerpo de la mujer y procedieron a realizar el registro del lugar, además de colectar indicios materiales, entre otros actos investigativos.

“El dueño del alojamiento refiere que la mujer habría consumido bebidas alcohólicas con los dos sospechosos y otra persona, quienes posteriormente se habrían retirado del lugar, pero cuando él ingresó a limpiar encontró a la víctima sin vida y llamó a las autoridades”, explicó.

Según Cardozo, Ángel J.CH.S. volvió al lugar del hecho minutos después de la intervención fiscal y cuando fue encontrado por el dueño del alojamiento dijo que él junto a su hermano y una tercera persona habrían consumido bebidas alcohólicas con la mujer la tarde del lunes, por lo que el dueño lo retuvo hasta que llegaron los policías.

De acuerdo con el informe de la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de la muerte de la víctima es por anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulamiento.