La Fiscalía informó este martes que convocará a Ricardo Paz Ballivián, José Antonio Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano Atalá y Roberto Moscoso, quienes declararán en calidad de testigos de los hechos registrados en Bolivia en noviembre de 2019.

Varios de ellos fueron mencionados por Jeanine Áñez en la confesión que realizó el 7 y 8 de junio de 2021 ante una comisión de fiscales que la investiga por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, ampliados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.

El resto de ellos fueron mencionados en el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Según ese testimonio, el informe de la jerarquía católica y documentos de prensa, se elaboró el siguiente contenido que muestra las referencias y alusiones a las personas que fueron convocadas por la Fiscalía.

1.- Ricardo Paz Ballivián

Sociólogo, fue secretario ejecutivo de Condepa, el partido liderado por el extinto Carlos Palenque. Fue jefe de campaña y asesor estratégico-político de Carlos Mesa Gisbert.

Paz Ballivián fue testigo clave y partícipe de la reunión sostenida entre altos dirigentes del MAS y Comunidad Ciudadana, el 10 de noviembre de 2019, en la que Carlos Mesa comunicó su posición oficial de que no permitiría que ninguna persona del MAS asuma la sucesión constitucional tras conocer de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, mucho menos Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado.

El papel de Paz fue hecho público en la confesión de Jeanine Áñez ante los Fiscales. Ella declaró que “Don Antonio Quiroga recibe una llamada del entonces Ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas, pidiendo una reunión entre Adriana Salvatierra, el mismo Manuel Canelas, que la reunión será con Quiroga y el señor Ricardo Paz. Esta reunión sería en la oficina del señor Quiroga, en la calle Ecuador, en la Editorial Plural, en esa reunión, Adriana Salvatierra plantea y anticipa ante una posible renuncia de Evo Morales que ella accedería a la presidencia en sucesión constitucional y llamaría a elecciones con un nuevo Tribunal Constitucional. Y le consulta si eso sería aceptado por el señor Carlos Mesa (sic)”.

Ante ello, según las declaraciones de Áñez, Mesa les hace saber, vía teléfono, que “(…) la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, las protestas continuarían”.

Al respecto, Quiroga confirmó que se produjo el encuentro. “Fue una reunión solicitada por Manuel Canelas y participó él, Adriana Salvatierra, por el lado nuestro Ricardo Paz y yo. Fue una reunión que se hizo a las 15:00 en mi oficina”, dijo el 16 de junio de 2021 al programa Asuntos Centrales.

Otro episodio en el cual se menciona a Ricardo Paz es en la reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana (UCB) el mismo 10 de noviembre de 2019, tras oficializarse la renuncia de Morales. A ese encuentro definitorio asistieron la jerarquía católica, embajadores extranjeros, delegados de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa, además de Waldo Albarracín y otros.    

Según la confesión de Jeanine Áñez, fue Paz Ballivián quien, el mismo 10 de noviembre de 2019, la llamó para ofrecerle la presidencia de Bolivia. Su testimonio registrado es el siguiente: “(…) yo no sé cuántas reuniones tuvieron, pero entre 18:00 a 19:00 (era ya de noche)  yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en reunión buscando una reunión pacífica y me sorprendo de la llamada, me dicen que estaban buscando la mejor forma constitucional, de cómo hacer una transición, y como en el Senado todos habían renunciado, yo era la segunda vicepresidenta del Senado, me preguntaron si estaba dispuesta a asumir la presidencia para hacer el proceso de transición y llamar a nuevas elecciones constitucionales, a lo que yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), sobre el protagonismo de Paz, indica en su informe: “Desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y, a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Jeanine Áñez, vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado. Ella respondió: ‘si es para servir al país, aquí estoy’".

2.-José Antonio Quiroga

Otro actor político de este caso es José Antonio Quiroga, coordinador político de Carlos Mesa y responsable del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana, en 2019.

Según la confesión de Áñez ante los Fiscales, Quiroga fue quien, el 10 de noviembre de 2019, se comunicó telefónicamente con Carlos Mesa para preguntarle si aceptaría la probable sucesión constitucional de Adriana Salvatierra.

Mesa le respondió que no se aceptará a Salvatierra, según dijo Áñez, quien añadió que “el señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra”.

Al respecto, Quiroga dijo al programa Asuntos Centrales que Áñez pone en la respuesta de Carlos Mesa “solo una parte de la respuesta y no la respuesta completa”.

Ese mismo día, Mesa recorrió las calles de La Paz con un megáfono en su mano y allí fue claro al asegurar que ninguna persona del MAS- IPSP debe asumir la presidencia del país, según publicó entonces el periódico El Deber.

3.- Luis Vásquez Villamor

Luis Vásquez Villamor, cercano a Jorge 'Tuto' Quiroga, vicepresidente del dictador militar Hugo Banzer Suárez, es abogado, fue alcalde de la ciudad de El Alto, ministro, diputado del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del Código de Procedimiento Penal.

Vásquez, junto a su esposa, son responsables del armazón procedimental que terminó con la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

El periódico Página Siete, plasmó así su participación clave en esa coyuntura: “(…) y es ahí donde interviene uno de los hombres de Tuto, el jurista Luis Vásquez Villamor, que también había asistido a las reuniones de negociación. Pero no interviene solo, sino con su esposa, Giovanna Jordán, una jurista tan o más preparada que el propio Vásquez, quien encuentra un fallo del Tribunal Constitucional del año 2001, que le permitió al mismo Tuto garantizar la sucesión constitucional para que Enrique Toro, entonces presidente del Senado, lo reemplazara cuando él viajara”.

Entrevistado por el canal NTN 24, Luis Vásquez, autor de las ideas de “vacío de poder” y de la transición “ipso facto” para justificar la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, indicó, el 13 de noviembre de 2019, que Evo Morales dejó su puesto de trabajo, que existió un fraude gigantesco en las elecciones y que ella asumió la presidencia por sucesión constitucional.

La propia Jeanine Áñez tuvo que admitir ese malabarismo jurídico para llegar a la Presidencia ya que dijo ante los fiscales que no cuenta con algún documento o título que la avale como presidenta constitucional de Bolivia ya que tuvo que “instrumentalizar” las normas para llegar al poder debido a la emergencia y convulsión social que se vivía en 2019.

4.- Jerjes Justiniano Atalá

Jerjes Justiniano Atalá, asesor jurídico de Luis Fernando Camacho, fue designado como Ministro de la Presidencia de la gestión de Jeanine Áñez.

Justiniano es testigo clave de las reuniones realizadas en la Universidad Católica Boliviana (UCB), el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. Él estuvo en los encuentros y compartió el debate con los asistentes que encomendaron a Ricardo Paz ofrecerle la presidencia a Jeanine Áñez.

A la reunión del 10 de noviembre en la UCB asistieron: “(…) Conferencia  Episcopal  Boliviana:  el  Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano, y Juan Carlos Nuñez; por el cuerpo diplomático: el embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda; y el exembajador de España, Carmelo Angulo; por los comités cívicos estuvo presente Jerjes Justiniano, por el CONADE, Waldo Albarracín y, por parte de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz”, según indica el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

5.- Roberto Moscoso

Roberto Moscoso fue diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y se desempeña como asesor de Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), partido que cogobernó con Jeanine Áñez y la acompañó en su fallida candidatura presidencial.

Moscoso participó junto a Doria Medina, el 12 de noviembre de 2019, en la reunión en la UCB en la que se advirtió que ellos aplicarían el “Plan B”, es decir la posesión de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia.

Ese día se reunieron “el Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto,  P. José Fuentes Cano y Juan Carlos Nuñez,  por el cuerpo diplomático, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; Embajador de España,  Emilio Pérez de Ágreda; y el Exembajador de España Carmelo Angulo, acompañante del proceso de auditoría de la OEA; por los partidos políticos representando al MAS la senadora Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y la Sra. Ana Teresa Morales; por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, Ricardo Paz y Carlos Alarcón: por Unidad Nacional Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso; por Unidad Demócrata Óscar Ortiz; así como el expresidente Jorge Quiroga y  Luis Vásquez;  por los Comités Cívicos: Jerjes Justiniano;  por el CONADE:  Rolando Villena, exdefensor del pueblo (sic)”, indica el documento de la Conferencia Episcopal.

En esa reunión, según el testimonio de la exministra Teresa Morales, “nos paramos las tres (Salvatierra, Rivero y Morales), estábamos al frente de (Samuel) Doria Medina, y al pararnos, Doria Medina dice: ‘Apúrense en hacer las consultas porque si no lo hacen hasta tal hora, vamos a operar nuestro Plan B’. Los miró a todos, todos asintieron”.

Esa jornada, ya en la tarde, varios de los asistentes a la reunión en la UCB en la que consultaron/definieron la presidencia de Áñez, el 10 de noviembre de 2019, la visitaron personalmente en el Senado. Tras esa visita de respaldo, Áñez asumió la Presidencia de facto del país por un periodo de 12 meses.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este martes que el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal fijó una condena de 30 años de cárcel para Rubén Chamo Soleto de 29 años, quien fue identificado como el autor de la violación y feminicidio de Mary Y.L.P de 30 años, en la carretera Mutún de la localidad de Puerto Suárez.

“La Fiscalía ofreció (en el juicio) las pruebas consistentes en el acta de declaración informativa de los familiares, certificado médico forense, entre otros elementos probatorios, además que el sujeto reconoció haber cometido el delito y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional dictó la máxima sentencia por este delito”, dijo, citado en un boletín institucional.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho de sangre se registró el 26 de junio del presente año, cerca de las 23h00.

Al día siguiente, a las 13h40, un comunario de la zona San Silvestre encontró el cuerpo de la víctima, sin signos vitales, con heridas en la parte frontal izquierda, semidesnuda y procedió a llamar a la Policía Boliviana.

Posteriormente, los familiares de la víctima se hicieron presentes acompañados del victimario en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Puerto Quijarro, donde se realizó la entrevista a todos ellos.

Los parientes de la víctima indicaron que Rubén Chamo fue la última persona que tomó contacto con Mary.

“Cuando se le realizó la entrevista se observó que tenía rasgos de violencia y él dijo que las heridas eran resultado de una caída de su motocicleta”, indicó Mariaca.

Sin embargo, confesó más tarde que abusó sexualmente de la víctima para posteriormente cometer el feminicidio, por lo que se procedió a su aprehensión.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este martes que en el marco de las investigaciones que se siguen en el caso denominado golpe de Estado serán convocados la próxima semana a declarar a Ricardo Paz Ballivián, José Antonio Quiroga, Luis Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano Atalá y Roberto Moscoso, quienes declararán en calidad de testigos de los hechos registrados en Bolivia en noviembre de 2019.

“Las cinco personas serán citadas a fin de que puedan establecer una declaración informativa respecto a su participación en aquellos acontecimientos. Debemos reflexionar sobre los deberes que tenemos como bolivianas y bolivianos de colaborar con la justicia, como señala el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que indica claramente que los bolivianos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, además de coadyuvar con la justicia”, dijo Quispe.

Los convocados a declarar por el Ministerio Público la siguiente semana son asesores políticos como el exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz Ballivián; el excoordinador político nacional de CC, José Antonio Quiroga; Luis Vásquez Villamor, quien es asesor de Jorge Tuto Quiroga Ramírez; Jerjes Justiniano Atalá, asesor del excandidato de Creemos, Luis Fernando Camacho y Roberto Moscoso, asesor del excandidato de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Quispe agregó que los ciudadanos que serán convocados a declarar, la próxima semana, tienen el deber cívico de colaborar con la investigación porque serán convocados en calidad de testigos, además tienen el deber cívico y moral con las víctimas de Sacaba, Senkata y otros para conocer qué escenarios se presentaron en esa instancia.

Indicó que ya se recibió la declaración informativa de la exasambleísta Susana Rivero y de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quienes brindaron varios elementos al caso.

Respecto a la lista de exautoridades convocadas, se continuará recibiendo las declaraciones informativas a efectos de construir los elementos relacionados del caso y para el jueves se tiene previsto convocar al exsenador Rubén Medinacelli Ortiz y el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda Belzu.

La directora general del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara, informó que al menos 180 personas fueron víctimas de tortura y vejámenes durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Indicó que se realizó la denuncia ante la ONU en sentido de que se produjo en ese periodo al menos 27 personas asesinadas, 800 heridos y 1.500 personas con detención ilegal.

“Estas 180 personas pertenecen a casos específicos. Podemos hablar de la zona sur de Cochabamba, el caso Escudos, el caso Episur, caso financiamiento al terrorismo, se usó tipos penales abiertos. Casos fabricados en el Ministerio Público”, sostuvo en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.   

Guevara no descartó que sean más los bolivianos que fueron perseguidos por órdenes de Arturo Murillo o Fernando López, exministros de Jeanine Áñez, debido a la falta de atención que mostraron estos exfuncionarios con las víctimas de persecución o maltrato por parte de ese gobierno.

Manifestó que las personas que fueron torturadas, sufrieron violencia extrema, fueron humilladas y su vida cambió de manera radical ya que una fue su personalidad antes de la tortura y otra después, debido a los traumas y secuelas imborrables.

De acuerdo con la especialista, las víctimas eran acusadas por delitos que hoy carecen de elementos para probar su existencia o su ejecución por sus presuntos autores, sometidos entonces a graves suplicios, informó Telesur.

“Las violaciones del 2019 y 2020 tienen que tener una reparación por parte del Estado y este debe dar un mensaje a los próximos gobiernos para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos con el afán de tomar el poder”, indicó la directora del Sepret.