El Ministerio Público realizó la imputación formal de los siete jóvenes que fueron aprehendidos el viernes, acusados por delitos de organización criminal, además porte y tenencia ilícita de armas de fuego. El asesor jurídico del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Valda, confirmó que dos de los jóvenes que fueron detenidos, estarán con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

“Uno de ellos declaró que sí era propietario de un arma de fuego (…), el otro joven declaró ser propietario de las municiones que estaban en la mochila, municiones destinadas a las artesanías, pero de todas formas para esclarecer estos hechos se dispuso la detención de ambos, el resto de los cinco jóvenes fueron puestos en libertad”, indicó el asesor jurídico del Comité Cívico.

La audiencia de medidas cautelares se realizó este sábado en el municipio de Cotoca, los jóvenes fueron detenidos en la víspera cuando se dirigían al Congreso por la Tierra, que se realizaba en San Miguel de Velasco. El abogado Valda confirmó que algunos pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista.

“Algunos pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista y estaban de ida al Congreso por la Tierra en San Miguel de Velasco, pero en el auto que fue allanado por la Policía se encontró un revolver del año 60 que no tenía percutores y no tenía la capacidad de generar un elemento de riesgo”, argumentó el jurista.

Según el reporte oficial, la Policía arrestó a los jóvenes cuando se dirigían al “Congreso por la Tierra”, cuando dos vehículos fueron interceptados y se detuvo a los siete jóvenes, quienes confirmaron que iban al encuentro.

En la requisa de los vehículos se encontró en su poder equipo policial, armas de fuego, municiones, 13 radios de comunicación, cuchillos de diferentes tamaños, celulares y uniformes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó que el Ministerio Público demostró que Víctor H. P.G. de 43 años de edad y su hermano José P. G. de 47 años son con probabilidad autores del delito de estafa agravada con más de 400 víctimas, por lo que el Juez determinó la detención preventiva de ambas personas en el penal de San Sebastián de Cochabamba.

“Como Ministerio Público presentamos todos los elementos recolectados en la investigación, entre ellos las declaraciones de más de 200 víctimas, el informe policial y otros; asimismo, se demostró que concurren los riesgos procesales de obstaculización y fuga por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para los sospechosos quienes habrían generado un daño económico de más de $us 8 millones a las víctimas”, explicó Gonzáles.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho habría iniciado el año 2009 en el departamento de Cochabamba, cuando Víctor H., José P., Pablo P.G. y Luis F.G.L. fundaron la empresa “Tierra Dulce” que tenía el objetivo de plantar, producir y comercializar estevia en terrenos presuntamente ubicados en diferentes lugares del departamento cochabambino.

El fiscal de materia, Gabriel García, indicó que según los antecedentes, en el lapso de siete años los sospechosos captaron a más de 400 personas de distintos departamentos a quienes les ofrecieron valiosas ganancias por la inversión en el proyecto.

Se presume que los detenidos habrían pedido más de $us 8 millones a sus víctimas, a cambio de ser inversionistas de una empresa de plantación, producción y comercialización de estevia; sin embargo, las víctimas nunca obtuvieron réditos.

El año 2015, las cuatro personas se dieron a la fuga rumbo a Panamá, luego a Estados Unidos (EEUU), por lo que el Ministerio Público efectuó las gestiones para lograr la deportación de dichos ciudadanos.

El año 2016, Luis Fernando G.L. retornó al país y admitió el delito sometiéndose a un procedimiento abreviado y actualmente cumple una condena de nueve años en el penal de El Abra. En enero de 2021, Pablo P. G. fue deportado de Estados Unidos, luego fue aprehendido y se encuentra con detención preventiva en el penal de San Antonio.

Por último, el 30 de junio de 2021, Víctor H. P.G. de y José P. G. fueron deportados de EEUU, quienes llegaron al departamento de Cochabamba el 1 de julio, donde fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público para someterse a una audiencia de medidas cautelares que determinó su detención preventiva en el penal de San Sebastián varones, señala una nota de prensa institucional.

La aprehensión de siete integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) con armamento y equipo policial, muestra que esos grupos violentos, que operaron durante el régimen de facto, no fueron desarticulados, indicó el exministro de Defensa, Reymi Ferreira.

El analista, entrevistado este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, explicó que esos grupos no representan a Santa Cruz ya que tienen influencia en el centro de la capital cruceña pero no llegan más allá del 4to anillo y menos a las provincias.

Dijo que la aprehensión de esas personas genera las siguientes interrogantes: ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes los patrocinan? ¿quiénes les comprar las armas y los equipos para operar?

Este viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se aprehendió a siete personas que pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes se trasladaban armados al municipio San Ignacio de Velasco, a un congreso sobre tierras.

Al respecto, Ferreira dijo que esos grupos violentos, junto a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cometieron desmanes, abusos y violencia al amparo del régimen de facto, pero no fueron desarticulados y se encuentran intactos en la actualidad.

Lamentó que esos grupos violentos sean utilizados para involucrarse en el tema de la distribución y titulación de tierras, que es una atribución privativa del Estado central.

Al respecto, lamentó el doble discurso de las autoridades locales que aseguran que defenderán la tierra, pero no dicen nada frente a la apropiación de ese recurso por parte de ciudadanos croatas y grandes empresarios.  

Dijo que el tema de la tierra es complejo, pero se debe cumplir lo que establecen las leyes y la Constitución Política del Estado.

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, informó este viernes que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La información está contenida en un tuit que difundió el Mandatario en su cuenta.  

“Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos”, escribió Arce.

La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a recursos generados por actividades ilícitas o criminales, indica un reporte audiovisual de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Si bien se trata de hechos aislados, las organizaciones criminales involucradas en delitos de narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas; corrupción, venta y tráfico ilegal de armas, fraude fiscal, secuestro, extorsión, terrorismo, entre otros delitos, frecuentemente buscan introducir el fruto de su actividad ilegal en el sistema financiero, mediante diversas transacciones y con el fin de ocultar o disfrazar el origen y la trayectoria de esas ganancias ilícitas, añade el reporte.

Según la ONU, el delito de ganancias ilícitas, también denominado lavado de activos o blanqueo de dinero, representa aproximadamente el 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, agrega el reporte de la UIF.