Al menos 11 indicios muestran que el golpe de Estado se manifestó desde agosto de 2019, estuvo planificado y secuenciado. Recientes huellas evidencian el rol del Alto Mando Militar, su deliberación e insubordinación que se sumó al desconocimiento de las elecciones, los llamados a la convulsión bajo el eslogan de “fraude”, el amotinamiento policial, el incendio en la Chiquitania, los paros cívicos, las operaciones de grupos civiles armados y la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) que definió que Jeanine Áñez tome el poder.

“Había una actitud coordinada, secuenciada y planificada de parte de los movilizados”, indicó este martes el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, entrevistado en el programa 180 de radio Patria Nueva.

A continuación, se ofrecen los indicios señalados:

Indicio 1.- Grupos alentaron el incendio en la Chiquitania

Entre agosto y septiembre de 2019, se produjo un incendio en la Chiquitania que obligó a una movilización titánica del Estado y de miles de militares. Según Zabaleta, mientras el Gobierno apagaba el fuego, llegaban desde la ciudad de Santa Cruz, personas en camionetas trayendo botellas de gasolina para mantener el incendio.

“Esta operación donde (Luis Fernando) Camacho es el protagonista, yo en lo personal veo de forma más clara en el incendio en la Chiquitania”, dijo Zabaleta, quien aseguró que existía un aparato mediático que ocultaba los incendios provocados e intentaba mostrar al gobierno como responsable del desastre.

“Ahí se nota una estrategia para socavar las bases del Gobierno”, indicó el exministro al programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

Indicio 2.- Paros cívicos y bloqueos de calles

Antes de las elecciones generales, varios comités cívicos y agrupaciones ciudadanas realizaron paros y bloqueos en contra de la postulación de Evo Morales a la presidencia.

“Manifestantes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro, en Bolivia, bloquearon vías durante la jornada de paro en rechazo a la reelección del presidente Evo Morales. También piden la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral”, informó la cadena televisiva CNN el 22 de agosto de 2019.

Indicio 3. Desconocimiento de las elecciones y llamado a la convulsión social

El 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones generales donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganaba con más del 47%, el entonces candidato Carlos Mesa desconoció los comicios sin que haya terminado el cómputo oficial. “Estoy llamado a la movilización de Comunidad Ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la fuerza de la gente para exigir que no se trate de repetir un nuevo 21F de 2016", manifestó Mesa en rueda de prensa. (Fuente: Los Tiempos-ANF / 21-10-2019).

Tras el llamado de Mesa, grupos de choque, como la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Cochala y otros, procedieron a la toma violenta de instituciones públicas y quema de tribunales electorales departamentales y destrucción de actas electorales. Varias casas de autoridades fueron atacadas y asaltadas.  

Indicio 4. Eslogan del “fraude monumental” para movilizar

Carlos Mesa denunció, sin ninguna prueba, la existencia de un “fraude monumental” en las elecciones. (Fuente: Periódico El País, de España / 15-11-2019). Hasta la fecha, no se presentaron denuncias fehacientes que sustenten esas denuncias y las nueve fiscalías del país desestimaron el caso por falta de pruebas (sobreseimiento).

La OEA emitió un informe donde denunció irregularidades pero en ningún momento mencionó la palabra “fraude”. Sin embargo, ese informe fue usado por grupos civiles para causar hechos de violencia, toma de instituciones y el posterior golpe de Estado. 

Indicio 5. El motín policial

El 8 de noviembre comienza el motín policial. La primera en rebelarse fue la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de la ciudad de Cochabamba y poco después se amotinaron los comandos de la policía de Sucre y Santa Cruz.

“La policía, en esos días, había tomado la decisión política de sacar al presidente Evo Morales. ¿Si eso no es golpe de Estado qué es?, indicó el exministro Zavaleta.

La exautoridad dijo que los policías salieron entonces a marchar y actuar en las calles portando sus armas.

Indicio 6.- Deliberación e insubordinación militar

Zavaleta dijo que antes de que el presidente Evo Morales renuncie el 10 de noviembre de 2019 a las 16h50, los militares decidieron desconocer la autoridad de su Capitán General y del Ministro de Defensa.

Los militares decidieron realizar operaciones aéreas en La Paz y Oruro para atacar a civiles que salieron en defensa del Gobierno, impidieron el uso del avión presidencial a Evo Morales, trabaron la llegada de un avión mexicano que pretendía trasladar a Morales e hicieron lo imposible para impedir que esa aeronave salga del país transportando al entonces Mandatario.

En uno de esos momentos, los militares y policías intentaron rodear la aeronave donde estaba Morales en el aeropuerto de Chimoré, dijo el exministro de Defensa.   

Por si fuera poco, indicó Zavaleta, los jefes militares deliberaron políticamente y se pronunciaron pidiendo la renuncia de Evo Morales lo que significó que actuaron al margen de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. “Se saltaron la cadena de mando”, manifestó.

Indicio 7. Grupos civiles armados

Zavaleta indicó que grupos civiles delincuenciales operaron con armas y violencia para secuestrar, torturar, quemar casas y asaltar domicilios de autoridades que estaban en la línea de sucesión constitucional, es decir tenían la posibilidad legal de sustituir a Evo Morales en la Presidencia.

“Había una actitud coordinada, secuenciada y planificada de parte de los movilizados, obviamente no todos, pero tenían una actitud planificada secuenciada, coordinada para evitar la sucesión constitucional, es decir sabían a quién secuestrar, a quién amenazar, sabían a quién quemarle la casa y sabían a quién atacar con el único afán de que se evite la sucesión constitucional”, indicó Zavaleta.

Indicio 8. Custodia y resguardo a civiles

Los policías y militares procedieron a dar protección, resguardo y ponerse a órdenes de civiles como Luis Fernando Camacho, que llegó a la ciudad de La Paz y hasta se vistió con uniforme policial y recorrió las calles en vehículos de la entidad verde olivo.

Indicio 9. Jorge "Tuto" Quiroga ordena a los militares

Los jefes militares de la Fuerza Aérea Boliviana se pusieron a órdenes de Jorge "Tuto" Quiroga quien ordenó la salida del avión donde se transportaba a Evo Morales y otras autoridades que habían renunciado, rumbo al extranjero, según testimonió la exministra Teresa Morales.

Indicio 10. Camacho pide que Junta militar-policial sea gobierno

Luis Fernando Camacho, entonces dirigente cívico cruceño, plantea la conformación de una Junta militar-policial y civil que se haga cargo del Gobierno.

Indicio 11. En la UCB se definió la presidencia de Áñez

Actores políticos, cívicos, Waldo Albarracín, la jerarquía católica y embajadores extranjeros, definieron sin ninguna atribución legal, el 10 de noviembre de 2019, que Jeanine Áñez sea la Presidenta de Bolivia y hasta la llamaron por teléfono para invitarla a ocupar la primera magistratura del país.

La Justicia envió a la cárcel de San Sebastián, de manera preventiva, a Sergio Fabián Bustillos, acusado por violencia en contra de Adriana Peredo, instructora de fitness. También es acusado por los delitos de intento de feminicidio, privación de libertad, violación, pornografía y extorsión.

El sindicado cumplirá seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Sebastián (Cochabamba), después de que un juez revirtió las medidas sustitutivas.

“El juez ha determinado la detención preventiva del agresor, eso nos deja más tranquilos porque Adriana va a estar tranquila, con esa certeza de que se ha hecho justicia”, indicó Waldo Guillen, abogado de la víctima, en un contacto con ATB

De acuerdo con el abogado, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Municipal de Cochabamba ayudó sumando una denuncia por violación, para cambiar la tipificación de los delitos y por las secuelas que dejó en la joven, para que así se extienda la condena del sindicado.

“Ella fue acogida por los profesionales del SLIM del gobierno municipal que también ha ayudado con una denuncia por el delito de violación, porque se le ha practicado un abordaje psicológico reciente a Adriana que ha sido mucho más contundente”, aseveró Guillen.

El fin de semana, la historia de Peredo se hizo viral en redes sociales, ya que la joven relató que fue agredida de manera física, psicológica y sexual por su expareja, quien la retuvo en contra de su voluntad durante 12 días, bajo amenazas de subir las imágenes a redes sociales.

Una vez que logró escapar, con la ayuda de su familia, sentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y así el sujeto fue detenido. Tras conocerse el caso de la joven instructora, aparecieron otras víctimas del sujeto, las mismas que detallaron casos de violencia física y psicológica por parte del denunciado.

Arturo Murillo, exministro de Jeanine Áñez, no solo está detenido en EEUU acusado de soborno y lavado de dinero, sino que ahora enfrenta disputas con su abogada defensora ante la alternativa de declararse culpable para minimizar su condena. Las dificultades llegaron a tal punto que tuvo que cambiar de abogado defensor ante la cercanía de una audiencia judicial que podría postergarse.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, está atento al curso del proceso penal contra Murillo y da los últimos toques a una demanda civil para recuperar los $us 2,3 millones de sobreprecio que pagó el exministro de Gobierno en la compra de gases lacrimógenos destinados a la represión de las protestas durante el régimen de facto de Áñez.

Chávez fue quien informó, en entrevista con el canal Abya Yala, de las recientes penurias de Murillo con su equipo de abogados.  “Lo último que hemos conocido es que tiene diferencias con la abogada que lo patrocinaba y esto ha ocasionado que la abogada pida que en audiencia explique los motivos por los cuales existió esa diferencia, que de hecho entendemos, ha ocasionado el cambio de la abogada y sustituida por otro patrocinio, es decir, ha cambiado de abogado, el abogado saliente quiere explicar por qué motivo es que ha dejado el caso”, manifestó.

En mayo de 2021, se conoció que Julia Kefalinos, una jurista destacada en Miami especializada en la defensa a personas o empresas acusadas por delitos financieros, era la abogada de Arturo Murillo en Estados Unidos.

El Procurador explicó que Murillo tiene la probabilidad legal de disminuir su condena por los delitos por los cuales se le acusa, pero para acceder a esa modalidad de la justicia de EEUU, antes debe declararse culpable.

“La información que tenemos es que, de acuerdo a los procedimientos y las leyes de los Estados Unidos, el señor Murillo puede llegar a algún acuerdo procesal, a un acuerdo con la Fiscalía a objeto de rebajar su condena, dando información que permita acceder a un beneficio de este tipo, pero siempre con la premisa de que debe declararse primero culpable”, dijo.

Estas dificultades legales que atraviesa Murillo y la probabilidad de que acceda a la reducción de su condena pueden derivar en la postergación de su audiencia programada inicialmente para el 9 de julio. Sin embargo, ese diferimiento aún no fue confirmado, dijo el Procurador.

Consultado sobre el juicio civil para recuperar los dineros sustraídos por el clan de Murillo, Chávez informó que “estamos también nosotros trabajando en esta semana ya el proyecto de la demanda civil que también vamos a introducir en los Estados Unidos para que se recuperen los dineros a objeto del robo que ha existido en este millonario caso de engaño y sobornos de parte del señor Murillo”.

“Por un lado, vamos a recuperar los dineros, queremos eso y, por otro lado, queremos que se califique, de manera dura, el monto por cuál deben responder las personas que han ocasionado tremendo daño al país, le reitero, en una época de pandemia, esto deberá ser dimensionado en esos dos componentes en la acción civil que estamos introduciendo en los siguientes días”, sostuvo.

Murillo fue detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y recibir soborno proveniente de la corrupción. El dinero le habría sido entregado a cambio de la contratación que hizo el gobierno de facto de la empresa Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones para la provisión de gases lacrimógenos.

Tras la admisión de la proposición acusatoria por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se comunicó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a las investigaciones y citaciones de los involucrados en los hechos de 2019, entre ellos, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Indicó que se prevé que las indagaciones duren 30 días.

“En el marco de la Ley Nº 044 (de  Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado) el informe de inicio investigación fue comunicado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes, a cuya conclusión, si corresponde se remitirá el correspondiente requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la posterior autorización de juicio de responsabilidades”, indicó la autoridad.

La autoridad señaló que a la fecha, el Ministerio Público envió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de deberes.

Estos requerimientos son de conocimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su revisión y autorización para dar continuidad del trámite procesal y el respectivo juzgamiento ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

“Tenemos 30 días de acuerdo a ley para la acumulación de todos los elementos de investigación que vamos a iniciar inmediatamente con las citaciones y los requerimientos correspondientes”, aseguró Lanchipa.

Explicó que la proposición acusatoria sobre los hechos luctuosos registrados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y el municipio de Sacaba en Cochabamba tiene como base las actuaciones cumplidas por Añez en su condición de mandataria a denuncia de 20 personas.

Respecto a Jeanine Áñez, aseguró: “Vamos a remitir el requerimiento correspondiente para que preste su declaración en este caso”.

En Senkata y Sacaba, durante los conflictos sociales de noviembre 2019, más de una treintena de personas fallecieron por una intervención de policías y militares.