El diputado Sandro Ramírez (MAS) afirmó este miércoles que las medidas implementadas por el Gobierno nacional permitieron que hasta abril en Bolivia se haya registrado el crecimiento del índice de la actividad económica del 5,3%, tras una gestión nefasta del gobierno de facto.

“Son varios factores, principalmente garantizar la salud, educación, el crecimiento económico; se basa también en la garantía de dar la estabilidad laboral, generar empleo, cuando hay generación de empleo, hay oportunidad de crecimiento, esos son los resultados para que Bolivia vuelva a su sitial correspondiente de tener una estabilidad económica”, mencionó.

El legislador destacó, además, la participación del pueblo boliviano en el proceso de crecimiento económico a través de su trabajo cotidiano y lamentó que algunos opinadores no quieran reconocer la gestión del Gobierno central.

“Ellos no van a querer reconocer el trabajo que ha hecho nuestro Presidente (Luis Arce), sino al contrario, piensan que de la noche a la mañana uno hace la economía, es la conciencia del pueblo y el trabajo del Gobierno”, ratificó.

Recordó que en la gestión de facto se generó un retroceso económico en el país, que decidió encerrar a la gente a causa de la pandemia por el COVID-19 y robar los recursos del Estado.

“Se dio oportunidad a las empresas privadas, a las microempresas, se recuperaron nuestras empresas estatales y creo que eso nos ha dado lugar a tener la confianza del pueblo boliviano y recuperar la economía, cuando hay estabilidad económica hay garantía de mayor inversión en Bolivia”, destacó Ramírez.

El diputado Juanito Angulo (MAS), ante las amenazas del dirigente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, de asumir medidas de presión en rechazo al reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria, afirmó que estas tienen un tinte político y el objetivo es poner en riesgo la salud del pueblo boliviano.

“El sector que está anunciando estas medidas es meramente político, les pedimos que asuman con responsabilidad y compromiso. El sector ha estudiado para hacer un servicio social con el tema de salud y no podemos entender que en estos momentos estén con estos anuncios”, señaló.

Recordó que en diversas oportunidades autoridades del Ejecutivo convocaron a los dirigentes de ese sector para que, en forma conjunta, se pueda trabajar en la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, sin embargo, ellos rechazaron la invitación.

“El Gobierno en reiteradas veces ha convocado, se les ha invitado a que participen en la reglamentación y se negaron, se abstuvieron, y ahora que tenemos la reglamentación, quieren salir con medidas de manera política”, precisó.

Angulo mencionó que el pueblo boliviano no permitirá que se paralice la atención en Salud a la población, porque ese extremo sería un “atentado”, más cuando el país está por enfrentar la cuarta ola de la pandemia del COVID-19.

“Cualquier medida no atenta al MAS, sino al pueblo boliviano, es un anuncio político para poner en riesgo la salud del pueblo boliviano y para desacreditar y deslegitimizar toda la tarea que está haciendo nuestro Gobierno en bien del pueblo boliviano”, ratificó.

El viceministro de Régimen Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno, Nelson Cox, informó este miércoles que aquellos actores políticos que desinformen a la población sobre el tráfico ilícito de armas podrían ser vinculados con el caso.

“Quienes en este momento estén intentado confundir (a la población), siendo cómplices de lo que ha sido una masacre, siendo cómplices de lo que ha sido un golpe de Estado, que lo piensen muy bien porque pueden asumir las responsabilidades de las vinculaciones”, indicó el viceministro en contacto con radio Éxito.

Solicitó a los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) ser más responsables con sus declaraciones, y que no intenten confundir a la población con afirmaciones que estarían promoviendo la impunidad. La autoridad aseguró que el Gobierno es responsable con todas las investigaciones y eso lo demuestra la documentación que presentó sobre el ingreso ilícito de armamento argentino en 2019.

“Aquí no hay ningún show, tenemos documentación (….). Que reflexionen como asambleístas y que sean conducentes como lo que el pueblo quiere”, enfatizó Cox.

La autoridad indicó que todas las personas que sean convocadas por la Fiscalía a rendir su declaración en calidad de testigos deben cumplir con su obligación y dar su versión; en caso de incumplir, podrían ser consideradas como cómplices. “Todo ciudadano tiene la obligación de declarar lo que ha visto”, aseveró.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, recordó que las denuncias sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos de Jeanine Áñez, recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, fueron desvirtuadas luego de las visitas que los miembros de esta instancia legislativa realizaron a esas instalaciones.

La aclaración surge luego de que Áñez enviara en la víspera una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar una audiencia que le permita hacer conocer su actual situación.

“Lo aseverado en esa carta, de ninguna manera estuviera sucediendo, en otras palabras, no existe vulneración de sus derechos humanos por parte del Estado en contra de la señora Áñez, en consecuencia, estas aseveraciones no están siendo más que una estrategia jurídica para poderse victimizar y, de la misma manera, es parte de la defensa que seguramente han planificado”, dijo el legislador.

Por otro lado, recordó que Áñez, a diferencia de cualquier otra persona con detención preventiva, goza de muchos privilegios al interior del centro penitenciario.

“En otras palabras, hemos evidenciado que la señora Áñez es una privilegiada, contar con tres médicos personales, la posibilidad de que tenga asistencia particular de médicos especialistas, que tenga visitas, de que tenga ahí y cuente con la probabilidad de que cada día en el desayuno y almuerzo tenga que estar asistida por su familia, yo creo que eso no se puede conceptualizar como una vulneración a los derechos humanos”, resaltó.

En este sentido, calificó la carta enviada por Áñez a Bachelet de engañosa y de no estar apegada a la verdad sobre los acontecimientos acaecidos el 2019.

“Pretende con esta carta, que solicita una audiencia para la hija de la señora Áñez con la señora Bachelet, hacer creer que la asunción al gobierno en la gestión 2019 fue absolutamente constitucional y a la fecha hemos demostrado que de ninguna manera la segunda vicepresidenta del Senado, como era la señora Áñez, tendría la capacidad y posibilidad, conforme al reglamento y Constitución, de poder asumir la primera magistratura de nuestro Estado Plurinacional”, subrayó.