El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por mayoría, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N°224/2020-2021 de “Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP)”.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, informó que la norma surge tras los resultados de la ineficiente administración en el régimen de facto, antes de la pandemia.

“El mal manejo de sus tres ministros (de Economía) que, desde el primer día que empezaron (a trabajar) paralizaron la inversión pública y dejaron de hacer transferencias, no solo en los aspectos productivos, sino también en lo social; y a partir de eso, se dio la caída de la economía antes de la pandemia”, expuso el diputado en su intervención.

Yujra explicó que, producto de la ineficiente administración, se paralizaron las dos fuentes de ingreso más importantes del Estado, como son las empresas públicas y la recaudación tributaria, las cuales dejaron de generar recursos, siendo que en 2019 tuvieron utilidades de Bs 3.526 millones.

En el caso de la recaudación tributaria, sostuvo que después de que colocaran como gerente a Mario Nava Morales, hombre de confianza del exlíder del Comité Cívico Pro Santa Cruz y actual gobernador cruceño, Fernando Camacho, la recaudación cayó en un 23% y el país perdió cerca de Bs 13.000 millones.

Remarcó que, finalmente, esa recaudación se tradujo en enormes pérdidas de recursos de coparticipación tributaria para municipios, gobernaciones y universidades públicas.

“Es así que, a falta de ingresos, la inversión pública se redujo en un 66%; el desempleo subió a cerca de 11,6% y la actividad económica se contrajo en un 11%”, aseveró.

En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas Publicas, Marcelo Montenegro, destacó los avances de la economía boliviana que, con prioridad, atiende la reactivación económica, el área de Salud y Educación.

Explicó que, entre diciembre de 2018 y octubre de 2020, la inversión pública ejecutada de manera mensual registró cifras en rojo; por ejemplo, en diciembre de 2018 la inversión pública llegó a $us 763 millones, en octubre del mismo año registró $us 375 millones, en los conflictos de noviembre y la gesta del golpe de Estado bajó a $us 212 millones.

“En junio de 2020, en lugar de incrementar, bajó aún más a $us 74 millones y luego de las elecciones presidenciales, la cifra mostró sus primeros avances logrando, en octubre del mismo año, $us 224 millones”, explicó.

La propuesta legislativa tiene por objeto autorizar la constitución del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) destinado a reactivar proyectos de inversión pública de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s).

El proyecto de ley, a su vez, autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a otorgar un crédito extraordinario en favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN) destinado al fideicomiso.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en condición de fideicomitente, constituirá el FARIP con recursos del crédito extraordinario.

El FARIP será administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un monto total de Bs 2.000 millones que tendrán la finalidad de otorgar créditos a las ETA’s para financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central del Estado.

De esa manera, las gobernaciones, municipios, autonomías regionales y pueblos indígena originario campesinos podrán reanudar la ejecución de proyectos de alto impacto que generarán empleos y reconstruirán la actividad económica a nivel local, favoreciendo a microempresas, obreros, transportistas, agricultores, profesionales, entre otros rubros.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que el contenido del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se conocerá aproximadamente el 5 de agosto próximo, de acuerdo a un protocolo suscrito entre el Gobierno boliviano y ese organismo internacional.

“A partir de la entrega del documento, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisar el documento. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como Gobierno”, indicó.

Transcurrido el plazo de 10 días, el Gobierno hará conocer oficialmente su postura a la CIDH, instancia internacional que podría aceptar o no las observaciones o precisiones presentadas por el Ejecutivo boliviano. Emitida esa respuesta, recién se contaría con un documento oficial para su publicación.

“Yo estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto, la primera semana de agosto recién se pondría en conocimiento público el informe por este procedimiento, que está fijado en el protocolo”, ratificó Lima.

Sobre la naturaleza jurídica del informe, la autoridad precisó que todos los documentos que se emiten en el ámbito de un acuerdo entre el Gobierno boliviano y el GIEI, no son equivalentes a una sentencia, ni a una opinión consultiva, se trata de un informe que tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos.

“Por lo tanto, el informe, en algunas partes es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación, esto lo vamos a analizar y lo vamos a procesar y les vamos a dar la información oficial en cuanto tengamos conocimiento del mismo”, dijo en contacto con la prensa.

“Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado, que tengamos que hacer una reparación a las víctimas, pero hay otros aspectos que van a ser a título de recomendación, me entenderán que una recomendación, no es una sentencia”, complementó.

El informe que será entregado este 23 de julio a la Cancillería boliviana, cumplidos los procedimientos mencionados, será publicado en el portal web del GIEI de la CIDH.

“Nosotros siempre que hemos hablado con ellos los hemos invitado muy cordialmente a que cualquier acto que sea necesario hacer en el país, va a tener toda la colaboración del Gobierno nacional, pero quien presente el informe y quien es el autor del informe es el GIEI”, concluyó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente deben incorporar en sus estatutos mecanismos para la resolución de denuncias contra el acoso político y la despatriarcalización. 

“Todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente de alcance nacional, departamental y municipal, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Única de la Ley 1315 de 13 de agosto de 2020, deben adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, hasta el 31 de diciembre de 2021”, señala el instructivo.

Agrega que el plazo para adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, vence el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, deben actualizar el registro de su militancia hasta el 7 de marzo de 2022, conforme establece la misma norma.

Las adecuaciones deben ser presentadas para su registro ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente “en un plazo máximo de 30 días calendario después de ser aprobadas en la instancia interna de la organización política”, establece uno de los lineamientos señalados en el instructivo.

Finalmente, el documento indica que la agrupación ciudadana Movimiento Demócrata Social (Demócratas), en aplicación del artículo 5 y en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, debe iniciar su trámite de conversión a partido político hasta el 31 de diciembre de 2021.

Adolfo Mendoza presidente del Parlamento Andino, informó este jueves que, por mayoría, la representación supraestatal boliviana determinó solicitar al Parlamento del Mercosur (Parlasur) la conformación de una comisión de investigación sobre el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia.

“La representación supraestatal, por decisión mayoritaria, ha decidido solicitar al Parlamento del Mercosur la conformación de una comisión de investigación sobre el golpe de Estado y, sobre todo de manera específica, a partir de los hallazgos en torno al material de represión otorgado por algunos gobiernos del pasado, como el caso del gobierno de (Mauricio) Macri y como el caso de Lenín Moreno”, especificó.

El objetivo central de esa solicitud, según Mendoza, es que se aclaren los sucesos de noviembre, durante los hechos violentos registrados en la toma del poder que consolidó el golpe de Estado.

“Independientemente de la valoración inicial, de la documentación ya existente, es necesario que el país y América Latina tenga la certeza de qué es lo que ocurrió en noviembre de 2019, la intención es que esto no quede en la incertidumbre, la intención es que todo esto signifique el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, subrayó.

Agregó que la comisión, de ser conformada, estaría integrada por legisladores de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, países que conforman el Parlasur. La solicitud sería puesta a consideración en la próxima sesión plenaria de esa instancia legislativa de integración.

Mendoza, además, informó que la parlamentaria boliviana, Martha Ruiz, que integra la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, hizo la propuesta al interior de esa instancia internacional, misma que habría recibido el respaldo de todos sus integrantes.

“Por tanto, no solo es una solicitud boliviana, sino una solicitud de la propia Comisión de Derechos Humanos del Parlasur”, precisó.