Gloria Quisbert, presidenta de los familiares de los fallecidos en la ciudad de El Alto durante la masacre de Senkata, en noviembre de 2019, expresó este jueves su deseo de que el informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que será presentará este 23 de julio, responda a sus pedidos de justicia.

“Por eso nosotros estamos a la espera, es muy importante este informe para todos nosotros porque sí hubo masacre y queremos, aparte de eso, que consigamos la justicia que nosotros buscamos como familiares de los fallecidos”, indicó.

El pedido reiterado de justicia es para que los fallecidos descansen en paz y los familiares puedan tener tranquilidad, por el dolor que les causa cada vez que recuerdan estos hechos, señaló.

“Es duro hablar del tema hasta este momento, pero nos tocó vivir a la gente más humilde, a la gente que nada tenía que ver en este lugar, nos tocó vivir este momento tan doloroso, más que todo lo que nosotros queremos es justicia, que se haga justicia con los autores y responsables que han ocasionado esto”, ratificó.

Quisbert recordó que las víctimas se reunieron en tres oportunidades con los cinco miembros del grupo de expertos de la CIDH y su equipo, a los cuales les dieron sus testimonios y les entregaron documentación de lo acontecido en la masacre de Senkata.

“La CIDH vino en diciembre a visitarnos en la misma iglesia de Senkata, cuando nosotros estábamos en shock dando los testimonios que en ese momento hemos vivido, hemos entregado pruebas, testimonios, folders con documentación con lo que nosotros teníamos. Una segunda vez que la GIEI nos visitó en la misma iglesia de Senkata, por marzo, y luego también fue una tercera que nos volvió a visitar, fueron tres veces que nosotros volvimos a recordar nuestros testimonios”, relató.

Gloria, perdió a su hermano Antonio de 24 años el 19 de noviembre en el sector se Senkata, durante la violenta represión instruida por el régimen de Jeanine Áñez. Antonio murió por un impacto de bala en su cabeza, el día en que salió rumbo a su trabajo para cobrar su salario; que al final fueron sus familiares los que lo recibieron en un sobre en el Cementerio General.

“Nosotros no vamos a descansar hasta buscar justicia, porque lo que nosotros queremos es justicia y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque estas muertes no tienen olvido ni perdón, lo que han hecho con nosotros, al mandarnos a matar (…). Entonces, es muy importante ese informe que nosotros escuchemos como familiares de los fallecidos, es muy importante para nosotros, porque ahí es donde se va a determinar todo lo que es la verdad”, testimonió.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS), indicó este jueves que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), aportará mayores revelaciones sobre los hechos violentos de 2019.

“Lo que va a tener este documento es revelaciones dramáticas sobre los mecanismos dictatoriales y fascistas que se usaron para cegar la vida de los bolivianos, lo que va a tener este documento, estamos seguros, es la revelación de la participación activa de un gobierno de facto que ha estado a la cabeza de la señora (Jeanine) Áñez y que ha estado acompañada por el consejo de ministros de la muerte, que aprobaron un decreto, el 4048 y el 4100, que permitió que el Estado pueda delinquir”, manifestó.

Jauregui dijo además que con el documento se podrá impulsar los procesos penales y ordinarios contra las exautoridades del gobierno de facto.

“En consecuencia, conforme a lo que emane de este documento vamos a poder impulsar rápidamente los procesos ordinarios o procesos en contra de las altas autoridades por la comisión de delitos de lesa humanidad, porque no se puede catalogar de otra manera, las masacres son delitos de lesa humanidad”, apuntó.

Mencionó que el documento de la CIDH se constituirá en un antecedente más sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre la promulgación de decretos supremos que fueron en contra de la Constitución.

“En consecuencia, el informe sí va a reforzar el juicio de responsabilidades, pero el delito ya está consumado, ya se ha cometido el delito, en el momento en el que aprobaron un decreto supremo para eximir de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, ya se consumó el delito”, ratificó.

Por su parte, su colega Héctor Arce dijo que el pueblo boliviano tiene derecho a saber la verdad sobre lo que pasó el 2019 y el 2020, para que todos los hechos de dolor, llanto y muerte no queden en la impunidad.

“No hay duda en absoluto de todo el régimen de terror, brutal y sanguinario de persecución que implementaron al estilo de (Luis) García Meza, al estilo de Luis Arce Gómez, quien dijo ‘el que no esté de acuerdo con este Gobierno, anden con el testamento bajo el brazo’; (Arturo) Murillo copió esa forma de gobernar, esa forma de amedrentar, esa forma de perseguir, de torturar al pueblo boliviano”, sostuvo.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, anunció este miércoles que presentará una denuncia penal en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en contra de representantes de la Fundación de Desarrollo Social Éxodo Ebenezer, por supuestas estafas en la venta de viviendas sociales a familias en diferentes departamentos del país.

Con el respaldo de otros legisladores de la Bancada del MAS en Santa Cruz, señaló que la acción legal será presentada contra los ciudadanos Luis E. P., Carlos M. F., Edgar F., Sixto A. y Nelly R. principales involucrados en el caso, según una nota de prensa.

“Esta semana que viene, vamos a presentar una denuncia penal por el ‘delito de estafa’ y ‘estafa agravada’ con víctimas múltiples. Si bien este señor Luis E. P. está con mandamiento de apremio, sus operadores siguen engañando a la gente en diferentes departamentos”, explicó.

En una anterior oportunidad, Mendoza advirtió, a través de los medios de comunicación, sobre esas irregularidades en la venta de inmuebles por parte de la Fundación que, utilizando documentos falsos, cobraba entre Bs 500 a 1.000 a cada interesado.

“Hace dos días atrás se comunicaron conmigo familias de Oruro, nos dijeron que en el municipio de Corque, el año pasado, han estafado a más de 300 familias cobrando a Bs 1.000 a cada una; en el municipio de Santiago de Andamarca han engañado a 50 familias”, detalló Mendoza.

Agregó que, tras las solicitudes de peticiones de informes que envió a la Cancillería, al Viceministerio de Autonomías y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), logró recolectar evidencias que demuestran la ilegalidad de la institución, toda vez que no figura en el registro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y no está autorizada para recibir recursos desde el exterior para fines sociales.

“El representante Luis E. P., hasta hace unos días seguía visitando las comunidades, utilizando nombres de alcaldes, seguía yendo a sonsacar a los vecinos que creen en ellos, aprovechándose de la necesidad de muchas familias que anhelan tener su casa propia. Queremos alertar a la población para que no caigan en estas estafas. Están en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad”, concluyó.

La periodista y escritora argentina especializada en política internacional, Stella Calloni, afirmó este miércoles que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su siglas en inglés) contactó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina en Bolivia, José Sánchez, en la ciudad de La Paz, para recabar información sobre el expresidente Evo Morales y sus ministros, de manera previa al golpe de Estado de 2019.

“Un informe que vino desde Estados Unidos decía que la relación de la CIA, en La Paz, incluyó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina en Bolivia, José Sánchez, (para) apoyar con la recopilación de información sobre Evo Morales y todo su Gabinete”, aseveró en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

Según Calloni, el reporte del caso fue conocido el 15 de septiembre de 2019 y el trabajo involucró a varios agentes argentinos que estaban en el territorio boliviano, además de que se solicitó el apoyo de funcionarios de Brasil, Colombia y Perú.

Explicó que el objetivo era elaborar perfiles psicológicos de Morales y sus principales colaboradores, entre ellos Juan Ramón Quintana y Diego Pary, entre otros, así como recolectar información de inteligencia para vincularlos con el tráfico de drogas y negocios privados que pudieran comprometerlos con algún esquema de corrupción.

“Eso estaba bajo el control absolutamente del gobierno de (Mauricio) Macri ¿Qué estaba haciendo este hombre de la inteligencia allí?”, sostuvo.

Dijo que la información era recopilada para la ejecución de campañas mediáticas contra Morales.

La periodista mencionó que los datos fueron incluidos en un libro que escribió y pidió que el caso sea investigado, junto con otros detalles como la salida de varios vuelos de aeronaves de Argentina que llegaron a Bolivia de manera previa al golpe de Estado de 2019.