Tras la entrega del informe sobre la crisis y la violencia suscitada entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado viernes, el analista político Hugo Moldiz sostuvo este lunes que el documento servirá para reforzar la investigación que el Ministerio Público lleva adelante por las masacres de Sacaba y Senkata.

“Creo que este informe, sus conclusiones no van a poder negar el hecho de que ha habido masacres y violaciones de derechos humanos de parte de quienes asaltaron inconstitucionalmente el poder, y creo que, si bien no pueden tener un efecto vinculante, al mismo tiempo son elementos que le van a servir al Ministerio Público para reforzar la investigación que ya lleva adelante”, mencionó en contacto con Bolivia TV.

Aclaró que independientemente de lo que señale el informe del GIEI, el proceso por las masacres y violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto está abierto en la justicia boliviana.  

"El proceso abierto por las masacres de Sacaba y Senkata no está en dependencia de lo que vaya a señalar este informe, está en relación a los hechos materiales, a las pruebas materiales que existen para poner en el banquillo de los acusados a quienes, desde la impunidad en ese momento, llevaron adelante la masacre de hermanos, hermanas, de ciudadanos y ciudadanas bolivianos y bolivianas”, mencionó.

Por otra parte, expresó su confianza en la plena objetividad de los integrantes del GIEI, quienes conocieron in situ los testimonios de los familiares de los fallecidos, heridos, torturados y detenidos durante las represiones instruidas por el régimen de facto en noviembre y diciembre de 2019.

“Creo que hay que tener, por un lado, confianza de que este grupo sea objetivo a propósito de los hechos que sucedieron antes y durante el golpe de Estado, pero, por otra parte, también cautela porque no nos olvidemos el contexto en el cual se formó este grupo, la separación que se hizo de su director ejecutivo, el señor Paulo Abreu, y por la manipulación que era previsible por parte del señor Almagro”, indicó.

El canciller Rogelio Mayta sostuvo que la participación de México en 2019 tras el golpe de Estado en Bolivia evitó un magnicidio al proteger la vida del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, mediante el asilo.

“La verdad, probablemente, habría sido diferente. Porque la mano de México, o sea el actuar de México, respecto al presidente Morales al resguardarle, primero que ha salvado su vida y la vida de su comitiva”, respondió Mayta en entrevista con el periódico mexicano Milenio al ser consultado si los hechos hubiesen sido distintos sin el asilo otorgado.

El jefe de la diplomacia boliviana se refirió al caso a un año y ocho meses del golpe de Estado en Bolivia, cuando el entonces presidente Evo Morales tuvo que renunciar forzado ante la escalada de violencia de grupos radicales que amenazaban a las autoridades nacionales y a seguidores del MAS.

“Segundo, que si se hubiese cometido ese magnicidio, si la gente llena de odio, de prejuicios, hubiese llegado a consumar ese hecho el impacto de la sociedad boliviana hubiese sido muchísimo mayor”, explicó.

El golpe de Estado fue consumado el 10 de noviembre de 2019, cuando Morales, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dimitía al cargo desde el trópico cochabambino tras las elecciones presidenciales de ese año.

Esos comicios confirmaban la cuarta victoria nacional consecutiva de Morales desde 2005. Según los resultados finales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a su líder político, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los sufragios válidos emitidos. El segundo lugar fue ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.

El 12 de noviembre de 2019, el entonces mandatario Evo Morales aceptó la oferta de asilo de México. Se le envió un avión de la Fuerza Aérea mexicana porque se alertó que la vida del líder del MAS corría peligro en Bolivia.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, sostuvieron este domingo una disputa verbal donde hicieron referencia a la impuntualidad y a la importancia que le dan a la salud de la población, según un reporte de Bolivia Tv.

El incidente ocurrió luego de que Santos Quispe, el 21 de julio, lamentara la ausencia de la alcaldesa Eva Copa, a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz. “Pareciera que no le importa la salud, por eso ha hecho su entrada (por la Virgen del Carmen) sin consultar al COED. Ella ha hecho su capricho, prefirió hacer su entrada y prefiere estar bailando que estar luchando por la salud”, declaró entonces a los periodistas.

Este domingo, Copa reprochó a Quispe, pero por el horario de inicio de una actividad pública.

“Para empezar, lo único que quiero decir es que nos tratemos con respeto, todos somos autoridades y la gente merece respeto. Merecemos empezar a la hora que hemos dicho por que esta gente está aquí desde las 07.30 haciendo fila”, indicó Copa, según el reporte televisivo.

Por su lado, el gobernador Quispe, aseguró que “nosotros en el COE hemos esperado dos veces y siempre ha mandado un representante la Alcaldesa. A la Alcaldesa nunca le ha importado la salud, ahora me sorprende que esté aquí presente, me sorprende. Al fin y al cabo, la Alcaldesa nunca ha velado por la salud”.

Seis son los integrantes del equipo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que este viernes presentará el informe que incluye resultados de investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en territorio nacional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El documento tendrá, además, recomendaciones para coadyuvar a las autoridades bolivianas en los temas de promoción de la justicia y de garantía de reparación a las víctimas.

Los expertos fueron seleccionados de acuerdo a sus perfiles para garantizar la idoneidad técnica en el desarrollo de sus funciones. Todos son extranjeros y eso responde a la necesidad de independencia e imparcialidad en las investigaciones. Cuentan con amplia trayectoria en materia de derechos humanos, investigación, enjuiciamiento y sanción de actos de violencia.

Magdalena Inés Correa Henao

Magdalena Inés Correa Henao es abogada, doctora en Derecho, experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector. Se desempeña como catedrática e investigadora universitaria.

Fue Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, formó parte del panel independiente: selección de Jueces de la Constitución Sala de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador y, actualmente, es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Patricia Tappatá Valdez

Patricia Tappatá Valdez es Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos - UNESCO, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Fue Directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador, que investigó el conflicto armado de ese país.

Coordinó diversos programas de justicia y democracia, en América Latina y África. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos de violación de los derechos. También, fue Directora a cargo de la relación con organizaciones de la sociedad civil en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina. Es miembro de la facultad de LLM en Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Marlon Weichert

Marlon Weichert ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Participó como experto en casos ante la Corte-IDH y la CIDH sobre justicia transicional y seguridad pública.

Fue parte de equipos de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes de lesa humanidad en Brasil, inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada. Fue miembro de la Comisión de Amnistía y participó activamente en debates sobre el derecho a la verdad y el establecimiento de una Comisión Nacional de la Verdad. Posee una maestría en Derecho Constitucional. Fue investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York - Hauser Global Fellows Program.

Jaime Vidal Melero

Jaime Vidal Melero es coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH y Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia. Es abogado de nacionalidad chilena y española, egresado de Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde 2016 ha desempañado varios cargos en la CIDH, entre ellos el de Responsable de relatorías temáticas y coordinador operativo de las SACROI.

Obtuvo una maestría en Sistema de Justicia Penal por la misma Universidad y un LLM en Derecho Internacional Público con mención en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht, Holanda. En su trayectoria profesional, desempeñó diversos cargos en organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Hasta 2015, ejerció como Oficial de Derechos Humanos en la Oficina Regional para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Santiago de Chile. Previamente, ejerció como docente universitario e investigador para distintas organizaciones de la sociedad civil.

Julian Burger

Es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido). Impartió cursos de Derechos Humanos en instituciones como la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Durante más de 20 años, dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, donde fue responsable de las negociaciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ayudó a establecer el principal mecanismo de garantía relacionado con los pueblos indígenas. Ha escrito extensamente sobre los derechos humanos y sobre pueblos indígenas.

Juan Méndez

Juan Méndez fue Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, fue miembro del Comité de Selección para nombrar magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y miembros de la Comisión de la Verdad establecida como parte de los Acuerdos de Paz de Colombia. Durante 15 años, trabajó con Human Rights Watch, en asuntos de derechos humanos en el hemisferio occidental. Es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la “American University – Washington College of Law”.