¿Qué dicen las publicaciones internacionales que descartan fraude electoral en 2019?
¿Qué dicen las publicaciones internacionales que descartan fraude electoral en 2019?

Seis publicaciones internacionales descartaron la existencia de fraude durante las elecciones presidenciales de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las investigaciones corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.

Antecedentes

El 10 de noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia sobre un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del presidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado. Además, la entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó ese escenario para tomar el poder y aplicar un régimen de violencia como en el caso de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

El 4 de diciembre de ese año, la organización internacional publicó un informe final con base en lo que consideró una auditoría realizada a las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia, en la que se ratifica en sus observaciones; sin embargo, hasta la fecha no se pudo demostrar una presunta manipulación de los datos.

Esos comicios confirmaban la cuarta victoria nacional consecutiva de Morales desde 2005. Según los resultados finales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tenía como candidato presidencial a su líder político, logró 2.889.359 votos, número que representó el 47,08% de los sufragios válidos emitidos. El segundo lugar fue ocupado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien recibió 2.240.920 sufragios a favor, es decir, 36,51%.

Universidad de Salamanca

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), fue encargada de la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

La pericia informática tuvo como objetivo evaluar la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante los comicios generales del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura utilizada y los registros existentes de la fecha electoral.

En el documento, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. También, demostró que los sistemas y las bases de datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

Fundación Carolina

La Fundación Carolina es una institución del sistema español de acción exterior. Se constituye en octubre de 2000 para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica entre España y los demás países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros Estados con los que mantiene especiales vínculos culturales, históricos y geográficos.

En un análisis publicado en 2020, firmado por la investigadora Natalia Saltalamacchia Ziccardi y titulado “La OEA en la elección presidencial de Bolivia: problemas de credibilidad”, la institución establece lo siguiente: “La acelerada descalificación de los resultados preliminares y oficiales por parte de la MOE (Misión de Observación Electoral) se basó en buena medida en un ejercicio estadístico que, como se ha mostrado, da lugar a mucha discusión”.

Asevera que las expresiones de parcialidad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, no hicieron, sino agudizar las preocupaciones generadas por el análisis de la integridad electoral de las misiones de observación electoral.

“En primer lugar, resulta problemático que las MOE (que deben ser ostensiblemente neutrales y técnicas) dependan de un funcionario que necesariamente actúa tomando en cuenta consideraciones político-diplomáticas. Aquí existe un problema de diseño institucional que conviene revisar”, añade.

Centro de Investigación en Economía y Política

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) es una institución estadounidense que lleva a cabo investigaciones profesionales y educación pública. Sus estudios profesionales se orientan con la meta de llenar lagunas de conocimiento sobre temas de economía y problemas sociales, o el impacto de cierta política.

El CEPR examinó el caso boliviano de las elecciones de 2019 en un informe de 82 páginas y múltiples anexos. El documento desvirtúa las irregularidades presentadas por la OEA como evidencia de una supuesta alteración dolosa del resultado de las elecciones.

Entre sus principales conclusiones sobre la auditoría de la OEA indica lo siguiente: “No proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una falsa narrativa de fraude. Por ejemplo, omite indicar que, durante la interrupción, la empresa auditora investigó el servidor ‘no autorizado’ y determinó que no se habían alterado ni manipulado los datos electorales”.

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

En un artículo titulado “Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar un fraude” y publicada por The Washington Post, se destacó la investigación independiente elaborada por John Curiel y Jack R. Williams, ambos del personal del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

“No encontramos ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías, como muestra esta figura. Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en los recintos contados antes y después del corte. Hay poca diferencia observable entre los distritos en los resultados antes y después de la interrupción del conteo, lo que sugiere que no hubo irregularidades significativas. Nosotros y otros académicos dentro del campo nos comunicamos con la OEA en busca de comentarios; la OEA no respondió”, se lee en el artículo firmado por ambos investigadores.

The New York Times

El 9 de junio de 2020, el periódico estadounidense The New York Times publicó la nota “Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración”

El texto se basa en la investigación de expertos independientes. En su contenido afirma: “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”.

CELAG

En una publicación titulada “Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia” y elaborada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) se concluye: “En definitiva, el informe de la OEA, ya sea por incapacidad técnica o por dolo, incurre en debilidades manifiestas. Teniendo en cuenta la trascendencia del mismo, resulta cuando menos cuestionable que se emitan conclusiones como las que repetidamente ha realizado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y mucho menos que se pusiera en cuestión, dando alas a las subsiguientes acciones de las fuerzas armadas, la integridad general del proceso electoral en Bolivia (sic)”.


 
Bolivia y Perú acuerdan reinstalación del Gabinete Binacional con participación de organizaciones sociales
Bolivia y Perú acuerdan reinstalación del Gabinete Binacional con participación de organizaciones sociales

El presidente Luis Arce informó este miércoles que decidió, con su homólogo de Perú, Pedro Castillo, la reinstalación del denominado Gabinete Binacional entre ambos países, con la participación de las organizaciones sociales.

“Se ha decidido reiniciar, reinstalar, el gabinete binacional conjuntamente las organizaciones sociales a la brevedad posible. Ese es un tema fundamental que va a beneficiar, por supuesto, a ambos países”, manifestó luego de una reunión bilateral en la ciudad de Lima, Perú.

El Mandatario explicó que se acordó que la primera ronda de reuniones será instalada este año en el territorio boliviano y que las cancillerías de ambas naciones definirán la fecha.

Asimismo, dijo que en la reunión bilateral se habló también del tema energético, entre otros como el caso del comercio y el intercambio de experiencias, por citar algunos.

Por otro lado, el Jefe de Estado señaló que el Presidente de Perú propuso la reactivación del proyecto del “Corredor Ferroviario Bioceánico Central”.

“Nosotros le llamamos el tren binacional, para nosotros es exactamente el mismo planteamiento, así que vamos a trabajar arduamente para que la propuesta del Presidente peruano, que coincide plenamente con la nuestra, pueda ser realidad a la brevedad posible”, enfatizó.

Finalmente, el Mandatario indicó que puso a disposición de Castillo a todo el equipo de sus colaboradores en las áreas que necesite para arrancar su gestión y llegar a las metas que propuso alcanzar durante su mandato.

“Bolivia, más que nunca, está predispuesta a cooperar y a trabajar conjuntamente con el gobierno peruano”, concluyó.

Arce participó esta jornada en la posesión de su homólogo peruano y en reuniones posteriores con autoridades de distintos países.


Denuncian a Amparo Carvajal por instruir a oficina de la APDHB rechazar documentos sobre la masacre de Senkata
Denuncian a Amparo Carvajal por instruir a oficina de la APDHB rechazar documentos sobre la masacre de Senkata

David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) El Alto, denunció este miércoles que la señora Amparo Carvajal, expresidenta de la APDHB, instruyó al secretario de la oficina central de esa institución rechazar cualquier informe o documentación sobre la masacre de Senkata.

“Instruyó al secretario de la oficina central de la APDHB, no recibir de parte de la APDH de El Alto, ningún informe o documento referente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el mes de noviembre de 2019, en especial de la masacre de Senkata”, indicó.

Inca además recordó que Carvajal no es más presidenta de la APDHB, ya que su mandato orgánico concluyó en julio de 2018; sin embargo, continúa asumiendo arbitrariamente esas funciones.

También rechazó las afirmaciones de Carvajal, en sentido de que la APDHB no entregó informes y documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que fue la representación del El Alto que, en noviembre de 2020, entregó la documentación durante la estadía de los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia.

“Es necesario desmentir a la expresidenta que la GIEI - CIDH no haya recibido ningún documento de la APDH, puedo afirmar que sí recibió oportunamente de parte de la APDH - Bolivia las denuncias, testimonios, fotografías, vídeos, nómina de víctimas, certificados de defunciones, copias de autopsias, certificados médicos, documentos de identidad, informes de instituciones de derechos humanos que reflejaron las torturas sufridas por personal policial y médico ante las víctimas alteñas”, aclaró.

A tiempo de expresar su molestia ante la actitud de Carvajal, Inca le recordó que no es propietaria de la institución de derechos humanos y que según el estatuto interno dispone que los activistas tienen la obligación de denunciar toda violación de derechos, cosa que Carvajal ocultó durante el golpe de Estado.

“El estatuto de la APDHB aprobado en el segundo congreso orgánico del año 2014, el cual la expresidenta firmó, claramente dispone que los activistas permanentes tenemos la ineludible obligación de denunciar las masacres, torturas, genocidios, juicios extrajudiciales, tratos inhumanos y degradantes; es decir, tenemos que denunciar las violaciones a los derechos humanos. No es ético, ni moral defender a la persona o grupo de personas que ordenaron usar las armas de guerra para herir o matar”, resaltó.

 


Justicia rechaza declaraciones de exconsejeros de la Magistratura sobre denuncias de nepotismo y dice que tratan de ocultar actos ilegales
Justicia rechaza declaraciones de exconsejeros de la Magistratura sobre denuncias de nepotismo y dice que tratan de ocultar actos ilegales

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional emitió este miércoles un comunicado que rechaza y condena las recientes declaraciones de dos exconsejeros de la Magistratura sobre denuncias en su contra por nepotismo, porque menciona que intentan ocultar actos reñidos con la Ley y la ética.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional rechaza y condena enfáticamente las declaraciones falaces y temerarias de dos exconsejeros de la Magistratura que intentan ocultar con improperios y mentiras sus graves actos reñidos con la ley y la ética”, menciona el documento oficial.

De acuerdo con el texto, ni el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ni el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles Bazán, tienen relación o responsabilidad con los hechos de corrupción y nepotismo que han empujado al Consejo de la Magistratura al centro de la crítica de la opinión pública nacional.

“Son los actos de los consejeros recientemente inhabilitados los que causaron el desprestigio de esta instancia que es parte del Órgano Judicial”, añade el documento.

Asimismo, el comunicado menciona que la Acción de Cumplimiento promovida por la verificación de actos de nepotismo de los dos exconsejeros que incurrieron en una prohibición constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio. 

“Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Magistratura actuar en consecuencia”, agrega. 

En una ayuda memoria adjunta esa Cartera de Estado recordó que los exconsejeros Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga incurrieron en las causales de prohibición y causa de incompatibilidad constitucional y legal para el ejercicio de sus funciones, debido al parentesco de acuerdo con varios antecedentes.

En el caso de Alcón, detalla un nepotismo entre hermanos, puesto que el exconsejero tenía relación de parentesco en segundo grado con Rafael Alcón Aliaga, según la comparación de partidas de nacimiento de ambos.

Por otro lado, explica que en lo referente a Gómez se registró un nepotismo entre esposos, puesto que una partida de matrimonio establece que ella contrajo matrimonio con Remberto Basoalto Becerra el 26 de noviembre de 2011, en el departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez.

El hecho incurrió en la causal de incompatibilidad por matrimonio prevista en los artículos 3, 4, 9 y 10 del Reglamento de Incompatibilidades, Prohibiciones e Impedimentos de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, agrega la ayuda memoria.

“Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, desde el momento de su postulación tenían pleno conocimiento que incurrían en una de las causales de incompatibilidad funcionaria, por vínculo de parentesco consanguíneo en segundo grado y por vínculo matrimonial en primer grado, respectivamente”, asevera el texto. 

En ese contexto, el documento acota que, en atención a esos hechos, mediante nota SEPDAVI/DGE/NE/No.215/2021 de 9 de julio de 2021, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) solicitó ante el Presidente del Consejo de Magistratura que se convoque a los suplentes de los consejeros implicados.

A través de Nota CITE: OF.SP-CM N° 796/2021 de 14 de julio de este año, Omar Michel Durán, en calidad de Presidente del Consejo de la Magistratura, sobre la nota presentada refirió: “En cumplimiento a la determinación asumida en la Sala Plena Ordinaria de 14 de julio de 2021, se decidió rechazar in limine y desestimar su requerimiento”.

“En mérito a lo señalado en fecha 21 de julio de 2021 se interpuso Acción de Cumplimento contra dos (2) consejeros de la Magistratura, por omisión en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025, tramitado ante la Sala Constitucional Segunda, resultado de esta acción de defensa se ha dictado la Resolución N° 150/2021 de 26 de julio de 2021, a través de la cual se otorga tutela jurídica respecto de la petición de cumplimiento, debiendo el Presidente del Consejo de la Magistratura activar los mecanismos a efecto de dar cumplimiento a la disposición señalada en el Art. 174. II de la Ley del Órgano Judicial”, añade el documento.

El artículo 174 II de la Ley del Órgano Judicial menciona que: “En caso de impedimento temporal, cesación del cargo de una o uno de las consejeras o los consejeros de la Magistratura, la presidenta o el presidente del Consejo de la Magistratura, convocará a una o uno de los suplentes elegidos, siguiendo el orden de la votación que hubieren obtenido. La suplente o el suplente convocado accederá a la titularidad con todos los derechos y prerrogativas”.


Eva Copa: Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude
Eva Copa: Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, aseguró este miércoles que el peritaje presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó lo que se dijo desde un inicio, que no hubo fraude, y que solo un grupo de personas que no aceptaban el resultado de las elecciones de octubre de 2019 se movilizó generando violencia y convulsión social en el país.

“Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude; lo que hicieron fue no aceptar los resultados que hubo en su momento, así que esto nuevamente nos da la razón a nosotros y espero que la justicia actúe de una forma imparcial y que haga cumplir todo lo que dice nuestra Constitución y nuestras normativas”, manifestó.

Copa señaló que, en reiteradas oportunidades, cuando ejerció la presidencia del Senado, manifestó que no hubo fraude electoral en los comicios de 2019 y que los resultados electorales no fueron manipulados.

Con los resultados de la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, suman siete los análisis de diferentes universidades y medios de comunicación extranjeros que indicaron que no existió fraude en el proceso electoral.

The Washigton Post, The New York Times, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el Center for Economic and Policy Research (CEPR), el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Fundación Carolina y la Universidad de Salamanca realizaron los estudios periciales y no encontraron argumento alguno sobre un supuesto fraude electoral en 2019.

El martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció el cierre del caso de supuesto fraude electoral, después de conocer el informe de la pericia internacional que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.


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