El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, lamentó este martes que el excandidato y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, haya hecho pública su queja al no haber podido acceder a los ambientes de sala de prensa de esa instancia legislativa, actitud que fue calificada como “infantil”. 

“Me parece muy infantil el señor Carlos Mesa, ya está muy mayorcito para estar quejándose ‘no me dejan pasar a la sala de prensa’. Uno puede hablar o hacer conferencias en el lugar donde uno quiere, no necesariamente en la sala de prensa del Senado, lamentamos mucho esto, es una actitud muy infantil del señor Carlos Mesa”, ratificó.

Aclaró que los ambientes del legislativo están completamente habilitados para las autoridades electas, diputados y senadores, y que Mesa no es una autoridad electa, pero como jefe político está en toda libertad de hacer conferencias en el lugar que desee.

“La sala de prensa es para uso de autoridades electas, a través de su jefe de bancada el señor Carlos Mesa puede anunciar al país cualquier propuesta que tiene, no es necesario que venga, ¿acaso no tiene sede Comunidad Ciudadana?, siendo presidente de esa organización política, ¿por qué no puede hacer conferencia de prensa en su sede? y si no tiene que alquile”, cuestionó.

Explicó que, por temas de traslado de muebles al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el inicio de semana, varias actividades administrativas están suspendidas en el viejo Palacio Legislativo.

“El personal del Senado está trasladando algunos muebles al nuevo edificio, entonces por motivo de traslado no se ha abierto prácticamente ninguna oficina, mucho menos la sala de prensa”, explicó.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, afirmó este martes que el secretario general de ese organismo internacional, Luis Almagro, mantiene la ilegalidad y la intromisión directa en asuntos internos del país con un “alto contenido político”, con la ratificación de su informe sobre el análisis de integridad de las elecciones generales de 2019.  

“La Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, que es parte de la Secretaría General de la OEA, no tiene el derecho ni la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre un país, generando intromisión directa en asuntos internos (…). Más allá de la absoluta ilegalidad e impertinencia y oficiosidad de este dictamen, de este informe, de estas nuevas páginas que ha publicado la organización, está obviamente su gran y alto contenido político”, indicó en una entrevista en el programa Anoticiando de la Red ATB.

La autoridad diplomática calificó al documento como “ilegal y un exabrupto totalmente oficioso”, porque su emisión no se enmarca en ninguno de los procedimientos de la OEA y no fue encargado por ninguno de los gobiernos miembros.

A su juicio, el texto pretende también mejorar la disminuida imagen de Almagro al interior del organismo y proveer un “salvavidas, una salvaguarda” para los fines políticos de los opositores, principalmente de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

“Ante las evidencias incontrastables de que no existió una manipulación informática (en los comicios generales de 2019), hechas no solamente por el informe de la (Universidad) de Salamanca, sino por una serie de informes que se han venido dando a cargo de las más grandes universidades y los centros altamente especializados del mundo, prácticamente han quedado malparados y esta es una especie de salvavidas que, desde aquí, desde Washington, aparentemente el señor Almagro les ha dado”, remarcó.

El representante nacional ante la OEA dijo que el documento tiene afirmaciones temerarias cuando se refiere al rechazo de Bolivia a la auditoría de su informe sobre el análisis de integridad de las elecciones generales de 2019 y habla de una vergüenza hemisférica y un incumplimiento del espíritu de la Carta Democrática de la organización internacional.

En criterio de Arce, la “verdadera vergüenza hemisférica y lo peor que pudo pasarle al organismo internacional es tener un secretario general como Almagro”, porque su accionar en el caso del país provocó que haya más de 37 fallecidos, cientos de personas heridas y una desinstitucionalización en contrasentido de los objetivos de la entidad regional.

El representante de Bolivia ante la OEA manifestó, finalmente, que se presume que el documento fue redactado y basado en las ideas de su antecesor, Jaime Aparicio, porque “tiene un contenido ofensivo, impertinente, altamente político y tendencioso” para favorecer a los políticos de la derecha del país.

El comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las elecciones de octubre de 2019, al margen de estar fuera de todo procedimiento, demuestra cómo el secretario general, Luis Almagro, instrumentaliza a esa organización para seguir cometiendo injerencia, señaló este martes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Es un informe fuera de todo procedimiento, es un documento, una opinión donde nuevamente se pone de manifiesto la instrumentalización que el señor (Luis) Almagro realiza de la OEA, a la que concibe como su feudo y desde donde cree que puede seguir cometiendo injerencia contra los pueblos”, manifestó en conferencia de prensa.

La autoridad lamentó que, a través de la instrumentalización de la OEA, Almagro haya generado desestabilización, confrontación y atentados contra la soberanía de los pueblos.

“Pero el pueblo es sabio y sabe lo que ha pasado y el pueblo sabe el rol nefasto de personas como el señor Almagro. Aquí, lo que noto de manera clara es que se busca lavar las responsabilidades que tiene el señor Almagro en el golpe de Estado”, mencionó.

Adelantó que el Estado boliviano, mediante su representación ante la OEA, denunciará a Almagro por su participación en el golpe de Estado de 2019 y las violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros vamos a hacer la denuncia ahí, en ese mismo organismo, porque necesitamos que ahí se escuche la verdad del pueblo boliviano, donde se denuncie estos terribles atropellos a la soberanía de los Estados, donde se denuncie las terribles violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, que han sido reconocidos ampliamente por muchos organismos internacionales y que necesitan ser denunciados en ese espacio”, ratificó.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este martes que la gestión de facto de Jeanine Áñez generó pérdidas en las empresas públicas con el fin de cerrarlas y posteriormente privatizarlas.

“La derecha golpista no solamente buscó la paralización de empresas, sino también su cierre y la posterior privatización, que es la vieja receta de reducir nuestras empresas públicas, de eliminar nuestras empresas públicas, de reducir al Estado a su más mínima expresión en detrimento de las grandes mayorías de nuestro Estado”, indicó.

Resaltó que las empresas públicas son una parte importante del modelo económico, social, comunitario y productivo, implementado desde el año 2006 por el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas y actual presidente del Estado, Luis Arce; mismas que sufrieron daños y pérdidas durante la gestión de facto.

“Paralizaron y registraron daños en la maquinaria de la planta de cemento en Oruro, en la planta de urea, con un daño económico al Estado sin precedentes; similar destino sufrieron la planta de industrialización de vidrios Envibol, la planta Eólica, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz”, explicó la autoridad.

Mencionó que con el golpe de Estado se paralizaron todos los proyectos de inversión de las empresas públicas y se suspendieron las rutas de la aerolínea nacional Boliviana de Aviación (BoA), para beneficiar a empresas privadas.

“Varias otras medidas afectaron el desempeño de nuestras empresas públicas y esto es importante que el pueblo boliviano conozca, cuál era el objetivo de esta derecha golpista que asaltó nuestro Estado de manera inconstitucional, ilegítima y que no solamente restituyó el modelo neoliberal, sino que profundizó la pobreza, las asimetrías económicas sociales y amplió la brecha entre ricos y pobres”, subrayó.

En el caso de la planta de urea, detalló que a octubre de 2020 registró una caída del 100% en su producción. De igual forma, la empresa de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) sufrió una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio, generando un impacto negativo en la economía.

Recordó que bajo la administración del gobierno de facto se firmó la octava adenda con Petrobras el 6 de marzo de 2020, en la que se estableció nuevas condiciones, por ejemplo, que el costo de transporte de los volúmenes de gas natural comercializados al Brasil, pasarían a ser asumidos por YPFB y no por Petrobras, como era la condición anterior, hecho que generó un daño económico al Estado de aproximadamente $us 71 millones.

“Así como en Petrobras, sucedió en la compra de trigo, en la compra de fertilizantes y castaña sin registro en inventarios, la contratación irregular de personal ejecutivo, que también es de conocimiento del pueblo boliviano, y otros actos de corrupción que se encuentran en etapa de investigación”, manifestó.

También recordó que, a diciembre de 2020, el déficit fiscal fue de 12,2%; mientras que se registró una tasa negativa en el crecimiento económico con un -8,8%. “Es un retroceso en nuestra economía que no se veía desde hace 67 años”, remarcó.

“Asumimos nuestro gobierno recibiendo, en noviembre de 2020, un Estado desmantelado. El golpe no solamente fue a nuestra democracia, sino también a nuestra economía, como lo sintieron las familias bolivianas, especialmente las de menores ingresos”, afirmó.