El alcalde del municipio de Camiri del departamento de Santa Cruz, David Anzaldo, aclaró este jueves que no pertenece a la agrupación política Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y que solo se prestó la sigla para llegar al Gobierno municipal.

“Solamente fue el instrumento del préstamo de la personería jurídica para podernos inscribir; reitero, podíamos habernos inscrito con cualquier otra agrupación política que teníamos a disposición”, indicó.

La aclaración surge luego que partidarios de Comunidad Ciudadana exigieran a la autoridad edil hacer un trabajo político a favor de esta agrupación, exigencia que fue rechazada por la autoridad.

“Querían que yo siga haciendo el trabajo político, cuando en realidad yo no soy un político partidario, soy un ciudadano, soy un profesional que le debe mucho a este pueblo y que en estos tiempos hemos venido a tomar la posta de la gestión municipal para hacer una gestión responsable, eficiente y eficaz, y no centrada en intereses políticos y partidarios”, mencionó.

Anzaldo también expresó su molestia, debido a que partidarios de Carlos Mesa le habrían prohibido acercarse al Gobierno nacional para coordinar proyectos en beneficio de Camiri.

“Yo les dije que necesitaba acercarme al Gobierno nacional, necesitaba acercarme al instrumento político que maneja el Gobierno nacional, porque lo he dicho siempre públicamente y abiertamente, porque necesitamos acercarnos al Gobierno para por lo menos tener algunos proyectos de inversión, en estos tiempos de crisis es muy difícil conseguir recursos”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, anunció este jueves que se prepara un proceso contra Carlos Mesa por la comisión de delitos electorales durante las elecciones de octubre de 2019.

“Lo que ha sucedido con el actuar del señor (Carlos) Mesa, el 20 y 21 de octubre, cuando hace la denuncia de la probabilidad de que se haya perpetrado un ‘fraude monumental’ y la correspondiente convocatoria a los bolivianos y bolivianas a que defiendan su voto, fue que a partir de esta convocatoria se generen disturbios, toma de tribunales electorales departamentales, quema de actas y de las oficinas de varios tribunales”, recordó.

Precisó que un proceso electoral está vigente desde la convocatoria hasta el último actuado, que es cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace conocer los resultados finales de los comicios.

“El accionar de (Carlos) Mesa, al haber afirmado la consumación de un ‘fraude monumental’ con sus posteriores consecuencias, está tipificado como un delito electoral en la Ley del Régimen Electoral 026, en su Artículo 238, inciso h, que se refiere a la obstaculización del proceso electoral”, indicó.

“Lo que en síntesis les estoy señalando, es que el señor (Carlos) Mesa cometió un delito, un delito electoral, que está sancionado con privación de libertad, que va desde los dos hasta los cinco años”, subrayó.

Señaló que la demanda formal contra Carlos Mesa debió ser interpuesta por el TSE durante la gestión de Salvador Romero, pero el hecho no sucedió; por lo que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se prepara la denuncia que será formalizada ante el Ministerio Público.

“Nosotros, desde la Asamblea, estamos ya preparando la denuncia correspondiente para formalizar esta denuncia ante el Ministerio Público, para que sea objeto de investigación el señor (Carlos) Mesa, porque a la fecha no tuvo la posibilidad de demostrar la comisión de un ‘fraude monumental’, como él señalaba”, ratificó.

El presidente Luis Arce conmemoró este jueves el 145 aniversario la provincia Gran Chaco en el departamento de Tarija. Durante su participación en los actos protocolares, destacó el aporte de la región al país.

“Hoy, 12 de agosto nos encontramos rindiendo homenaje a la grandeza y el valor del pueblo chaqueño. Celebramos con ustedes la recuperación de la democracia. Gracias a su compromiso, a su lucha, a su temple para resistir los embates de un gobierno de facto que tuvo como único objetivo el prorrogarse lo que más podía y saquear al Estado”, dijo.

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4568, que declara que la Región Autónoma del Gran Chacho tendrá, a partir de 2021, un feriado el 12 de agosto de cada año, con suspensión de actividades laborales públicas y privadas para la conmemoración de la fundación de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija.

La provincia del Gran Chaco fue creada durante el Gobierno del general Hilarión Daza mediante Decreto Supremo del 12 de agosto de 1876. Está ubicada en el departamento de Tarija y cuenta con una población de 147.478 habitantes, según el Censo de 2012.

Su capital es la ciudad de Yacuiba, que está cerca de la frontera con la República de Argentina.

El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo que el tema del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 2019 ya es un caso cerrado que afecta, sobre todo, a sectores opositores al Gobierno.

“El tema fraude en los hechos está cerrado, lo que persiste todavía es una discusión de orden discursiva, argumentativa, entre quienes han sostenido, han construido esa narrativa indemostrada y quienes hemos señalado que en el país se vivió una ruptura institucional, eso ha concluido en el marco del trabajo realizado por la Fiscalía con el informe de sobreseimiento”, dijo en entrevista con Bolivisión la noche del miércoles.

Así se refirió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sectores opositores que todavía aseveran que existieron alteraciones en los resultados electorales.

Dijo que la intención de esa versión es sostener el discurso de fraude que permitió la ruptura institucional de 2019 y la instalación de un gobierno de facto.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019 en el marco de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno impulsaron protestas mientras el conteo de votos no había culminado.

Los datos electorales oficiales fueron desconocidos con movilizaciones desde sectores afines a la oposición impulsados, en una primera etapa, por afines a la alianza opositora Comunidad Ciudadana la noche del domingo de comicios. 

A eso, se sumó, el 10 de noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones y difundió la narrativa de un supuesto fraude sin presentar pruebas.

“Los opositores se sienten afectados por el cierre del (caso) fraude, seguramente por algún motivo. Eso no lo explican; pero el motivo central es que el fraude posibilita la aplicación de ciertas metodologías que generan en el país un golpe de Estado”, aseveró el vocero.

Explicó que el acuerdo entre Bolivia y la OEA en 2019 consistía en siete puntos. En el quinto, quedó establecido que la organización internacional emita un informe conclusivo respecto de la integridad electoral para, posteriormente, canalizarlo a través del secretario general, Luis Almagro, por las vías diplomáticas al Gobierno de Bolivia.

“El informe preliminar es un hecho y un acto por parte de la OEA absolutamente unilateral, no en el marco de lo que habían acordado los países. Eso no tiene carácter vinculante, el carácter vinculante estaba en el informe final”, dijo.

Cuestionó que la OEA haya entregado un informe conclusivo en diciembre de 2019, cuando ya estaba instalado el régimen de Jeanine Áñez que no contaba con la legalidad para asumir el cargo.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En un informe final, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. Demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.