La comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, en su 67 sesión ordinaria, aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N°253/2020-2021 que regula la producción de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Es una Ley técnica para que (el INE) pueda elaborar estadísticas con estándares internacionales”, informó el presidente de la instancia legislativa, Omar Yujra. 

La norma establece, en su artículo 2, la aplicabilidad de la propuesta legal en las entidades productoras de estadísticas oficiales, informantes y usuarios de las estadísticas de todo el territorio nacional. 

En su artículo 5 plantea el “secreto estadístico”, que consiste en la protección de los informantes, de modo que los datos brindados por éstos sean publicados de forma anónima. “Asimismo, no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales, administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial”, indica el documento.

“El proyecto de ley fue elaborado en función de metodologías y leyes relacionadas a la información estadística, anteriormente no se contaba con ello”, subrayó Yujra.

La normativa aprobada por la Comisión, cuenta con 33 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, disposiciones abrogatorias y derogatorias y una disposición final única, la misma será remitida al pleno de la Cámara Baja para su respectiva consideración.

El senador Leonardo Loza (MAS) sostuvo este viernes que Carolina Rivera, hija de Jeanine Áñez, y Amparo Carvajal iniciaron una gira política, para sostener reuniones con los principales actores del golpe de Estado y de las graves violaciones a los derechos humanos en 2019.

“Están haciendo una gira política, están haciendo caminatas políticas en los departamentos del país, seguramente en las siguientes elecciones se inventarán una agrupación, un partido político para luego ser candidatas; no están defendiendo ningún derecho humano, ni trato injusto, sino están haciendo visitas políticas en cada departamento del país”, recalcó.

Lamentó que Carvajal, a través de sus convocatorias, promueva actos de violencia y racismo a nombre de los derechos humanos.

“Esa señora, a título de derechos humanos, promueve violencia, genera violencia, genera odio, inclusive es como si estaría buscando enfrentamientos, confrontación entre bolivianos y bolivianas, entre cochabambinos y cochabambinas”, mencionó.

Por su parte, el diputado Juanito Angulo dijo que todas las actividades que desarrolla Carvajal están completamente politizadas y que su reunión con los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala ratifica que en 2019 apoyó el golpe de Estado. 

“Las acciones de la señora Carvajal están politizadas, además está actuando de manera parcializada favoreciendo a un sector, a los que han cometido las tremendas atrocidades en 2019. Con su reunión con este grupo irregular, la señora Amparo confirma que en 2019 estaba junto con los que han cometido el golpe de Estado, las masacres y actos de corrupción”, indicó.

La diputada Darlen Velasco (MAS) informó este viernes que la campaña de vacunación contra el COVID-19 cubrió al 100% de la población de la comunidad indígena guaraní de Kumandaroty del municipio de Entre Ríos (Tarija).

“Me encuentro muy contenta porque participamos en el cierre de campaña de vacunación contra el COVID-19, así culminamos con el 100 por ciento de vacunados mayores de 18 años en la comunidad guaraní de Kumandaroty del municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija”, indicó.

Destacó la estrategia nacional implementada por el Gobierno nacional en la lucha contra la pandemia, que conlleva medidas como la adquisición oportuna de pruebas, inmunización, distribución de medicamentos y de otros insumos en todo el territorio nacional. 

Resaltó, además, el trabajo del personal de salud de la localidad y la responsabilidad de los guaraníes que acudieron a los puntos de inmunización. 

“El resultado de los vacunados en esta comunidad refleja la eficacia del Gobierno nacional en cuanto a la ejecución de políticas públicas como la campaña de vacunación que lleva adelante a nivel nacional”, indicó.

La legisladora expresó su deseo de que otras comunidades indígenas del país lleguen a cubrir el mismo porcentaje de inmunización.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, señaló este viernes que el político de oposición Carlos Mesa se cree superior al resto de bolivianas y bolivianos, al no querer responder ante la justicia por el daño económico al Estado ocasionado a partir de medidas asumidas durante su gobierno, en torno a la situación de la empresa Quiborax.     

“Carlos Mesa se siente superior al resto de los bolivianos, no quiere responder ante la justicia. Es responsable, ha generado al país un daño económico de millones de dólares, no es un tema menor”, indicó la autoridad, según un boletín de prensa institucional.

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó las tres últimas proposiciones acusatorias de solicitudes de juicio de responsabilidades contra exautoridades. Entre ellas, la de Mesa, por el caso Quiborax; Alfredo Rada por el caso La Calancha; y Gonzalo Sánchez de Lozada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica en el caso de Fondesif.

“Según su argumento, el responsable es Pablo Menacho y Héctor Arce (ambos exprocuradores del Estado), pero tiene que decir eso ante un fiscal y ante un juez, no ante los medios de comunicación; lo que busca es un manto de impunidad, no quiere rendirle cuentas a la justicia y esto es grave, si los 12 millones de bolivianos podrían decir ´cuándo voy a juicio y cuándo no voy´, no tendríamos respeto a la Constitución”, indicó. 

El ministro agregó: “se llevará a juicio a Alfredo Rada, uno de los políticos más importantes del MAS. Entiendo que la justicia es para todos, para los 12 millones de bolivianos”.

Mesa condicionó su respaldo a un juicio de responsabilidades que será analizado en la Asamblea Legislativa en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, acusada por haber ordenado las masacres ocurridas en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata.

“Lo que plantea es que no quiere juicio para Jeanine Áñez, no quiere juicio para él mismo, porque piensa que la clase política es una clase privilegiada que no le debe responder a la justicia, esto no es constitucional. El país va a ver quién quiere justicia para las víctimas, quién piensa que el debido proceso y la Constitución se deben respetar y quién no tiene ningún respeto por la Constitución”, analizó el titular de Justicia. 

El político de oposición señaló en las últimas horas, que cuenta con una amnistía presidencial; sin embargo, no realizó la tramitación para acogerse a la misma.

“El señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales, requería que él realice una sola acción, que lleve su Cédula de Identidad y que diga a las autoridades —que en ese tiempo llevaban el caso—, que quería acogerse a la amnistía; él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, no sabemos, pero decidió no acogerse. La amnistía tenía un plazo de 365 días; Tuto Quiroga se acogió y Mesa no lo hizo”, remarcó Lima y recordó que el plazo vencía una semana antes de las elecciones de 2019, en la que participó Mesa como candidato.   

El 11 de octubre de 2018, el entonces presidente Evo Morales firmó el Decreto Presidencial de Amnistía (3682) para beneficiar a Jorge Fernando Quiroga Ramírez, en el juicio de responsabilidades N° 1/2015; y a Carlos Diego Mesa Gisbet, en el caso FIS-GEN 1800003 – Quiborax.

En su disposición Final Única, establecía: “el presente Decreto Presidencial, entrará en vigencia a partir de su publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días”. Mesa incumplió esta disposición.