El director de la revista “Presente” de México, el politólogo Hugo Garciamarín Hernández, dijo este miércoles que el atentado contra el avión que rescató al expresidente Evo Morales, cuando despegaba del aeropuerto del municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, es una prueba contundente de que Bolivia tuvo un golpe de Estado en 2019.

“Es una prueba más contundente de que realmente se trató de un golpe de Estado, con el cual se intentaba terminar con la vida del expresidente Evo Morales”, manifestó en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó el libro “A la mitad del camino” que cuenta con el capítulo denominado “Misión Bolivia”, en el cual se revela un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de ese país que menciona que el piloto del avión que despegó del aeropuerto de Chimoré observó desde el lado izquierdo de la cabina de mando una estela luminosa similar a la característica de un cohete que logró esquivar con un viraje ceñido.

En ese contexto, Garciamarín indicó que la revelación hace todavía más fuerte la exposición de la “inmoralidad” de quienes niegan que se haya registrado un golpe de Estado en Bolivia.

En un parafraseo de análisis al libro de López Obrador, mencionó que la ruptura constitucional se dio por una confabulación de intereses extranjeros y fuerzas reaccionarias bolivianas.

“No hay que dejar el contexto de un lado, de un claro señalamiento de la intromisión extranjera que ha estado viniendo haciendo el presidente (López Obrador) y que también ha hecho México en la Organización de Estados Americanos (OEA), diciendo lo escandaloso y terrible que ha sido la intromisión de este organismo internacional en la política boliviana y que estuvo a punto de costarle la vida al expresidente Morales”, añadió.

El director de la revista “Presente” de México destacó, por último, que la finalidad del atentado contra al avión que trasladaba al mandatario boliviano era terminar con su vida, por lo que “no hay razón” para considerar un debate sobre un supuesto fraude electoral.

La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), senadora Patricia Arce, informó este miércoles que los cuatro requerimientos acusatorios para juicios de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, serán considerados por esa instancia legislativa la próxima semana. 

“En nuestra gestión son cuatro casos que tenemos pendientes, seguramente la próxima semana los vamos a tratar y bueno ya tenemos avanzados algunos informes y también se les ha pedido a los técnicos de los diferentes asambleístas ser parte para trabajar en conjunto”, adelantó.

Los requerimientos acusatorios son por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución; resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, conductas antieconómicas, incumplimiento de deberes, sancionados por los artículos 153, 154 y 224; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes; y el último por genocidio, lesiones graves y gravísimas y lesiones seguidas de muerte en el caso de las masacres de Sacaba, Senkata y otros. 

Esta jornada, en su octava sesión, la Comisión Mixta, aprobó los informes de juicios de responsabilidades de los casos; La Calancha, Fondesif y Quiborax, que implican a exautoridades en los gobiernos correspondientes a los años 2004 y 2005. 

La legisladora adelantó que existe el compromiso de su presidencia de no dejar pendiente ningún proceso antes de concluir su gestión.

“El compromiso de mi Comisión, ustedes saben que estamos a menos de dos meses para terminar nuestro mandato, entonces nosotros queremos, personalmente, es nuestro objetivo dejar sin ningún juicio de responsabilidades pendiente en la Comisión”, subrayó.

El presidente de la Comisión de Región Amazónica de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, informó este miércoles que, tras realizar un sobrevuelo en las áreas afectadas por los incendios forestales en el oriente boliviano, se verificó que los incendios en las zonas de Roboré, Naranjos, Tucabaca, Puerto Suárez y Serranía, fueron controlados.

“Del sobrevuelo que hemos realizado, no hemos visto incendios en este sector; sin embargo, se tienen (quemas) en el sector de San Matías y un pequeño sector de Roboré, es decir, no es como muestran los medios de comunicación, porque hubo un trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la gobernación y los municipios”, indicó.

Planteó la necesidad de modificar la Ley 602 de Gestión de Riesgos, debido a que dificultaría la atención inmediata a los afectados por los incendios forestales. 

“Hay que modificar la Ley 602 de Gestión de Riesgos, esta norma es muy burocrática, primero se declara en emergencia el municipio, luego la gobernación, luego recién interviene el Gobierno nacional. Necesitamos una norma que dé agilidad a los procesos de contratación para la atención inmediata a los damnificados”, señaló.

Expresó la necesidad de endurecer las sanciones en el Código Penal, para quienes provocan las quemas, de modo que se pueda sentar un precedente con el fin de prevenir las mismas situaciones de emergencia ambiental cada año. 

“Hay cárcel de dos a seis años, pero hasta la fecha no hay gente en la cárcel por haber provocado incendios de gran magnitud, porque se acogen a procesos abreviados y pagan; por tanto, tenemos que modificar el Código Penal. El costo es de 0,2 dólares, es decir, 1,5 bolivianos por hectárea quemada, por tanto, no hay una sanción dura para este sector”, resaltó.

El diputado Daniel Rojas (MAS) sostuvo este miércoles que los efectivos militares que atentaron contra la aeronave y tripulación del avión mexicano que trasladó a Evo Morales en noviembre de 2019, deben ser identificados y sancionados.

“Se tiene que investigar a todos estos militares, a estos malos militares, malos patriotas, ellos estaban bajo bandera y debían servir a su capitán general que era en ese momento nuestro hermano Evo Morales”, manifestó.

Un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno de México, reveló que la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que llegó a Bolivia para rescatar al expresidente Evo Morales en 2019, intentó ser derribada por efectivos militares, justo en el momento en que despegó del aeropuerto de Chimoré, Cochabamba (Bolivia), en noviembre de 2019.

También detalla que desde que se encontraban en la terminal aérea, un elemento de las fuerzas armadas de Bolivia apuntó a la aeronave, de manera permanente, con un lanzacohetes RPG.

En este contexto, Rojas recordó que siempre hubo la sospecha de que se pretendió atentar contra la vida de Morales y que era parte del plan de los políticos que actuaron y planificaron el golpe de Estado de 2019.

“Yo creo que se tiene que iniciar las investigaciones, y aquellos malos militares que han atentado contra nuestro hermano presidente, deben estar en la cárcel”, ratificó.

Por su parte, su colega Héctor Arce coincidió en que atentar contra la vida de Morales, estaba dentro del plan de los golpistas.

“Aquí hubo una intención clara, primero derrocar a un gobierno legal y democráticamente elegido, instaurar y defender a un gobierno golpista y por supuesto en ese proceso la intención era pues terminar con la vida de Evo Morales, porque es considerado un elemento negativo para este modelo capitalista, para estos modelos imperialistas que intentan saquear nuestros recursos naturales”, apuntó.

Dijo que esta denuncia debe ser investigada hasta dar con los responsables de este atentado contra el avión mexicano, su tripulación y contra la vida de Evo Morales.

“Cada día que pasa aparecen revelaciones que se tienen que investigar y dar con los responsables de esta pandilla de criminales que generaron tanto llanto dolor y muerte en el país”, subrayó.