El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó este miércoles que, de acuerdo con las disposiciones gubernamentales, la fecha de validez de cédulas y licencias para conducir vencidas fenece el miércoles 30 de junio.

En este sentido, el Segip pide a todos los usuarios que requieren renovar sus documentos apersonarse a sus oficinas para la emisión respectiva, que en esta época se encuentran vacías y con toda su capacidad operativa.

El pasado 29 de abril el Segip determinó ampliar hasta el 30 de junio la validez de las cédulas de identidad y de las licencias de conducir vencidas, con la finalidad de precautelar la salud de la población en el marco del Decreto Supremo N° 4497, de 28 de abril de 2021, relacionado a las medidas de prevención por la pandemia.

La ampliación del plazo de validez de esos documentos tenía el objetivo de evitar aglomeraciones de personas en los centros habilitados para la renovación; sin embargo, al haber disminuido la afluencia piden acudir a desarrollar el trámite.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este miércoles que para julio se esperan nuevos lotes de las vacunas Sputnik, Sinopharm y Johnson & Johnson para reforzar la lucha contra el COVID-19 en Bolivia.

“Para julio, estamos trabajando con el Gobierno de la República Popular de China, porque es el Gobierno el que prioriza la cantidad de vacunas. Nos anunciaron que vamos a tener una cantidad importante de vacunas priorizadas para julio. Esperamos que sea lo mismo que hemos recibido este mes, incluso el embajador (Huang Yazhong) anunció que hay la posibilidad de que sea una cantidad superior. Entonces, eso estaríamos esperando para mediados de julio, según lo que podamos terminar de negociar con el laboratorio fabricante”, dijo la autoridad gubernamental en entrevista con la red televisiva ATB.

Blanco hizo referencia al caso un día después de que Bolivia recibiera un primer lote de 500.000 dosis de vacunas Sinopharm, parte de 1 millón. Además, Bolivia recibió 17,6 toneladas de insumos médicos y donaciones de la empresa Sinopharm para análisis de pruebas PCR.

“Adicionalmente, estamos esperando vacunas del mecanismo COVAX. Hay una donación que fue anunciada por EEUU, donde Bolivia está priorizado. En la reunión que tuvimos ayer, con el mecanismo COVAX, nos anunciaron que seríamos parte de esta primera entrega de vacunas Johnson & Johnson. Estamos a la espera de la fecha y la cantidad, pero prevemos que sea antes de la primera quincena de julio”, informó.

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Joe Biden confirmó la primera semana de junio que EEUU aplicará una estrategia para el intercambio mundial de 80 millones de vacunas y anunció un plan de asignación mediante el mecanismo COVAX. Entre los países beneficiados, se encuentra Bolivia.

“También, tenemos las segundas dosis de la Sputnik V, tienen que llegar las primeras 25.000 hasta antes del 9 de julio y estamos tratando de negociar un lote adicional de primeras dosis para que lleguen con estas segundas los primeros días de julio”, anunció.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, dijo que el país debe estar atento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Jeanine Áñez. Con ese antecedente, se activarán nuevos juicios contra quienes resulten responsables.

Mendoza fue entrevistado este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

“Van a ser vitales estos informes para, de una vez, entrar en una decisión como país. A partir de que se cayó (a la oposición) el relato del ‘fraude monumental’ (en los comicios nacionales de 2019) y de la ‘sucesión constitucional’, ahora el país debe avanzar en la conformación de los juicios, entre ellos el juicio de responsabilidades y ahí el informe de Derechos Humanos es de vital importancia”, indicó.

La CIDH anunció que pospuso hasta julio la presentación de su informe final sobre las masacres políticas ocurridas en noviembre de 2019 en Bolivia.

“Con la publicación del Informe Final, previsto para el mes de julio de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones”, dijo la CIDH en un comunicado citado por la agencia Sputnik.

La investigación se centra en la muerte de al menos 37 personas, la mayoría víctimas civiles de la represión policial-militar ordenada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, quien tomó el poder tras el derrocamiento de Evo Morales.

Esa crisis se produjo tras las elecciones de octubre de 2019, cuando denuncias de un supuesto fraude de Morales fueron seguidas por protestas callejeras violentas, un motín policial y un pronunciamiento militar que forzaron la renuncia del líder indígena.

Los asesinatos de manifestantes civiles contra la ruptura del orden democrático fueron calificados como masacres por una misión de la CIDH que visitó Bolivia entre noviembre y diciembre de 2019.

El GIEI debía presentar su informe a fines de mayo, pero se acordó la prórroga “no solo por las dificultades que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos razonables para compilar la información”, dijo la CIDH.

El Reporte N° 464 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 1.667 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 3.650. Los decesos llegaron a 69 y los casos descartados a 9.160 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 658 y 390 casos, respectivamente. La Paz registró 124 casos; Chuquisaca 153; Tarija 148; Potosí 74; Oruro 68; Beni 35; y Pando 17.

El reporte añade que hay 63.626 casos activos y 1.318.591 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 424.478 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 344.609 se recuperaron y hubo 16.243 decesos.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, destacó este martes que, con el lanzamiento del Plan Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) y del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, se podrá trabajar para “hacer del idioma un instrumento de liberación y no de sometimiento”.

La autoridad hizo esa reflexión a tiempo de recordar que las lenguas indígenas originarias han sido una constante demanda y preocupación a lo largo de la historia y que estuvieron íntimamente vinculadas al tema educativo.

“La lengua es la principal interacción con nuestro entorno. Las lenguas indígenas representan el legado de nuestras abuelas y abuelos, es nuestra obligación cuidarlas porque cuando una lengua desaparece también se pierde un acervo cultural milenario”, manifestó la autoridad educativa, según una nota de prensa.

En ese sentido, aseguró que el idioma originario puede constituirse en un marcador que muestra “de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso la lengua es importante en la identificación de niñas, niños y jóvenes”.

Quelca resaltó el aporte del Ministerio de Educación en la recuperación de las lenguas indígena originario campesinas, gracias a la aprobación de más de 21 currículos regionalizados aprobados, que señalan la hermenéutica de enseñanza de igual número de lenguas.

Así también, se refirió a la exigencia de que los maestros que egresan de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) sean bilingües.

El Estado Plurinacional de Bolivia como referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, realizó el lanzamiento del decenio, con el objetivo de destacar el importante papel de los pueblos indígenas y las comunidades en el desarrollo económico, social y ambiental, y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El acto, realizado en la Cancillería del Estado, contó con la participación del vicepresidente, David Choquehuanca; el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta; la titular de Culturas, Sabina Orellana; el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani; el director general ejecutivo del Instituto Plurinacional de Lenguas, Walter Gutiérrez; y la ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar.

La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Pando informó este jueves que materiales de construcción elaborados por privados de libertad serán tomados en cuenta en los proyectos de vivienda social.

“Se llevó adelante una reunión con el equipo técnico de la Agencia Estatal de Vivienda Bolivia (AEVivienda) y representantes del sector carpintería del Establecimiento Penitenciario de Villa Busch, para proyectar acuerdos en beneficio de los privados de libertad”, señala una nota de prensa.

Según el documento, el objetivo de la reunión entre ambas instituciones fue lograr que los trabajos de carpintería como puertas, marcos y ventanas, elaborados por los privados de libertad puedan ser tomados en cuenta en los proyectos de viviendas sociales que se ejecutarán en ese departamento.

La AEVivienda coordina y promueve la reducción de déficit habitacional en Bolivia, favoreciendo a la población de bajos recursos a través de la ejecución y acceso de programas de vivienda de interés social en todos los departamentos del país.