El fiscal de materia, Miguel Cardoso, informó este viernes que la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la detención preventiva de Álvaro R. S. P. y Luz M. R. P. H., presuntos autores del asesinato del universitario Anakin Tancara.

“La señora jueza ha determinado la detención preventiva de estas dos personas. Se ha determinado la detención de Álvaro en el penal de Chonchocoro, y de Luz en el penal de Miraflores”, señaló Cardoso, en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

La Fiscalía imputó a Álvaro y Luz por el delito de asesinato, quienes se acogieron a su derecho al silencio, ahora deberán cumplir detención preventiva durante seis meses mientras dura la investigación. En tanto, se solicitará su declaración ampliada.  

Los fiscales evidenciaron, en la audiencia de medidas cautelares, que los acusados tienen conductas “suicidas y violentas”, además identificaron que ambos tienen el mismo número de cortes en los brazos, por lo que se presume que pertenecen a una pandilla.

“Los dos cuentan con el mismo número de cortes en los brazos, que llegaría a determinar que podrían ser miembros de una pandilla”, aseveró. 

Esta jornada, familiares, amigos y conocidos de Anakin Tancara acudieron al edificio del Tribunal de El Alto para exigir justicia en la audiencia de medidas cautelares.

¡Justicia! ¡Justicia! eran los gritos de los familiares y conocidos, quienes piden la pena máxima de 30 años para los victimarios del joven universitario que fue desmembrado el pasado lunes por su expareja y un cómplice.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, cuestionó este viernes la actitud de la activista Amparo Carvajal quien, a título de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), visitó a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y les dio su apoyo manifestando que son una “resistencia necesaria”, lo que fue condenado por representar un atentado a la defensa de los Derechos Humanos y pretender rearticular grupos paramilitares que incitan a la comisión de delitos.

“Es una vergüenza que ahora se esté utilizando, a nombre de los Derechos Humanos, a la cabeza de (Amparo Carvajal), una presidenta prorrogada de la Asamblea que está siendo artífice para la rearticulación de instancias que han propiciado violencia. Está utilizando este tipo de instancias, para propiciar espacios de violencia. Alentar a la delincuencia juvenil es aplaudir la comisión de delitos, e incitar a la comisión de los mismos”, manifestó Cox en los medios de comunicación.

Aseveró que ningún defensor en “su sano juicio” haría lo que hace Carvajal al aplaudir a la delincuencia, porque la RJC fue protagonista de hechos de violencia y discriminación en contra del pueblo cochabambino y, por lo tanto, es un riesgo a la seguridad interna del Estado.

“Nadie en este momento, en su sano juicio como defensor de los derechos humanos, pudiese aplaudir las inconductas de algunos actores políticos y aplaudir la comisión de delitos de la ‘delincuencia’ juvenil cochala”, reprochó.

Explicó que el Gobierno no permitirá la rearticulación de grupos delincuenciales. Asimismo, reiteró que como activista de la defensa de los Derechos Humanos debería buscar la convivencia pacífica y la paz social, velando por los derechos de la población en situación de vulnerabilidad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desbarató a una organización criminal que operaba en el trópico cochabambino y logró recuperar 56 baterías que fueron sustraídas de las radio bases de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.).   

"Producto de estos operativos, se logró aprehender a seis personas de sexo masculino, a quienes, luego de la audiencia de medidas cautelares, se determinó enviar a diferentes regímenes penitenciarios de la región del trópico, con una detención preventiva de seis meses", informó este viernes el director Regional de la Felcc del Trópico, Sherald Encinas Claros, según un boletín.  

Los antisociales aprehendidos en la localidad de Eterazama del municipio de Villa Tunari, acusados de sustraer 14 baterías, son: Remy S. M., José E. G. A. y Deibi A. R. F., quienes fueron retenidos por los pobladores de la región el martes 31 de agosto.

De igual forma, la madrugada del jueves se logró aprehender a tres personas en el municipio de Portachuelo, en coordinación con personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Montero.

Los aprehendidos, Luis G. B. H., Alex R. M. y José M. J. M., admitieron ser partícipes y ser autores confesos del robo agravado en diferentes regiones del trópico cochabambino.

José M. J. M. fue identificado como cabecilla de esta banda criminal, siendo el autor intelectual y material de este hecho delictivo y otros suscitados en esta región del país. También se corroboró que es exrecluso del Centro Penitenciario Montero, penal en el que fue recluido por un año y ocho meses.

(Foto: Josué Cortéz /ABI)

Una multitudinaria marcha de los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba descendió por las calles paceñas y llegó hasta la Fiscalía de la Paz para exigir justicia. En los predios de esta institución se realizó una quema simbólica de tres muñecos que representaban a la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, a Carlos Mesa y a Amparo Carvajal.

Las víctimas visiblemente afectadas exigían justicia. Una de las mujeres que fue encarcelada injustamente exclamaba: “¡Por qué Áñez ahora quiere salir en libertad! Nosotros no teníamos comida ni visitas”. También cuestionó dónde estaban los representantes de Derechos Humanos durante las masacres de 2019.

¡Justicia!, ¡justicia!, fue el grito de las víctimas mientras quemaban los muñecos que representaban a los políticos y a la representante de Derechos Humanos.

Los familiares se dieron cita para realizar esta marcha pacífica que se inició en la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). Con fotografías de sus seres queridos que fallecieron durante los hechos luctuosos, wiphalas y la bandera nacional con cintillos negros, llegaron a la Fiscalía de La Paz para exigir justicia.