La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, entregó este miércoles material de bibliográfico al Centro de Rehabilitación Varones “Mocoví” de Trinidad (Beni), parte del programa “Libros por Rejas” con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción y readaptación social de las personas privadas de libertad.

“Este proyecto de ‘Libros por Rejas’ trata de darles las esperanzas, trata de darles luces, nuevos caminos (…), vamos a continuar incrementando este programa”, expresó la defensora durante el acto de entrega en Trinidad.

La autoridad escuchó las quejas de la población penitenciaria y se comprometió a apoyar y mediar para que no exista retardación de justicia y se respeten sus derechos humanos.

“Nosotros como Defensoría nos podemos a disposición para poder colaborar (…). No hay peor gestión que la que no se hace, desde la Defensoría del Pueblo vamos a reforzar el trabajo para atender a las personas privadas de libertad”, explicó.   

El programa “Libros por Rejas” consiste en fomentar la lectura de libros con la finalidad de promover la readaptación y reinserción social y que se constituya en una alternativa para la redención de penas.

Con la idea de “escuchar a todos de buena fe”, mañana jueves comenzará en Oruro el proceso que apunta a elaborar un plan de reforma de la justicia a partir de las propuestas de todos los departamentos las cuales serán sistematizadas y presentadas en noviembre para ser incluidas en el Presupuesto General del Estado, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que, de manera paralela, se llevan adelante proyectos legales para dotar de transparencia y seguridad a Derechos Reales, mejorar la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entre otras acciones.

“Iniciamos mañana en Oruro, vamos a estar en todo el país, pero lo hemos estado haciendo ya con nuestras asambleas, con las universidades, con los miembros del Órgano Judicial y tenemos que seguir con este proceso. Escuchar a todos, escuchar a todos de buena fe, es todos. Todos los ciudadanos que deseen ser escuchados y participar de este proceso, tienen la posibilidad de que construyamos juntos esta transformación de la justicia”, indicó.

Según las previsiones, el martes se prevé llegar a Tarija para escuchar las propuestas para la reforma judicial. Luego se acudirá al resto de los departamentos.

Lima dijo que desde años atrás se vienen realizando esfuerzos para la reforma judicial por lo que se logró reunir insumos que pueden servir en esta coyuntura.

“Esta es una reforma de unidad que debe implicar que mejore esto como una política de Estado integral”, dijo el Ministro, quien explicó que la ruta crítica para la reforma judicial establece que en un plazo aproximado de 30 días se recibirán todas las propuestas.

En los subsiguientes 30 días se procederá a la sistematización de los planteamientos recibidos y finalmente se procederá a una presentación de los resultados en el mes de noviembre.

“Terminamos de construir este plan de reforma en 90 días y lo planteamos como una política pública que se ha construido desde cada uno de los departamentos para lograr que tengamos esta reforma judicial concluida lo más pronto posible, pero con un plan que nos integre, que nos una a los bolivianos”, indicó.

Según un reporte de prensa del Ministerio de Justicia, la reforma judicial está sustentada por un paquete de construcción y modificación de leyes orientadas a superar los actuales cuellos de botella detectados en la administración de justicia, que generan mora procesal y corrupción.

Entre esas leyes se cuenta con la modificación al Código Niño Niña Adolescente para procesos de adopción ágiles y seguros, promulgada mediante ley en abril de este año y el proyecto de Ley de Interoperabilidad que tiene por objeto establecer un plazo para la implementación de herramientas tecnológicas al interior del Órgano Judicial.

Además de ello, se trabaja en la fase final de la modificación colectiva de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. También se construye de manera conjunta con gobiernos municipales y organizaciones sociales, el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales y se promulgó la Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción, que sanciona el prevaricato de fiscales y permite mecanismos seguros de denuncia, indica el reporte.

El fiscal de materia de Sucre, Luis Fernando Colque, informó este miércoles que solicitarán la detención preventiva de tres bolivianos y una mujer de nacionalidad haitiana acusados del delito de tráfico de 73 haitianos en Chuquisaca.

“La representación fiscal ha realizado la imputación y va a solicitar la detención preventiva; no olvidemos que este tipo de delitos son de lesa humanidad, y nosotros tenemos que ir hasta el final. Los aprehendidos son una mujer de nacionalidad haitiana y los tres varones son de nacionalidad boliviana”, señaló el fiscal en conferencia de prensa.

Los imputados son tres conductores pertenecientes a la empresa "Albus" y una mujer quien se presume que dirigía al grupo.

“Estamos hablando del transporte de personas de manera ilegal, se ha encontrado una lista de pasajeros, pero esa lista no corresponde a las personas haitianas, los nombres que nos han dado son de bolivianos. (…). El grado de autoría es para los cuatro aprehendidos”, señaló.

La fiscal materia, Belinda Romero, aseveró que se decomisaron los celulares de los imputados para rescatar la información que será de importancia en la investigación.

Asimismo, señaló que secuestraron un juego de llaves y papeles donde estaban descritas las rutas y los montos que se presume se cobraba a los migrantes.

“Se ha encontrado un manojo de llaves en las pertenencias de la mujer de nacionalidad extrajera, se ha encontrado también un monto de dinero, pero no son sumas cuantiosas y papelitos en los cuales se identificaba cuánto se podría cobrar”, indicó Romero.

Entre los migrantes estaban mujeres embarazadas, ancianos y 15 menores de edad.

La tarde del martes, la Dirección Distrital de Migración de Chuquisaca, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), intervino dos buses con pasajeros de nacionalidad haitiana.

Se presume que los buses tenían como destino el departamento de La Paz, pero fueron interceptados en la localidad de Punilla, de la ciudad de Sucre, para luego ser trasladados a la Estación Policial Integral (EPI) en la cual la Dirección de Migración Distrital de Chuquisaca procedió a deportar a los migrantes indocumentados.

Los representantes de las víctimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba, solicitaron el procesamiento y sanción de los autores materiales, intelectuales y de los financiadores del golpe de Estado de 2019 además de que se instaure un juicio civil para lograr la reparación y el resarcimiento en favor de los familiares de los caídos en las matanzas del régimen de facto.

Esas afirmaciones fueron realizadas por Ismael Marquina, representante de los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba, quien preside una delegación que se encuentra en La Paz para exigir justicia, evitar que se libere a Jeanine Áñez y para impulsar el desconocimiento de Amparo Carvajal por haber defendido a los golpistas y no a las víctimas del gobierno de facto de 2019-2020.

“Yo estoy dispuesto a perdonar, a reconciliarnos pero siempre y cuando los responsables que han hecho atrocidades, estos delitos de lesa humanidad, paguen por su actos y están plenamente identificados (…) queremos de una buena vez que los autores, tanto intelectuales y materiales, quienes han financiado este golpe de Estado, estas masacres, quienes han dado la orden, quienes han sido los autores intelectuales y materiales, paguen por su culpa”, indicó en radio Patria Nueva.

Explicó que, si bien existen varios juicios de responsabilidades en puertas contra Jeanine Áñez, lo adecuado sería impulsar, además, un juicio civil contra ella y los responsables del golpe de 2019 con el propósito de que las víctimas de las masacres reciban un resarcimiento económico debido a que se encuentran en situación de pobreza.

Puso como ejemplos los juicios de responsabilidades planteados contra Luis García Meza, Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, mientras las víctimas de las masacres cometidas en sus gobiernos no recibieron ningún resarcimiento o reparación que les ayude a sobrevivir.

Por su parte, Eliana Rojas, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, en coincidencia con Marquina, cuestionó el rol de Amparo Carvajal ya que su gestión feneció en 2018 y, sin embargo, ahora se dedica a defender a Jeanine Áñez, a los militares y policías, pero se olvidó de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

Indicó que las distintas regionales de DDHH impulsan la realización de un Congreso para consolidar el desconocimiento de Carvajal y la elección de otros representantes que defiendan a las víctimas y no a los golpistas.