(Fotos: Facebook Columna Sur)

Milena Soto, cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), brazo armado del golpe de Estado de 2019, fue aprehendida este viernes, acusada por los delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas.

El informe fue brindado por el canal televisivo Bolivia Tv que mostró imágenes de la orden de aprehensión contra Soto.

La aprehensión fue ejecutada en el domicilio de la dirigenta de la UJC, en la ciudad de Cochabamba, donde se encontraba con detención domiciliaria acusada por atacar las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020.

Ella fue acusada de varios delitos junto a otros integrantes de esa organización irregular.

En 2020, en pleno golpe de Estado, integrantes de la RJC agredieron al periodista Adair Pinto en la urbe cochabambina

Roger Revuelta, integrante de esa organización paramilitar, asestó tres puñaladas contra el comunicador en el pecho, en el costado izquierdo del tórax y su pierna con el objetivo de acabar con su vida. Por ello, la justicia determinó una sanción de privación de libertad de 12 años y seis meses contra el agresor.

Previamente, otros integrantes de la RJC agredieron verbalmente y amedrentaron a Pinto, quien se encontraba en un recinto público de la avenida Libertador Bolívar, en la ciudad de Cochabamba.

Soto es cabecilla de la RJC, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.

La RJC también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.

El 10 de agosto de 2020, Soto, anunció la autoconvocatoria a los integrantes de la RJC para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Áñez.

El 1 de diciembre de 2019, integrantes de RJC fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 20 de enero de 2020, Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la RJC para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la RJC durante el régimen de Áñez.

Tanto la RJC como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) actuaron como grupos paramilitares que consolidaron el golpe de Estado de 2019.

En Santa Cruz, integrantes de la UJC atacaron a indígenas, cercaron y quemaron casas en el barrio Cofadena, en Montero, en el marco del golpe de Estado de 2019.

El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el accionar de grupos paraestatales en 2019, como la RJC, y pidió al gobierno desarticular ese tipo de organizaciones irregulares.

El juez anticorrupción Segundo de La Paz, Andrés Zabaleta, determinó rechazar el pedido de Jeanine Áñez de salir del penal de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración además de que, según las acusaciones, existe riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.  

La decisión judicial se tomó en el marco de una audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitada por la defensa de Áñez en base a los certificados médicos que recomendaron la internación por motivos de salud, informó el canal televisivo Red Uno.

Durante la audiencia virtual, el juez señaló que, si bien existen esos certificados de los médicos de Áñez, la otra parte procesal señaló que ella cuenta con atención médica las 24 horas y que se debía realizar una junta médica para determinar el tratamiento.

Una valoración médico-forense concluyó que Áñez se encuentra “clínica y neurológicamente estable”, mientras que sobre su problema de hipertensión estableció que está “controlado y en tratamiento”.

La valoración fue hecha el 25 de agosto en atención a un pedido de la fiscal Lupe Zabala. Según el reporte, ella autorizó “el examen médico legal y la toma de muestras”, informó La Razón el miércoles.

“Al momento de la valoración médica forense, la examinada se encuentra consciente, con funciones cognitivas normales, sin datos de descompensación cardiaca, ni respiratoria, con presencia de signos vitales estables, con presión arterial dentro de los parámetros normales”, da cuenta el reporte publicado por el canal estatal, indicó el impreso.

En ese contexto, el juez Zabaleta consideró contradictorio que la defensa haya solicitado la detención domiciliaria de Añez, cuando la recomendación médica consistía en que sea internada en un centro especializado. Sin embargo, el abogado Luis Guillén aclaró que el juez podía determinar una detención domiciliaria en un centro médico.

Según legisladores del MAS, la defensa de Áñez impulsa una campaña política y mediática para liberar a la expresidenta de facto con el fin de que ella fugue del país.

En la acusación en su contra, se incluyó el riesgo de fuga ya que ella fue aprehendida pese a estar oculta en la casa de una vecina y tener antecedentes de salidas frecuentes al exterior.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó por segunda vez un recurso interpuesto por legisladores de Luis Fernando Camacho contra una resolución camaral que determinó aplicar la “mayoría absoluta” en unas 11 decisiones respetando los dos tercios establecidos en la Constitución Política del Estado.

La anterior legislatura del Senado, decidió modificar su Reglamento eliminando el requisito de dos tercios en 11 decisiones: Remitir impugnaciones contra senadores ante el Órgano Electoral Plurinacional, creación de Comisiones Especiales, modificación del Orden del Día, sesiones Permanentes por Materia, por Tiempo o por Tiempo y Materia, eximir a una propuesta de su cumplimiento del trámite normal, moción de cierre de debate, alteración del orden del día, aprobar la concesión de la condecoración del “Cóndor de los Andes”, ascensos a grados máximos de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ratificar los nombramientos de embajadores propuestos desde el Ejecutivo y dispensar de la observancia del Reglamento, informó el periódico Opinión.

El entonces senador Milton Barón dijo que esa modificación sólo afecta a artículos de “mero trámite” y que se mantienen los dos tercios en materias prevista por la Constitución Política del Estado, como elección de vocales electorales, Defensor del Pueblo y otros. Asimismo, dijo que se mantiene el cuadro de votación para la aprobación de leyes.

La Ley de Leyes establece de manera clara la exigencia de cumplir con los dos tercios en la votación para varios aspectos, como aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores, elegir a los miembros del Órgano Electoral Plurinacional, entre otros. Esos aspectos se mantienen plenamente vigentes.

Pese a ello, la bancada de Creemos, de Luis Fernando Camacho, recurrió al TCP para cuestionar la determinación legislativa. Ese Tribunal rechazó una primera demanda en julio y también una segunda solicitud.

La senadora opositora Centa Reck criticó la retardación del TCP y aseveró que esto “deja en absoluta indefensión como oposición”. Reck también anunció un análisis para la presentación de otros instrumentos legales para reponer los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó el periódico Los Tiempos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este viernes que se realizaron tres operativos de interdicción al narcotráfico donde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró secuestrar 258 kilos de cocaína en Beni.

“Nos encontramos en Beni para presentar tres operativos que se han realizado (…). Nuestro Gobierno viene desarrollando una lucha frontal contra el narcotráfico y por lo cual se realizan operativos a nivel nacional”, aseveró Mamani.

El primer operativo denominado “Colmena” se realizó el 24 y 25 de agosto en el Parque Nacional Isiboro Sécure, en el cual se logró identificar en el fondo de la maleza un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, mismo que fue incinerado en presencia de un fiscal de materia. Con ese operativo se afectó al patrimonio del narcotráfico alrededor de $us 100.000.

El segundo operativo se realizó el 27 de agosto, en la provincia Santa Ana de Yacuma, y se secuestró 254 kilos con 20 gramos de pasta base de cocaína camuflada en la maleza de una pista clandestina de la estancia “La Alcancía”. Con esa ejecución se afectó el patrimonio de ese ilícito en $us 1.271.000.

El último operativo denominado “Vecino seguro libre de drogas” se realizó el domingo 29 de agosto, en un puesto de control de San Joaquín, en el cual el conductor de un vehículo Nissan Cóndor con placa de control 2272 – HKF intentó darse a la fuga; sin embargo, fue aprehendido.

En la requisa del vehículo se encontró cuatro kilos con 286 gramos de pasta base de cocaína en la parte externa superior de la cabina, valuada en $us 21.430.

De acuerdo al reporte oficial, con los tres operativos de la FELCN se incautó un total de 258 kilos con 486 gramos de pasta base de cocaína, además de un vehículo, señala un boletín de prensa.