El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso este martes las razones jurídicas por las que la expresidenta de facto Jeanine Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades a raíz de la firma del Decreto Supremo 4078 que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.   

“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos".

"Ni en la teoría del Ministerio de Justicia ni de la Fiscalía (General del Estado) ni del Órgano Judicial se reconoce ninguna calidad constitucional, lo que ocurre es que existe en nuestra Constitución el principio de verdad material”, manifestó la autoridad.

Explicó que, en el marco del principio de verdad material, es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades por las masacres cometidas durante el gobierno de facto, lo que no significa que se reconozca la permanencia de Añez en Palacio Quemado como constitucional.

Remarcó que hay dos escenarios, uno por la vía ordinaria por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, y el delito de incumplimiento de deberes cometidos cuando Añez era senadora, motivo por el cuál guarda detención preventiva.

El otro, que plantea la apertura de juicios de responsabilidades por la firma del Decreto Supremo "de la muerte" 4078 que derivó en masacres y otros delitos cometidos durante su gestión de facto, relacionados a violaciones a los derechos humanos y daño económico al Estado.

El 14 de noviembre de 2019, tras haber asumido el cargo de manera inconstitucional y haberse puesto al mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, Jeanine Añez firmó junto a su gabinete de ministros el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas castrenses que actuaran para reprimir manifestaciones.

Horas después de la firma del decreto, el 15 de noviembre se produjo la masacre en Sacaba y el 19 la masacre de Senkata, donde 22 bolivianos resultaron asesinados con arma de fuego, cientos quedaron heridos, además de otra cantidad relevante de detenidos, torturados y perseguidos. 

“La señora Añez fue una gobernante de facto que emitió, entre otras normas, el Decreto 4078 que le llamamos el ‘decreto de la muerte’, si ella no hubiera promulgado ese decreto, los militares y policías no hubieran actuado como actuaron”, manifestó.

Lima repitió que es una razón de Estado trabajar para que los familiares de los asesinados y los sobrevivientes obtengan justicia e interpeló a los opositores, Carlos Mesa y Fernando Camacho, a no dejar en la impunidad esos hechos luctuosos. 

“El escenario internacional y todos los escenarios que tenemos en este momento, nos llevan a plantear al país un juicio de responsabilidades, si Comunidad Ciudadana y Creemos no aceptan mediante 2/3 de votos de la Asamblea, a dar la autorización, ellos serán los responsables de haber negado la justicia y nos abrirán los caminos a la justicia internacional, inclusive la justicia constitucional para lograr justicia para las víctimas de estos hechos; pero, tenemos que agotar todas las vías”, indicó.

(Foto: Redes Sociales)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró identificar a la persona que provocó el domingo una explosión que causó daños a infraestructura de la Alcaldía de La Paz, edificios aledaños y heridas leves a dos menores de edad.

“Hemos identificado plenamente a la persona que habría realizado la explosión de este artefacto (…) sería una persona que ronda entre los 55 y 65 años”, expresó la autoridad en conferencia de prensa.

Del Castillo explicó que, según los reportes preliminares, la persona se trasladó desde la calle Potosí y bajó por la calle Mercado con una lata de leche que en su interior portaba diferentes explosivos.

“Tenía una lata de leche Nido; en su interior, tenía una serie de explosivos y pone esta lata debajo de un basurero, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, y luego explota. Los daños materiales y físicos que han sufrido estos menores de edad y las instalaciones de la Alcaldía se deben a los residuos de la lata”, aseveró la autoridad.

El reporte preliminar establece que el hecho se suscitó a las 20.15 del domingo, en la calle Mercado y Colón, donde el explosivo fue activado en un basurero que estaba ubicado al frente de un edificio de la Alcaldía y que ocasionó la rotura de los vidrios de edificios cercanos. Un adolescente y una niña que transitaban por el lugar quedaron con heridas leves.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Jhonny Vega, informó este martes que, según el examen forense, la mujer hallada desmembrada en la zona Inca Llojeta en La Paz murió por estrangulamiento.

 “Ayer, se realizó la autopsia médico legal que determinó que habría fallecido por asfixia mecánica o estrangulamiento; o sea, utilizaron las manos para quitarle la vida (sic)", aseveró el jefe policial en entrevista con Unitel.

Se presume que la mujer tiene una edad entre 15 y 20 años y que falleció hace 36 horas. Aún se desconoce la identidad. La FELCV y la Fiscalía investigan el caso por el delito de feminicidio.

Se informó que, la tarde del lunes pasado, una niña encontró partes del cuerpo cuando buscaba a su gato, por lo que dieron aviso a los vecinos y a la Policía que se trasladaron al lugar para hacer levantamiento del cadáver y hacer un rastrillaje de más evidencias.

El jefe policial explicó que se logró dar con todas las partes del cuerpo e incluso con un cuchillo.

“Hemos realizado un rastrillaje en el sector. Se encontró, en primera instancia, el torso de la víctima; a unos diez metros, hemos encontrado toda la parte inferior desde la cadera y las piernas. Posteriormente, hemos encontrado la cabeza, el arma punzocortante; hemos encontrado a 11 metros y poco después su corazón”, explicó.

La víctima de este feminicidio vestía un canguro rosado con letras negras, una polera verde, una calza color café y unas zapatillas de lona de color azul. Según Vega, la joven era de tez morena y cabello lacio de color negro.

El Juez Cautelar de Turno, en audiencia virtual, y después de más de 13 horas de audiencia, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva de cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ).

“Jaime Maldonado deberá presentarse cada 10 días ante el Ministerio Público, en tanto que para los imputados Yassir Molina, Mario Bascopé, Milena Soto y Fabio Bascopé se determinó detención domiciliaria, arraigo y la presentación de dos garantes”, señala una nota de prensa.

Los imputados son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, delitos contra la salud pública, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes.

Los imputados Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé, sin embargo, ya se encuentran detenidos en la ciudad de Sucre por otros presuntos delitos y dentro de ese caso se beneficiaron con medidas sustitutivas.

El caso que investiga el Ministerio Público se inició a denuncia de Juana Quispe Ari, Flora Noemí Quispe Amaro y otros, quienes refieren haber sido víctimas de la conducta de los imputados a quienes los identificaron como miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.

De acuerdo a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se habrían producido a fines de octubre del año 2019 y 2020 y habrían continuado los primeros meses del año 2021 con actuaciones presuntamente dirigidas a evitar que organizaciones sociales y otros ingresen al centro de la ciudad a realizar sus marchas, o que continúen su viaje a la ciudad de La Paz; “además de haber, presuntamente, tapiado las puertas de la Alcaldía y habrían botado basura en las puertas de los domicilios de la gobernadora y el acalde de ese entonces, pidiendo la renuncia de ambas autoridades, entre otros presuntos hechos delictivos como el que Yassir habría enviado a dos personas con COVID-19 al Trópico para infectar con el virus a los pobladores”.

Por su parte, la defensa y los imputados, durante la audiencia, desmintieron los delitos por los que son procesados, manifestando con el argumento no se individualizó la conducta de los mismos en los delitos que se les atribuye y que tampoco se habría presentado prueba alguna sobre la participación de ellos en los hechos atribuidos.

Concluidas las fundamentaciones de las partes y la presentación de los elementos expuestos durante la audiencia virtual que se inició a las 14:00 del domingo 5 y concluyó a las 03.15 del lunes 6 de septiembre, es decir tuvo una duración de más de 13 horas. La resolución podrá ser apelada por los sujetos procesales.