Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con la Fiscalía, realizaron el levantamiento del cadáver de una mujer que fue descuartizada en la zona Alto Inca Llojeta de La Paz.

“Estamos sorprendidos, a la vez traumados con los hallazgos que se han hecho. Se ha encontrado un cadáver con las partes desmembradas. Ha sido encontrado por una niña al buscar a su gatito, entró y se topó con esto y avisó a su padre. Por eso llamaron a la policía para que haga el levantamiento del cadáver”, relató un vecino de la zona en contacto con Contacto Bolivia.

El hecho fue descubierto esta jornada, pasando el medio día, y personal de homicidios confirmó que el cuerpo correspondería a una mujer entre 17 a 20 años.

La policía realiza la colección de pruebas; se encontró todas las partes del cuerpo en diferentes lugares, incluyendo brazos, piernas y la cabeza de la víctima, que ayudará a identificar a la mujer. Asimismo, se encontraron pertenencias de la víctima, ropa, pero aún se desconoce la identidad.

De acuerdo al reporte de Contacto Bolivia, denunciaron que el corazón de la mujer habría sido extraído y tras un patrullaje lograron encontrarlo lejos del lugar.

Alrededor de 20 vecinos aguardan en el lugar y solicitan que se instale un retén policial. Además de reforzar la seguridad para las personas que viven por el lugar, porque el sector es muy inseguro y los delincuentes se aprovechan de la ausencia de policías y las características del lugar, que es de difícil acceso.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, lamentó la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a dos cabecillas de la organización delincuencial Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dijo que no se permitirá su rearticulación y señaló que está en curso una investigación sobre los financiadores de ese grupo parapolicial.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que la UJC fue el brazo armado del golpe de Estado de 2019 y fue responsable de hechos de violencia, agresiones, golpizas, persecuciones a indígenas que se movilizaron contra el régimen de facto.

“Lamento mucho que no se haga una buena valoración dentro del sistema penal”, dijo Cox, quien añadió que “nos deja mucho que pensar que un juez cautelar, de la forma más irresponsable, se olvide de todo lo que han degenerado en la sociedad (la RJC)” y el racismo y violencia con la que actuaron.

“Una de sus víctimas hasta perdió un ojo. Ellos desplegaron amedrentamiento constante, eran dueños de la ciudad”, agregó.

La autoridad, en cumplimiento a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicó que no se permitirá la rearticulación de esa organización criminal y que en la actualidad se realizan investigaciones respecto a los financiadores de ese tipo de agrupaciones ilícitas.

Cox recordó que la RJC se convirtió en el brazo armado parapolicial y paramilitar de Arturo Murillo y Jeanine Áñez.

Por otro lado, indicó que las unidades de investigación policial tienen individualizados al menos a 20 uniformados que se amotinaron en 2019 en franca vulneración a las normas legales vigentes.

El viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori, confirmó este lunes que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana dio de baja definitiva a dos efectivos policiales, de los 26 acusados, por haber arrancado y quemado la wiphala, además de promover el motín policial durante 2019.

“Hasta la fecha tenemos 19 acusados y dos (policías) con bajas definitivas y cinco en etapa de investigación”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

Explicó que ese proceso disciplinario inició con la denuncia del 18 de enero pasado y que desde entonces se logró sancionar a dos efectivos policiales con la baja definitiva de la institución; sin embargo, no quiso entrar en detalles de nombres y rangos.  

“Realizamos 26 denuncias contra aquellos malos policías que han estado cometiendo actos irregulares y además liderando motines, huelgas, en el golpe de Estado”, aseveró.

Asimismo, el viceministro aseguró que no están en contra de la Policía Boliviana, pero que se deben sancionar las malas acciones y aseveró que se cuenta con las pruebas suficientes y que la población fue testigo de la participación activa de los oficiales que, con esa acción, arriesgaron la seguridad del país, además de deshonrar a la wiphala.

“Esto no es persecución, ni venganza, respetamos el trabajo de nuestros policías. (…) No estamos en contra la institución, al contrario, valoramos la importante labor que realiza”, exclamó.

El 3 de septiembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó que el general Yuri Calderón fue dado de baja, sin derecho a reincorporación.

Durante el fin de semana, el Tribunal Disciplinario de Cochabamba también dio de baja al coronel Nelson Flores e miembro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) por incumplir disposiciones de la Ley 101.

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Oruro, Benigna Paredes, informó que la Fundación Fundasur brindará apoyo en educación, salud y terapia laboral a las personas privadas de libertad del departamento de Oruro.

“Los privados de libertad del departamento de Oruro, recibirán capacitaciones de formación educativa social, comunitaria y productiva bajo los fundamentos filosóficos y sociológicos de una educación alternativa de manera particular, integrando la educación y la reinserción familiar a la comunidad partiendo de la convivencia como terapia restaurativa aplicando el Vivir Bien en comunidad”, se lee en un comunicado de Régimen Penitenciario.

Además, se pretende fortalecer las actividades y emprendimientos productivos comunitarios con seguimiento personal en las áreas psicológica, legal, y educativas en los recintos penitenciarios de San Pedro y La Merced.

Asimismo, se ampliarán los rubros de ambos centros penitenciarios así como la capacitación a todos los privados de libertad.

Estas acciones en realizan en el marco del convenio interinstitucional que firmó Régimen Penitenciario de Oruro con la Fundación Fundasur.