El fiscal de materia de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este jueves que en coordinación con Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana se realizó un operativo de inteligencia en cuatro pabellones del Centro de Rehabilitación de Palmasola, Santa Cruz, en el cual logró secuestrar Bs. 37.000, celulares, sustancias controladas, bebidas alcohólicas y armas punzo cortantes.

“Se ha atacado lo que es el PC - 4, en cuatro pabellones, con esto tratamos de parar el índice de las extorsiones digitales que hay por las redes sociales”, indicó el fiscal cruceño en conferencia de prensa.

Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Edson Claure, destacó el operativo de inteligencia y calificó como un “duro golpe a marketineros” de Palmasola, quienes fueron denunciados por extorsiones en redes sociales.

“Se hizo el secuestro de 24 teléfonos celulares, cinco botellas de bebidas alcohólicas, 37 mil bolivianos, en una de las celdas. Sustancias controladas, referidas a marihuana, clorhidrato de cocaína, diazepam”, señaló Claure. 

Según investigación preliminar, los celulares eran utilizados para realizar estafas telefónicas, extorsiones a través de redes sociales, además de suplantación de identidad a la población.

Cuatro privados de libertad serán investigados por esos nuevos delitos y las autoridades competentes determinarán su situación jurídica en los próximos días.

El representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani (Cochabamba), Ismael Marquina, informó este jueves que se realizarán nuevos procesos penales contra las personas que firmaron el Decreto Supremo 4078 que desencadenó en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

“Nosotros como víctimas vamos a iniciar un análisis y medidas penales contra los actores del golpe de Estado y los que han financiado la masacre, quiénes han dado la orden, quiénes han firmado ese maldito decreto, que les da la inmunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para que puedan matar libremente”, expresó Marquina, en conferencia de prensa.

Explicó que la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores por la investigación del caso golpe de Estado y no por las masacres que se realizaron en Sacaba y Senkata, por lo que analizarán nuevas medidas penales en contra de los responsables de esos hechos luctuosos.

“Nosotros no estamos cometiendo lo que ellos han cometido en el 2019, han asesinado, han herido con armas de fuego, han encarcelado y hoy no hay responsables hasta la fecha. La señora Jeanine Áñez no está detenida por los delitos de lesa humanidad que ha cometido, ella está detenida por el golpe de Estado”, reiteró.  

El 15 de noviembre, el régimen de Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 que autorizaba en su Art. 3 a los militares uso de la fuerza en manifestaciones y pretendía eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA. que participe en los operativos.

“El personal de las FF. AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, se lee en el Decreto, considerado como una carta blanca para matar.

El decreto fue firmado por Añez y 11 de sus ministros, en los que figuran: Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, Roxana Lizárraga, José Luis Parada, entre otros.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, aclaró este jueves que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, y las leyes vigentes en Bolivia, una autoridad jurisdiccional determinará la situación procesal de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y no así del Ministerio Público.

“El Ministerio Público no define ninguna situación procesal, siendo que los actos investigativos en sí lo sujetamos a control jurisdiccional, conforme establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. No podemos determinar la situación procesal de ningún investigado, incluida la señora Jeanine Añez”, aseveró Quispe.

Explicó que es el Órgano Judicial quien, a través de las autoridades jurisdiccionales, considera las peticiones de las personas que sienten que sus derechos son “mancillados”, por lo tanto, es la única instancia competente de establecer la situación procesal de la exmandataria de facto.

“Ha circulado el rumor de que dependería del Ministerio Público determinar la situación solicitada por la CIDH; sin embargo, el tenor de la Comisión señala claramente, como punto de referencia, al Órgano Ejecutivo que tiene en sus manos la solicitud de la Comisión Interamericana. Estos siete días que conminan son para el Órgano Ejecutivo y al mismo tiempo para que se ponga a consideración de la autoridad jurisdiccional alguna petición”, explicó, según un boletín institucional.

Jeanine Áñez está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, desde marzo pasado, acusada por el caso golpe de Estado de 2019. La audiencia virtual de Áñez debía realizarse el pasado miércoles, pero fue suspendida por fallas informáticas.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este jueves que hasta la fecha se suscitaron 81 feminicidios y 27 infanticidios, durante ocho meses del 2021, por lo que exhortó a las autoridades subnacionales a endurecer sus políticas en la lucha contra la violencia en el territorio nacional.

“Son alarmantes estos números porque al parecer nuestras instancias encargadas de la prevención contra la violencia no están siendo efectivas. Nos preocupa de sobremanera y hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se registra la mayor cantidad de feminicidios”, indicó Quispe.

El secretario general de la Fiscalía, lamentó que en Unicia, Potosí, se suscitó un feminicidio, seguido de infanticidio y suicidio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el autor, Efraín T.C., de 28 años, habría ingresado en horas de la noche a la casa de su exconcubina Nelly S.H.C. de 21 años, donde la estranguló hasta quitarle la vida, luego sacó del lugar a su hijo de tres años y lo llevó en su automóvil a la Comunidad de Chiru Chiru del Ayllu Layme, donde le quitó la vida, posteriormente él se ahorcó al interior de su domicilio.

“Pedimos a las gobernaciones y alcaldías que endurezcan sus políticas de lucha contra la violencia, siendo que el feminicidio es el último eslabón de una espiral y cadena de violencia”, explicó Quispe.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público, se suscitaron 81 casos de feminicidio y la mayor incidencia está en eje central del país. La Paz con 30 casos, Santa Cruz con 14 y Cochabamba con 11.

Asimismo, el fiscal señaló que hasta la misma fecha se suscitaron 27 casos de infanticidio. En La Paz se investigan nueve casos; en Chuquisaca, siete; en Potosí, seis; en Santa Cruz, dos; en Cochabamba, dos; y en Tarija, uno.

“Pedimos a las entidades encargadas de protección de la seguridad de los niños, niñas a nivel nacional, puedan implantar políticas de prevención de lucha contra este flagelo, siendo que son los sectores más vulnerables y necesitan el resguardo de la población y necesitan estar seguras”, enfatizó Quispe.