El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, explicó las razones jurídicas y técnicas que revelan el incumplimiento al acuerdo firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por parte de Luis Almagro, para auditar las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.
La Contraloría General del Estado evaluó el informe presentado en 2019 y en las últimas horas emitió un pronunciamiento técnico que concluyó en que la Misión de Observación Electoral no realizó una auditoría al proceso electoral, por lo que existe incumplimiento al acuerdo.
Según el acuerdo, la auditoría debía desarrollarse en el marco de la normativa nacional, es por eso que la Contraloría -entidad encargada de velar por los procesos de auditoría que se desarrollan en el país-, a solicitud de la Procuraduría General del Estado y de la Cámara de Diputados, observó los procedimientos de rigor y los protocolos que hacen a un proceso de esa categoría y concluyó en que no se realizó una auditoría.
“No sería una auditoría ni en Bolivia ni fuera de Bolivia (…), tenemos que ir a las fuentes, tenemos que saber qué vamos a entender por auditoría electoral, me remito al punto del acuerdo, ´se hará el trabajo conforme a las normas nacionales´ y quién es la máxima instancia en materia de auditoría, es el Contralor General del Estado y el Contralor (Henry Ara) ha respondido que ´no´ fue auditoría, por las características que debe tener la misma”, detalló el Ministro, según añade el reporte.
Además, Lima destacó una de las observaciones de la Contraloría en sentido de que el informe de integridad de la OEA no aclara el porcentaje de la muestra con actas supuestamente adulteradas o fraguadas.
“Uno de los puntos que ha tocado el Contralor es la muestra, que es fundamental para hacer una auditoría, es cómo construyes la muestra, si es al 100% que es lo que entendía Diego Pary cuando firma el acuerdo con la OEA o generas una muestra como ha ocurrido en este caso. Si generas una muestra tienes que decir ´este porcentaje de votos está manchado por dudas y existencia de un fraude´, eso no existe en el informe de la OEA, por ello el Contralor llega a la conclusión que llega”, explicó el Ministro.
Al respecto agregó que hay un punto estructural en el documento del Contralor: “para que haya una auditoría tenemos que saber si el 100% de las actas supuestamente adulteradas o fraguadas significan un fraude, o el 50% o el 10% o el 1% o qué porcentaje y cuál es la muestra que han tomado, eso no se señala en el análisis (…). Ese punto descarta que se trate de una auditoría y más bien muestra que es un análisis político”, dijo.
Por otro lado, subrayó que en su mayoría las observaciones fueron realizadas al sistema TREP de resultados no vinculantes y puesto en vigencia por primera vez ese año a solicitud del mismo organismo y no al Sistema de Cómputo Oficial, que, como su nombre lo indica, es el mecanismo vinculante.
Al respecto el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez propuso revisar acta por acta para conocer la verdad histórica de esos hechos. Para ese objetivo, el Ministro recalcó que además de las actas publicadas a través del Sistema de Cómputo Oficial, cada partido político cuenta con copias de las actas.
“Lo que se podría hacer eventualmente es una revisión integral por parte del Órgano Electoral Plurinacional. Lo que plantea el Procurador es un ejercicio de transparencia absoluta”, indicó el Ministro.
La autoridad remarcó que cuando se presentó penalmente el caso de supuesto fraude, la mayor parte de la información (actas) fue analizada y contrastada por parte del Ministerio Público. “Se ha hecho una revisión bastante exhaustiva de las actas y en especial las que han sido observadas por la OEA”, indica el reporte de prensa.
Por otro lado, también se detectaron problemas en el relevamiento de información, los canales de entrega del informe por medios no oficiales ni diplomáticos, el incumplimiento a la fecha fijada y la falta de respuesta de quien fue auditado. “Es decir un protocolo, unas normas que en este caso no se han cumplido. Sintomáticamente el título del documento entregado por Almagro señala que se trata de un análisis de integridad electoral de las elecciones generales, no de una auditoría”, hizo notar la autoridad.
El titular de Justicia manifestó que, con todos esos elementos, se puede concluir en que la Secretaría General de la OEA en noviembre y posteriormente en diciembre de 2019, presentó un “documento político y no una auditoría” de los comicios electorales de ese año, hecho que derivó en un golpe de Estado, masacres, violencia y persecución.
“Si está claro que el acuerdo no se ha cumplido, el procedimiento no es que terminemos discutiendo indefinidamente con Almagro; alguien tiene que decir si tenemos razón nosotros o tiene razón Almagro y el mecanismo es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el incumplimiento del acuerdo tiene que ser demandado ante la Corte”, señaló.
El 15 de octubre de 2020, el premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, denunciaron a Almagro ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por denunciar “un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político”.
En ese sentido, el Ministro manifestó que además de la CIJ y NNUU, también se podría recurrir al Sistema Interamericano para buscar justicia, agrega el reporte.
“Estamos agotando en el país los instrumentos jurídicos válidos, que van a culminar con una estrategia que demostrará la injerencia y la responsabilidad de Almagro en este problema que ha terminado con la muerte de 38 personas y no vamos a descansar hasta darles justicia (…). No vamos a ir al ritmo de Almagro, no vamos a presentar por presentar, vamos a ganar los juicios”, anunció.
