El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Juan José Donaire, informó este lunes que se realizó el levantamiento del cadáver de una mujer de nacionalidad haitiana en un alojamiento de la ciudad. Se presume que la muerte se desencadenó por una complicación en su salud.

“Se tiene previsto realizar la autopsia correspondiente para tener una orientación; sin embargo, de momento se tiene esa característica de eventualidad o accidente, que ha propiciado que esta mujer tenga esa característica de deceso”, indicó Donaire en declaraciones difundidas por radio Éxito. 

Según el reporte preliminar, la mujer de nacionalidad haitiana habría llegado de Perú y estaba de tránsito en Bolivia, porque pretendía trasladarse hasta Chile para encontrarse con sus familiares.

“Es una ciudadana haitiana que estaba de tránsito por nuestra ciudad, que procedía de la república de Perú, tenemos entendido que había un contacto previo con sus familiares que se encuentran en Chile”, sostuvo.

El jefe policial indicó que en la habitación de la ciudadana se encontraron medicamentos que hacen presumir que tenían una enfermedad de base que habría ocasionado su muerte. Asimismo, señaló que se realizarán los trámites respectivos para realizar la entrega del cuerpo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, Alex Bedoya, informó este lunes que se realizaron operativos de control en la zona Mutualista y en la requisa de una vivienda encontraron 18 kilos de marihuana, por lo que se aprehendió a una mujer sospechosa de ser proveedora.

“Se trata de 18 kilos de marihuana, a consecuencia de esto se procede a la aprehensión de la ocupante del lugar, quien se identifica como Celia Q. A. de 35 años”, informó Bedoya en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

De acuerdo con el reporte policial, la Felcn realizó este operativo tras la denuncia de los vecinos de la zona. La mujer detenida es de nacionalidad boliviana y se presume que era proveedora de sustancias controladas y vendía a terceras personas que se dedicaban a comercializar la marihuana por raleo.

“Es proveedora de sustancias controladas, en este caso de marihuana, esto por la cantidad. Nosotros mantenemos la tesis que (la marihuana) había sido acopiada en este inmueble”, señaló el jefe policial.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detuvieron el pasado viernes a Cristóbal Ábrego Áñez, como parte de una investigación sobre el robo de Bs 700.000 al Banco Unión, por una banda criminal, dicha situación desnudó el caso de extorsión a las redes televisivas ATB y PAT.

“Abrego, conjuntamente con sus cómplices, consiguió una tarjeta de debito clonada con la que comenzó a sacar pequeñas sumas de dinero, que cada vez se hicieron más grandes. Una vez en las oficinas policiales de la calle Sucre de la ciudad de La Paz, los agentes del orden se dieron cuenta que Cristóbal Ábrego era buscado por otro delitos”, señala una nota difundida por distintos medios.

Pocas semanas antes del golpe de Estado de noviembre de 2019 el detenido había presentado una denuncia contra ejecutivos de PAT y ATB por supuesto enriquecimiento ilícito. En esa oportunidad declaró que él era un exfuncionario de Periodistas Asociados de Televisión y, en esa calidad, había sido testigo de varias irregularidades.

“Y con tan solo esta denuncia, por demás nunca probada, los todopoderosos ministros del gabinete de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Óscar Ortiz y Yerko Núñez, acompañados además del empresario Abdala Daher, se sumaron al caso”, indica el documento.

Ello motivó el apresamiento del empresario televisivo Marcelo Hurtado y el exilio del periodista Jaime Iturri.

“El sábado se le preguntó a Cristóbal Ábrego sobre si alguna vez habría trabajado en PAT y su respuesta categórica fue no, además manifestó que no conocía a ningún trabajador, gerente o propietario de esa empresa, y aclaró expresamente que a Marcelo Hurtado ‘no lo conozco ni tengo una relación de amistad ni nada’”, asevera la nota.

En las próximas horas deberá aclarar cómo obtuvo las supuestas “pruebas” que presentó en su acusación y cuáles los verdaderos móviles para que mintiera en sus declaraciones, lo que en sí mismo se constituye en delito.

El exfiscal de Distrito, Marco Antonio Cossío, extorsionó a Marcelo Hurtado pidiéndole para Murillo, Ortiz y Núñez las acciones de propiedad de ATB, más $us 1,5 millones.

Por otra parte, en la investigación existen declaraciones de Alondra Janet Machicado Ibáñez, en sentido de que el empresario Abdala Daher le hizo comunicar que le entregara la propiedad de PAT pues “ahora estaban ellos en el gobierno”, refiriéndose a sus amistades con el Ejecutivo de Jeanine Añez.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que se asumirán acciones contra quienes tengan responsabilidad de los hechos delictivos de vejamen, denegación de auxilio, homicidio culposo e incumplimiento de deberes que derivaron en la muerte de la joven Jhoselin, y de extorsión contra su familia.

“Hemos recolectado los antecedentes de este caso para apersonarnos como Ministerio, porque hay indicios de la comisión de delitos tanto de omisión de auxilio, homicidio culposo, incumplimiento de deberes y extorsión, por lo que el lunes nos vamos a apersonar como denunciantes; vamos a exigir que se investigue y procese a los responsables de estos delitos que derivaron en la muerte de Jhoselin”, indicó el viceministro, según un boletín institucional.

Silva explicó que de acuerdo a la ley ningún establecimiento de salud puede negar la atención a una persona. Remarcó que si Jhoselin hubiera recibido atención por parte de los establecimientos, quizá hubiera salvado su vida.

“También se evidencia un caso de extorsión en los centros de salud privados, lo que está prohibido por ley, ningún establecimiento puede solicitar dinero como garantía”, hizo notar.

Además, instó a las instancias competentes para que den celeridad a las investigaciones y sanciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, la joven fue vejada el martes y posteriormente encontrada por su hermano mayor (la madrugada del miércoles), en estado inconsciente al interior de un estanque en el municipio de Coro Coro del departamento de La Paz.

Los familiares la llevaron a un centro de salud de Viacha; sin embargo, por la gravedad de las lesiones fue trasladada a la ciudad de El Alto, pero en cuatro establecimientos de salud les negaron la atención médica.

En los nosocomios privados solicitaron un adelanto económico de más de Bs 5.000 para ingresarla a la Unidad de Terapia Intensiva y en los centros públicos solicitaron un requerimiento de provincia y la prueba PCR, pese a la emergencia.

Tras “peregrinar” por 12 horas, la joven murió en el vehículo de un familiar sin haber sido auxiliada en ningún centro de salud.