El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, invitó otra vez a Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y a todos quienes denunciaron la existencia de un fraude en las elecciones de 2019, a participar y presentar sus pruebas en el operativo de revisión “acta por acta” que impulsa esa entidad estatal.

La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que, en la primera jornada de esa actividad democrática, se revisaron aproximadamente 4.000 actas electorales de los comicios de 2019.

“El objetivo es verificar, es demostrar que, si ha existido algún elemento que ha sido acusado de fraude, o efectivamente las actas han sido correctamente elaboradas e incorporadas en el cómputo nacional electoral”, indicó.

Explicó que ese trabajo debía ser realizado por la comisión de la OEA enviada por Luis Almagro al país, pero incumplió ese trabajo y emitió un reporte preliminar, no acordado y no referido al cómputo oficial, el cual dio pie al golpe de Estado de 2019.

Chávez añadió que hasta el viernes se prevé concluir con la revisión minuciosa de las actas electorales “buscando democracia y verdad. Acta por acta, vamos a revisar”.

Lamentó que, a ese proceso de revisión detallada y pública, no asistieron quienes en 2019 denunciaron un “fraude monumental”, como Mesa, Camacho, Quiroga, Edgar Villegas, entre otros.

Al respecto, Chávez volvió a invitar a esas personas para que puedan traer sus pruebas de esa supuesta irregularidad en los comicios de 2019 con el fin de contrastar con las actas electorales de los comicios.  

Sin embargo, anticipó que esos denunciantes, quienes impulsaron el golpe de Estado de 2019, no presentan pruebas por temor y pánico de no poder fundamentar sus denuncias.

(Captura de Bolivia Tv)

El Ministerio Público solicitó seis meses más de detención preventiva para el almirante, Flavio Arce, imputado por el caso Golpe de Estado I; este viernes se pidió una detención por el caso Golpe de Estado II, según informó el abogado defensor del exjefe militar, Roger Valverde. 

“Ahora están imputándolo por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución. Lo que ellos dicen es que no ha cumplido con la Constitución, porque no ha precautelado y no ha garantizado la estabilidad del Gobierno de turno”, aseveró el jurista en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

El excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martin, fue uno de los primeros procesados en el caso golpe de Estado I.

El 12 de marzo de este año, la justicia determinó enviarlo de manera preventiva a la cárcel de San Pedro acusado de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, porque asistió a la conferencia de prensa donde el alto mando militar sugirió al presidente de entonces, Evo Morales Ayma, que renuncie.  

El 13 de septiembre el Ministerio Público pidió la ampliación de la medida por cuatro meses más y el 5 de octubre fue notificado con una nueva imputación, por lo que ahora se solicitó una detención de seis meses más en el caso Golpe de Estado II.

La responsable del punto de vacunación de la Escuela Nacional de Salud, Dania Eva Corina, informó este jueves que se aplican unas 400 dosis de vacunas contra el COVID-19 de forma diaria.

“En este punto de vacunación aplicamos entre 350 a 400 personas de forma diaria, estamos aplicando la primera y segunda dosis de la Sputnik V y segundas dosis de Sinopharm”, dijo a la ABI.

El horario de atención establecido es de 8.30 a 14.00, de lunes a viernes en ese punto de vacunación permanente, hasta que las autoridades dispongan lo contrario.

Recomendó a la población acudir con una fotocopia de su carnet de identidad y el certificado de vacuna de su primera dosis, para ser inmunizado.

El 10 de noviembre de 2019, se produce la interrupción de 37 años de democracia continua en nuestro país, provocando un quiebre constitucional liderado por las élites oligárquicas tradicionales y asentado en sectores de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando, forzando la renuncia de las autoridades electas, para instaurar un régimen no constitucional, sustentado en el temor por el uso de la fuerza.

Los acontecimientos marcados por la conflictividad social y política de octubre y noviembre de 2019, desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del Gobierno de Facto (GF), instancia caracterizada por su corrupción, crisis política, económica, sanitaria y abuso de poder de las autoridades por la necesidad de controlar la pandemia, aspectos que debilitaron catastróficamente la democracia de Bolivia.

Se recuerda al lector que, el GF postergó en tres ocasiones la celebración de las Elecciones Generales (EG) del 2020, bajo argumentaciones insuficientes e infundadas, e instrumentalizando políticamente la pandemia. En este contexto, el movimiento social y popular impidió con movilizaciones que el GF pueda prorrogarse indefinidamente en el poder, logrando que las EG se realicen el 18 de octubre de 2020. Es así que, el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, al ser el único partido hegemónico y estructurado de la política boliviana, con una militancia y un voto fidelizado, obtuvo como resultado de las EG el respaldo mayoritario del pueblo boliviano con el 55,11%, recuperando de esa manera el orden democrático constitucional.

A partir de noviembre de 2020, y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando medidas económicas y sociales para la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana, que estimulan la demanda y oferta de nuestro país, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar el tema sanitario mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

En este sentido, por el lado de la demanda se tienen las siguientes medidas: Reactivación de la Inversión Pública con un presupuesto vigente de $us 4.040 millones, cuya ejecución repunta al mes de agosto de 2021 en 106% respecto al mismo mes de 2020; Bono contra el Hambre de Bs 1.000, beneficiando a 4.035.773 personas a nivel nacional, con un monto total de Bs 4.036 millones; aumento adicional y extraordinario de rentas para los jubilados; Reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de Bs 13,1 millones a julio de 2021; Impuesto a las Grandes Fortunas, cuya recaudación asciende a Bs 240,14 millones a mayo de 2021; incremento del 2% del salario mínimo nacional, a Bs 2.164; creación de ítems para salud y educación; y la devolución total o parcial de los aportes de pensiones.

Asimismo, por el lado de la oferta se tiene el fortalecimiento de empresas públicas mediante aportes de capital; apoyo al sector productivo y promoción de la Política de Sustitución de Importaciones mediante el crédito SIBOLIVIA con más de Bs 911 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBOLIVIA; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; ejecución de la Subasta Electrónica y Mercado Virtual Estatal; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP), el cual destina hasta Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con un importe de hasta Bs 2.000 millones, entre otras medidas de gran importancia.

Finalmente, y en el marco del plan de lucha contra el COVID-19, el Gobierno nacional asignó Bs 2.268 millones para la adquisición de vacunas, pruebas de detección, medicamentos, equipamiento de hospitales y contratación de personal médico, logrando, al 29 de septiembre del presente, inmunizar a 6.780.455 personas, garantizando el abastecimiento suficiente para cubrir el cien por ciento de dosis para la población vacunable.

Fernando Roger Chuquimia/.