Las redes sociodigitales se prestan a muchos propósitos, incluida la legitimación de la desigualdad. Recientemente leí un tuit en el que se abogaba por propuestas de gobierno que ofrezcan una lucha frontal y dura contra la delincuencia. La usuaria reflexionaba en la plataforma de microblogging que no tenía sentido votar por alguien que ofrezca igualdad, porque en fin aquello no era posible. Una mentira más, sentenciaba.

Como usuario de Twitter, disfruto sus momentos de ingenio y frescura, así como la velocidad con la que circula la información. Estoy habituado, también, a discusiones necias de personas que muchas veces no intercambian argumentos sino agravios; es un tema en la mesa de discusión cuánto se degrada la arena pública por la dinámica en espacios como Facebook y Twitter.

El tuit que comento no era parte de una discusión establecida, más un comentario lanzado a la red social que encontró detractores igual que aplausos, muchos más de estos últimos. Por si mismo el tuit no es el aparato ideológico que justifica la desigualdad. Si, en cambio, es una partícula del entramado que forma parte del sentido común de una fracción de la población y que sirve para presentar ese sentido común como obvio. Más peligroso en sus posibilidades de viralización en cuanto mistifica la relación que existe entre la desigualdad y el delito.

Para mostrar ello cabe comparar dos indicadores mundiales. Por un lado, uno de los números convencionales para comparar desigualdad entre países con el índice de Gini, que indica con un número entre 0 –absoluta equidad en la distribución de la riqueza- y 100 –absoluta concentración de la riqueza-. Por el otro lado tomo el estudio de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito sobre la tasa de homicidios intencionales (homicidios intencionales/100.000 personas -THI).

La imagen de la comparación es inequívoca. América Latina, con claridad, y África son simultáneamente los continentes a la vez más violentos y más desiguales. Hay que recorrer 37 puestos en el ranking de THI para encontrar un país de otra región: Irak, en el Asia menor. Igualmente hay que recorrer 47 lugares en el ranking de Gini para encontrar un país no africano o latinoamericano. En el otro extremo de la lista inequívocamente se encuentran países de Europa, Norte América y algunos del sudeste asiático. La desigualdad y la violencia son fenómenos a la vez que concurrentes, también son claramente parte de una cartografía.

Podría objetarse que no necesariamente los países más violentos son los más desiguales dentro de una región, pero los datos por países aclaran aquello. Entre los diez países más desiguales, cinco son parte de los diez con THI más alto. Sudáfrica por ejemplo era en 2014 el país más desigual del mundo (Gini 63.00) y tenía 36 homicidios intencionales por cada 100.000 personas. En América Latina Brasil es el noveno más desigual del mundo (Gini 53.30) y el decimonoveno más violento (THI 20.89). Colombia, por dar otro ejemplo, alcanza una tasa de homicidios de 31.4 y su índice de Gini es de 49.70. Del otro lado del espectro encontramos a Dinamarca con un Gini de 28.20 y una THI de 1.2, los Países Bajos con Gini de 28.20 y THI de 0.8, Finlandia con Gini de 27.10 y THI de 1.2. Es decir, los países menos desiguales son también países menos violentos en líneas generales.

La relación entre desigualdad y violencia no es una relación determinística, hay una fuerza de asociación entre los dos fenómenos, pero no responde a un mecanismo férreo. Un país como Chile está entre los 25 más desiguales del mundo, pero su THI es del 4.3. Aun así la percepción de inseguridad en Chile es muy grande, lo que lleva a una movilización más estricta de fuerzas de seguridad. Igualmente hay que notar que mientras los países desiguales algunos tienen más homicidios que otros, entre los países más igualitarios, ninguno presenta números altos en su THI. Mientras la relación entre violencia y desigualdad seguramente demanda una comprensión más detallada de factores –presencia de fuerzas represivas, redes de solidaridad, etc.- la relación entre menor violencia e igualdad parece más diáfana: menor sensación de privación respecto del resto de conciudadanos.

Más igualdad no necesariamente va de la mano con mayor riqueza, pero si expresa la inexistencia de fortunas ofensivas a la vista de pobrezas lacerantes. No hay que descartar demasiado rápido que las sociedades que celebran la ostentación inducen una aspiración legítima por vías ilegítimas entre los miembros menos privilegiados de una sociedad. Una sociedad más igualitaria tiene el efecto de ajustar aspiraciones pecuniarias dentro de márgenes compartidos por una agregación de actores.

 Cuando se plantea una política que se fije solamente en las cuestiones de seguridad dejando de lado la cuestión de la desigualdad, estamos frente a una posición que ha desvinculado el orden de las cosas en el mundo. Como si no hubiera relaciones de influencia y efecto entre dos dimensiones que son solidarias entre sí. Hay que precautelar de irse con la finta que procura naturalizar la pobreza al tiempo que pide armar cuerpos de seguridad para perseguir a los desposeídos.   

Estamos a puertas de la modificación de la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, debido a que a las mujeres se nos hace casi imposible acceder a la Justicia luego de ser víctimas de violencia, feminicidios, violaciones. En Bolivia, de 113 feminicidios cometidos el 2020, 12 tienen sentencia.

Una mujer que sufre violencias y supera el miedo a las sistemáticas agresiones, acude a la Fiscalía para sentar la denuncia, pero corre el riesgo de sufrir otro tipo de violencia, esta vez de parte del sistema judicial. Eso, además de otras consecuencias como volver a vivir con el agresor, enfrentar sola el proceso judicial largo, ser víctima de la insensibilidad de los funcionarios, o de la pesada burocracia y de los altos costos económicos. En paralelo, las mujeres deben ocuparse del cuidado de sus hijos y de generar ingresos por lo que miles de casos son abandonados, sin conseguir justicia.

El calvario vivido por Graciela Rivera tras el feminicidio de su hija Carla Méndez, de 14 años, ocurrido en Bermejo, Tarija, es una muestra de esta doble violencia. El proceso fue iniciado en febrero de 2020, con ocho meses de investigaciones y casi tres meses de juicio oral, concluyendo con la sentencia el 27 de enero de 2021, es decir, casi un año después.

La Policía encontró el cuerpo sin vida de Carla después de cinco días de su asesinato. Uno de los autores, Limber Erlan Valencia, de 25 años, de inmediato fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero se dio detención preventiva a dos menores en el Centro OASIS de Tarija, hasta que se realicen las investigaciones, el juicio y la sentencia.

El proceso de investigación fue hermético, el abogado de la familia no tenía acceso a la documentación y le indicaban que todo se retrasaba por la cuarentena rígida por la pandemia. Este proceso judicial tortuoso para encontrar justicia estuvo plagado de suspensiones, debido a que las pruebas genéticas, informáticas, biológicas, fueron enviadas al IDIF de La Paz y Cochabamba, ya que el Fiscal no había enviado esas diligencias durante la investigación. Y por si fuera poco, también se produjo la suspensión del Juez para que cumpla con una sanción por faltas cometidas en otras funciones.

Frente a esta cantidad de trabas y negligencias, la larga ruta judicial recorrida por Graciela fue acompañada por la indignación y la vigilancia de la ciudadanía de Bermejo y Bolivia, desarrollándose las siguientes acciones:

1. Marchas de compañeros de escuela de Carlita y la población en general durante el secuestro y asesinato de Carla
2. Plantones y notas en Tarija en el Órgano Judicial, para evitar que los menores cumplan su detención preventiva en sus domicilios, por la tardanza de la Fiscalía y la Policía en las investigaciones, las Ivaginarias y Comadres Paicheñas.
3. Conferencias de prensa al inicio del juicio y cuando fue suspendido el juez, en Bermejo y Tarija
4. Vigilia la noche antes de iniciar el juicio
5. El juicio oral se inició el 18 de noviembre de 2020, día que iniciamos el plantón frente al juzgado junto al colectivo feminista Cuñas Ruidosas de Bermejo y Mochas Copleras. También hubo vigilancia en la plaza Luis de Fuentes de Tarija en las noches, a cargo de las Comadres Paicheñas, cuya vigilancia continuó hasta que concluyó el juicio, organizándose por turnos y grupos de mujeres, según los tiempos de sus activistas.
6. Cobertura diaria de la prensa de Bermejo, a través de entrevistas a las activistas y abogados, lo que permitía mantener informada a la población.
7. Información diaria del avance y las permanentes suspensiones del juicio en la Página de Facebook de las Comadres Paicheñas, Cuñas Ruidosas y Mochas Copleras.
8. Articulación con Colectivos Feministas de Toda Bolivia, para que la presión social sea nacional.
9. La Comunidad de Paicho, donde nació y fue enterrada Carla, subía fotos y videosexigiendo justicia, como así también paisanos y familia que vive en la Argentina.
10. Elaboración de artes, mensajes y distribución a la prensa, amistades y activistas, en Bermejo y toda Bolivia.
11. Ante la suspensión del Juez, realizamos plantones diarios exigiendo la suspensión de la sanción al Juez hasta que concluya el juicio en las puertas del Consejo de la Judicatura, subiendo a las redes, todos los días, fotos y videos, y siendo entrevistadas por la Radio Fides y canales de TV.
12. Entrega de notas y reunión con la Presidenta del Consejo de la Judicatura de Tarija para solicitarle que se reinicie el juicio, y que restituyan al juez, o designen un nuevo Juez. Asimismo estas notas de los abogados de la Víctima y de colectivos feministas de Bermejo y Tarija, como la Red Contra la Violencia, y otros, fueron presentadas en Sucre por el Colectivo La Juanas.
13. Debido al absurdo de que el sistema judicial no contaba con el lector de blu-ray para leer los informes IDIF, la familia, las activistas, abogados y prensa buscamos por las redes el dispositivo y encontramos a un costo de Bs 270 por día. Este aparato se utilizó durante 3 días y además Graciela tuvo que pagar a la persona que maneja el blu-ray, ya que nadie del Juzgado podía manejarlo. Para solventar este gasto inaccesible para la madre de la víctima, se hizo una colecta para apoyar el pago del blu-ray.

Las acciones desplegadas rindieron frutos un año después. Los abogados de la defensa renunciaron, lo propio hizo el fiscal el mismo día que en que el juez debía dictar sentencia. Finalmente, el Juez dictó la sentencia de la Pena Máxima de 6 años de privación de libertad de los dos menores, el 27 de enero de 2021.

Le podemos decir a la población que la Justicia ejerció una violencia sistemática hacia Graciela, pero, la vigilancia permanente y en alianza fue efectiva.

Pese al largo camino recorrido, Graciela pudo obtener justicia, pero no todas tienen el acompañamiento que ella tuvo, por eso es urgente que el presidente Luis Arce convoque a un Diálogo Nacional para consensuar las reformas a la Ley 348, antes del 8 de marzo, Día Internacional de Mujeres. Basta ya de la doble violencia que sufren las mujeres, la de sus verdugos y la del sistema de justicia.

El vocero presidencial Jorge Richter informó este viernes que la próxima semana llegarán las vacunas chinas Sinopharm y con ellas se dará inicio a la inmunización masiva de los grupos vulnerables de la población contra el COVID-19.

“La próxima semana tenemos la llegada de las vacunas del laboratorio Sinopharm y con ellas vamos a dar inicio a la vacunación masiva en el país”, dijo, en una entrevista con radio Panamericana.

El 11 de febrero de este año, el presidente Luis Arce anunció que Bolivia contará con 500 mil vacunas Sinopharm contra el COVID-19, como resultado de las buenas relaciones bilaterales con el Gobierno de China.

La autoridad estatal recordó que una parte de las dosis será usada para completar la inmunización del personal de salud que está en la primera línea de lucha contra el COVID-19.

“Así como se garantiza la salud de los sectores médicos, los sectores médicos tienen que garantizar la salud también de la población boliviana. Esa es una visión de país cuando se trabaja de forma conjunta, integrada, en forma sinérgica entre distintos sectores”, agregó.

El vocero presidencial dijo que la llegada de las vacunas forma parte de un plan integral de lucha contra el COVID-19 que cuenta con tres pilares: la coordinación entre distintas instancias gubernamentales, la realización de pruebas rápidas y la inmunización de la población.

Según datos oficiales, la vacuna Sinopharm fue probada en más de 20 países del mundo, contando con aprobación de manera ilimitada en tres países (China, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin), con pedidos de millones de dosis en Argentina, Brasil, Perú y otras naciones de la región.

Esas vacunas se suman a 15,2 millones de dosis que Bolivia gestionó con Rusia, el Mecanismo COVAX y el laboratorio Serum.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, informó este jueves que el ente matriz de los trabajadores destacó la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria y pidió la inmediata elaboración de su reglamentación.

“Hemos pedido de manera inmediata que también se pueda trabajar en la reglamentación que es muy importante”, manifestó Guarachi en una conferencia de prensa, luego de una reunión de emergencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, para la socialización de la norma.

La Ley de Emergencia Sanitaria fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial y tiene por objeto establecer medidas para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población, ante una emergencia de tipo sanitario en el país.

El titular de la COB manifestó que se pidió a las autoridades del Ministerio de Salud que el ente matriz de los trabajadores participe en la reglamentación de la norma de emergencia sanitaria.

“Si bien no somos profesionales en salud, pero tenemos trabajadores en el sistema pública, tenemos trabajadores dentro de la seguridad social y que conocen el tema de salud”, aseveró.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó, por su lado, que esa entidad legislativa trabajará desde esta jornada en la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque la COB pidió que se reduzca el plazo de 30 días vigente para la realización de esa tarea.

“Por lo tanto, la tarea nuestra es inmediatamente reunirnos con el ministro de Salud, Jeyson Auza, porque él es la cabeza de esta organización importante”, aseveró.

La autoridad legislativa indicó, por último, que se reunirá con la comisión de los trabajadores que participará en la reglamentación e invitará a ser parte del proceso a los dirigentes de los médicos del país.

“A todos los que tenemos que ver con temas de salud, todos los que tenemos y estamos preocupados para enfrentar esta pandemia (por el COVID-19) serán bienvenidos”, concluyó.